Protege a fiscales y defensores públicos, sancionando con mayor rigor a quienes agredan, ataquen o amenacen a estos funcionarios.
La normativa sigue la línea de otras leyes que también han incrementado las penas contra quienes ataquen a gendarmes o a policías.
La ley introduce un párrafo en el Código Penal que tipifica y sanciona estos delitos. Las disposiciones castigan al que mate a estos funcionarios, en razón del ejercicio de sus funciones, con la pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años y un día a 20 años), a presidio perpetuo calificado (40 años).
Herir, golpear o maltratar de obra a fiscales y defensores se castiga con diversas penas dependiendo del grado de afectación, en tanto que las amenazas se sancionan con el máximo de la pena que establece el Código Penal para este tipo de delito contra las personas y la propiedad.