CREA CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA PREVISIONAL

    Núm. 336.- Santiago, 17 de marzo de 2006.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1º inciso cuarto, 19 Nºs 18 y 24, 32 Nº 6 y 33 de la Constitución Política de la República de Chile.

    Considerando:

    1. Que, es un compromiso del Gobierno establecer un sistema de protección social donde uno de sus componentes elementales es la protección de los ingresos en los años de vejez.
    2. Que, hoy después de 25 años de la instalación del sistema de pensiones chileno de capitalización individual, materializada en la dictación del decreto ley Nº 3.500, de 1980, es posible realizar una evaluación más informada de los logros y carencias del sistema previsional chileno.
    3. Que, dada la gradual maduración del sistema de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, es posible y necesario adoptar hoy los ajustes pertinentes para prevenir las carencias que puedan afectar a la actual generación de trabajadores chilenos al momento de su jubilación.
    4. Que, se debe velar por la implementación de una reforma al sistema de pensiones compatible con la sustentabilidad financiera que respete los principios de responsabilidad que guían la política fiscal chilena.
    5. Que, el funcionamiento del sistema de pensiones es un tema que afecta a la gran mayoría de la población, por lo cual existen múltiples organizaciones, instituciones y especialistas que expresan esas preocupaciones y cuentan con propuestas para resolverlas.
    6. Que, es política del actual gobierno escuchar a la ciudadanía y contar con la mejor asesoría técnica en el proceso de formulación de la política pública.

    Decreto:

    Artículo primero: Créase un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, en adelante también "el Consejo", el que tendrá por objeto elaborar propuestas para reformar el sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980. Dichas propuestas estarán orientadas a resolver los principales problemas del sistema vigente e identificar otras medidas complementarias a la luz de los mandatos constitucionales sobre la materia, las necesidades de la ciudadanía y los desafíos que enfrenta el sistema como consecuencia del desarrollo económico y social del país.
    Para efecto de dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, el referido Consejo deberá escuchar a los actores relacionados con el sistema de pensiones, a los expertos nacionales e internacionales y a la ciudadanía, recibiendo los antecedentes, testimonios y propuestas que ellos puedan aportar.

    Artículo segundo: Las funciones y atribuciones del Consejo serán especialmente las siguientes:

a)  Realizar un diagnóstico sobre los méritos, limitaciones y desafíos del sistema previsional chileno a través del estudio y análisis de los resultados observados y proyectados del sistema de pensiones.
b)  Requerir a los organismos públicos la información y los estudios que considere necesarios para cumplir el mandato encomendado.
c)  Solicitar a los organismos competentes, la realización de estudios que permitan conocer la opinión ciudadana sobre materias relacionadas con la previsión social.
d)  Invitar a audiencias a organizaciones sociales y representantes del mundo laboral, empresarial y de las industrias de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Compañías de Seguros, expertos nacionales e internacionales en la materia.
e)  Recomendar las medidas que estime pertinentes, orientadas a cumplir el mandato encomendado que entreguen una solución a los problemas por este Consejo detecte entre los cuales se debe incluir al menos medidas para aumentar la densidad de cotización de los afiliados; aumentar la incorporación de los trabajadores independientes al sistema previsional; eliminar discriminaciones contra las mujeres y los trabajadores de menores ingresos, y elevar el rendimiento de las cotizaciones efectuadas por los trabajadores.
f)  Asegurar que las recomendaciones que el Consejo formule cumplan con la sustentabilidad financiera en que se enmarca la política fiscal chilena.

    Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo podrá asumir aquellas funciones y atribuciones pertinentes al cumplimiento de su objeto.

      Artículo tercero: El Consejo deberá elaborar un informe final que contenga las propuestas de reforma al sistema de pensiones, a más tardar el 30 de junio de 2006, el que será entregado a la Presidenta de la República para su estudio y análisis. La entrega de dicho informe finaliza el funcionamiento del Consejo.
    Asimismo, deberá entregar a la Presidenta de la República un informe de estado de avance a más tardar el 30 de abril de 2006 que resuma los testimonios de especialistas y actores sociales participantes de las audiencias realizadas, así como también identifique los temas que en definitiva serán abordados en el análisis y propuestas del Consejo.

    Artículo cuarto: El Consejo estará integrado por las siguientes personas:

a.  Mario Marcel Cullell, quien ejercerá como Presidente del Consejo
b.  Harald Beyer Burgos
c.  David Bravo Urrutia
d.  Axel Christensen De la Cerda
e.  Regina Clark Medina
f.  Alvaro Clarke De la Cerda
g.  Rossanna Costa Costa
h.  Martín Costabal Llona
i.  Margarita María Errázuriz Ossa
j.  Alejandro Ferreiro Yazigi
k.  Augusto Iglesias Palau
l.  Alejandra Mizala Salces
m.  Andrea Repetto Lisboa
n.  Jaime Ruiz-Tagle Portales
o.  Andras Uthoff Botka

    Las personas antes designadas no podrán ser reemplazadas en caso de ausencia o impedimento en el ejercicio de sus funciones, salvo expresa designación por medio de la dictación del decreto supremo respectivo.

      Artículo quinto: El Consejo tendrá una Secretaría Ejecutiva responsable del cumplimiento de la agenda de trabajo del mismo y que actuará como vínculo con los organismos públicos relacionados con el tema.
Artículo sexto: Al Presidente del Consejo le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

1.  Fijar, dirigir y determinar las políticas de trabajo del Consejo,
2.  Comunicar e informar a la Presidenta de la República sobre el estado de avance del trabajo del Consejo, y
3.  Dar cuenta a la Presidenta de la República sobre el desarrollo de las actividades realizadas por el Consejo.


    Artículo séptimo: El Consejo estará facultado para darse las normas complementarias de funcionamiento que permitan una mejor gestión en el cumplimiento de las funciones que se le encomiendan.


    Artículo octavo: Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones ad-honorem.

    Artículo noveno: Podrán asistir a las sesiones del Consejo, además de los integrantes del Consejo y quienes ellos soliciten, representantes de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la Dirección de Presupuestos y del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a objeto de responder las consultas técnicas que surjan en el curso del trabajo del Consejo. La Subsecretaría del Trabajo proporcionará el apoyo administrativo necesario para el funcionamiento del Consejo y de su Secretaría Ejecutiva.


    Artículo décimo: Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar toda la colaboración que el Consejo les solicite.
    Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsón Social.
    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de Hacienda.