CREA COMISION ASESORA PRESIDENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA PUBLICA

    Santiago, 16 de enero de 2003.- Hoy se decretó lo que sigue:

    Núm. 77.- Considerando:

    Que, ha sido una permanente preocupación e inquietud del Supremo Gobierno fortalecer e impulsar un comportamiento ético y transparente en todos los sectores y actividades de la vida nacional tanto público como privado;
    Que, en el cumplimiento de la finalidad descrita, y teniendo presente la necesidad de perfeccionar y profesionalizar la función pública, con fecha 14 de diciembre de 1999 fue publicada en el Diario Oficial la ley 19.653 que en el marco de una serie de disposiciones agrega un Título III sobre probidad administrativa a la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual introduce nuevos conceptos que deben guiar a la administración pública, tales como responsabilidad, eficiencia, eficacia, control, transparencia y publicidad de los actos administrativos, entre otros;
    Que, la ley 19.653 mencionada define a la probidad administrativa indicando que implica observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, consagrándose, asimismo, el principio de transparencia de la función pública, de manera de permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella;
    Que, el fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia descritos tienen una importancia fundamental para el recto funcionamiento de los poderes y órganos del Estado, para la concreción y mantención del Estado de Derecho y para la correcta vinculación entre el sector público y privado y de la ciudadanía en general;
    Que, la necesidad de modernizar la gestión pública y orientar el desarrollo de sus funciones para el cumplimiento de sus objetivos, mejorando la eficiencia, la productividad y la calidad de las prestaciones que otorgan los servicios públicos, hacen imprescindible estudiar y examinar la adecuación a la realidad nacional de los mecanismos jurídicos y extrajurídicos que buscan prevenir, fiscalizar y sancionar el fenómeno de la corrupción;
    Que, teniendo presente la reciente entrega a S.E. el Presidente de la República de la propuesta temática efectuada por el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional y considerando la opinión de diversas organizaciones, instituciones, personas y autoridades sobre la materia, y
    Visto: Lo dispuesto en los artículos 1º inciso 4º, 24 y 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República de Chile y lo prevenido en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 13 de diciembre de 2000, publicado en el D.O. de 17 de noviembre de 2001,

    D e c r e t o:





    Artículo primero: Créase una Comisión que asesorará al Presidente de la República en la elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, contribuyendo a perfeccionar la democracia, refuercen y fortalezcan los principios de probidad y transparencia pública y permitan actuar eficazmente en materias de control y prevención del fenómeno de la corrupción, denominada "Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia pública".
    Corresponderá, asimismo, a la referida Comisión convocar a los diversos agentes públicos y privados que intervengan en la materialización de los proyectos propuestos para la ejecución de las políticas que se diseñen en los ámbitos indicados.

    Artículo segundo: Los objetivos fundamentales de la Comisión indicada serán los siguientes:

a)  Estudiar de oficio o a petición del Presidente de la República la normativa nacional vigente proponiendo las modificaciones o adecuaciones que requiera la legislación aplicable en materia de probidad pública y privada, con pleno respeto de los derechos y garantías individuales y a la vida privada de las personas;
b)  Analizar las iniciativas legales que conoce actualmente el Congreso Nacional relativas a la probidad y transparencia y emitir opinión sobre las mismas con señalamiento de las modificaciones o indicaciones que dicho análisis sugiera;
c)  Estudiar, analizar y recomendar las medidas que estime pertinentes, orientadas a reducir los índices y tipo de corrupción que afectan al país, y
d)  Promover en los distintos sectores de la sociedad chilena iniciativas que fortalezcan la ética y la transparencia en el país.


    Artículo tercero: La Comisión deberá elaborar un informe anual público sobre las materias señaladas en el artículo anterior para su presentación al Presidente de la República, sin perjuicio de los informes, recomendaciones o indicaciones periódicas que formule la Comisión sobre las mismas materias.

    Artículo cuarto: La referida Comisión estará integrada por las siguientes personas:
a.  Luis Bates Hidalgo, quien la presidirá
b.  Angel Flisfich Fernández
c.  Francisco Fernández Fredes
d.  Alberto Arenas De Mesa
e.  Gonzalo Sánchez García Huidobro
f.  José Zalaquett Daher
g.  Angela Vivanco MartínezDTO 335, INTERIOR
Art. único
D.O. 09.05.2003
h.  Salvador Valdés Prieto
i.  Eugenio Guzmán Astete
j.  Francisco Javier Cox Irarrázaval
k.  Patricio Zapata Larraín
    Las personas antes designadas no podrán ser
reemplazadas en caso de ausencia o impedimento
en el ejercicio de sus funciones, salvo expresa
designación por medio de la dictación del Decreto
Supremo respectivo.

    Artículo quinto: La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva encargada de proporcionar el apoyo técnico y administrativo para el cumplimiento de las funciones encomendadas y las demás que la Comisión le encomiende dentro del ejercicio de las atribuciones indicadas en el Artículo segundo del presente decreto.
    Desígnase como Secretario Ejecutivo de la Comisión a don Rodrigo Medina Jara.

    Artículo sexto: Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones ad-honorem.

    Artículo séptimo: El Ministerio del Interior otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la Comisión.
    Artículo octavo: Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar toda la colaboración que la Comisión les solicite.

    Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.
    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Jorge Correa Sutil, Subsecretario del Interior.