APRUEBA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL DE CHILE EDICIÓN 2020
Núm. 4.- Santiago, 4 de diciembre de 2020.
Visto:
1. Lo dispuesto en el artículo 24, en el artículo 32, Nº 6, y en el artículo Nº 101 de la Constitución Política de la República.
2. La Ley Nº 20.424, de 2010 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional".
3. La Ley Nº 21.174, de 2019 que "Establece Nuevo Mecanismo de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional".
4. El decreto supremo Nº 1, de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional, que Aprueba el Cuarto Libro de la Defensa Nacional de la República de Chile Edición 2017, y deroga DS.(G) Nº 53, del 29 de enero de 2010.
5. La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que, la Política de Defensa Nacional debe explicitar la actitud y posición de nuestro país respecto a la seguridad global y regional, contribuyendo a la transparencia, confianzas y de nuevas posibilidades de cooperación en Defensa ante la comunidad internacional.
2. Que, la Política de Defensa Nacional debe orientar el empleo y desarrollo de capacidades para el sector Defensa.
3. Que, de acuerdo con el artículo Nº 97, de la Ley Nº 18.948, de 1990, la Política de Defensa Nacional, junto a otras políticas públicas, configuran la orientación superior para la elaboración de la planificación del desarrollo de la fuerza.
4. Que, la Política de Defensa como política pública cumple un rol de difusión y aporte de conocimientos que estimula la valoración de la Defensa y participación en materias del sector.
Decreto:
1. Apruébese la Política de Defensa Nacional, Edición de Chile 2020, que actualiza y complementa el Libro de la Defensa Nacional de la República de Chile Edición 2017, cuyo texto íntegro es el siguiente:
POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL DE CHILE 2020
"Autorizada su circulación por resolución Nº 109 del 16 de diciembre 2020 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. La edición y la circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo con el Art. 2º, letra g) del DFL Nº 83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores".
TEMARIO
I. INTRODUCCIÓN.
A. Presentación
B. Desarrollo, Seguridad y Defensa
C. Principios de la Defensa de Chile
II. ENTORNO PARA LA DEFENSA DE CHILE.
A. Territorio de Chile.
1. Chile en el continente americano
2. Chile en el Pacífico
3. Chile en la Antártica
4. Chile en el espacio aéreo y ultraterrestre
B. Entorno de Seguridad y Defensa
1. América
2. Región Indo-Pacífico
3. Europa y otras regiones de interés para la Defensa
4. Conflictos y amenazas a nivel global
a. Naturaleza híbrida de las potenciales amenazas
b. Crimen Organizado Transnacional
c. Seguridad en el Ciberespacio
d. Seguridad en el espacio ultraterrestre
e. Medioambiente y Cambio Climático
f. Amenazas de origen Biológico, Químico y Radiológico
g. Tecnologías disruptivas
III. ESTRATEGIA DE LA DEFENSA.
A. Introducción.
B. Objetivos y Áreas de Misión de la Defensa.
1. Objetivos
a. En seguridad externa
b. En seguridad interna y desarrollo
2. Áreas de Misión
a. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
b. Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
c. Seguridad e Intereses Territoriales.
d. Emergencia Nacional y Protección Civil.
e. Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado.
C. Concepto estratégico de empleo de la Defensa (C.E.).
1. C.E en Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
2. C.E en Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
3. C.E en Seguridad e Intereses Territoriales.
a. Soberanía efectiva sobre el territorio
b. Seguridad e intereses marítimos
c. Seguridad en el ámbito aeroespacial nacional
d. Estados de Excepción Constitucional y Votaciones Populares
e. Intereses territoriales en la Antártica
4. C.E en Emergencia Nacional y Protección Civil.
5. C.E en Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado.
D. Capacidades Estratégicas.
1. Introducción.
2. Áreas Generales de Capacidades Estratégicas
a. Superioridad Operacional
b. Protección
c. Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)
d. Mando y Control Integrado
e. Movilidad y Proyección
f. Sostenibilidad
g. Despliegue Territorial
3. Orientaciones para el Desarrollo de Capacidades Estratégicas.
a. Consideraciones generales
b. Personal y Entrenamiento
c. Desarrollo de la Fuerza
d. Efectividad
e. Polivalencia, polifuncionalidad y adaptabilidad
f. Visión conjunta e integral superior
g. Tecnología e Industria de Defensa
h. Capacidades espaciales de la Defensa
i. Capacidad para generar Inteligencia
j. Capacidades de Ciberdefensa
k. Capacidad para enfrentar amenazas híbridas
IV. CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL, AVANCES Y DESAFÍOS
A. Introducción.
B. Conducción política de la Defensa como Instrumento Militar
C. Conducción política Institucional
D. Conocimiento y valoración de la Defensa Nacional
I. INTRODUCCIÓN.
A. Presentación.
B. Desarrollo, Seguridad y Defensa.
C. Principios de la Defensa de Chile.
I. INTRODUCCIÓN
A. Presentación
Chile es un país que aspira a vivir y desarrollarse en paz, en un entorno seguro y estable, con independencia política, respetando y cooperando con todos los países, cuidando y ejerciendo soberanía sobre su territorio.
Para contribuir a este objetivo superior, la Política de Defensa Nacional, en forma coordinada y coherente con la Política Exterior, la Política de Seguridad y las restantes políticas sectoriales, constituye una herramienta de conducción política por parte del Jefe de Estado. Asimismo, una Política explícita contribuye a generar un mejor entendimiento y a lograr las confianzas necesarias a nivel internacional y a nivel interno.
Así lo han comprendido sucesivos gobiernos en las últimas décadas, los cuales han publicado o fundamentado esta Política, desde el año 1997, considerándola como una parte de Libros de la Defensa o Estrategias de Seguridad y Defensa, siendo la última versión el Libro de la Defensa Nacional del año 2017. Siguiendo esta evolución, el Gobierno ha decidido continuar avanzando, esta vez, a través de un documento dedicado de Política de Defensa.
Este documento recoge y desarrolla los aportes y consensos transversales logrados en las últimas décadas en nuestro país respecto a los principios, objetivos y Áreas de Misión de la Defensa, define la postura frente a nuevos escenarios de seguridad, desarrolla una estrategia de la Defensa, con Conceptos de empleo de Capacidades estratégicas que permiten cumplir con los objetivos y áreas de misión definidas. Los desafíos que se derivan de esta estrategia permiten, a su vez, orientar el desarrollo de las capacidades estratégicas que requiere el país.
En ese sentido, la Política de Defensa 2020 reafirma y actualiza los fundamentos expresados en anteriores Libros de la Defensa, como también avanza en conceptos y orientaciones necesarias para la conducción política de la Defensa. Ello se hace más necesario hoy, en un entorno que exige transparencia y apoyo ciudadano a la función Defensa, en particular en tiempos en que el mundo y nuestro país se encuentran enfrentando los efectos de una grave pandemia y crisis social y económica.
La Defensa Nacional es una función de Estado y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) constituyen su eje fundamental, por lo que se debe velar permanentemente por su fortalecimiento institucional y modernización de sus capacidades para cumplir con las exigencias que demandan las diferentes Áreas de Misión que el país les ha encomendado. Ello incluye de manera primordial la captación, formación y entrenamiento de personas profesionalmente competentes y comprometidas con el servicio a Chile y a sus compatriotas.
Además de su rol de defensa de la soberanía, integridad territorial e independencia política del Estado, nuestras FF.AA. cumplen importantes misiones en tiempos de paz, en labores de seguridad, presencia y protección de intereses en nuestro territorio y en contribución a la respuesta ante emergencias y catástrofes naturales. Ellas despliegan una capacidad operativa y logística que ha permitido colaborar en forma eficaz y oportuna a las autoridades civiles en aquellos momentos en los cuales nuestros conciudadanos más lo han necesitado. Prueba de ello ha sido el reciente despliegue de miles de hombres y mujeres cumpliendo sin descanso ni pausa distintas funciones en apoyo a nuestros conciudadanos durante la emergencia sanitaria global por COVID 19.
Por otra parte, en un mundo cada vez más interdependiente, globalizado y complejo, la Defensa Nacional cumple un rol relevante de apoyo a la Política Exterior por medio de su participación en operaciones de cooperación internacional, ayuda humanitaria y ejercicios multinacionales, entre otros. Asimismo, la naturaleza transnacional de las actuales amenazas requiere respuestas sinérgicas y mayor grado de coordinación entre los organismos involucrados, dentro de los cuales la Defensa colabora con sus capacidades polivalentes.
Es destacable, además, el rol que las FF.AA. han cumplido y siguen desarrollando en el mejoramiento de las condiciones de vida e integración de zonas aisladas o en las que la presencia de otros organismos del Estado es mínima debido a sus particulares condiciones geográficas. A esto se suma el reconocido aporte de las instituciones de la Defensa al desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y cultural de nuestro país.
Para cumplir con las misiones de la Defensa ante diferentes escenarios posibles, se hace necesario invertir en mantener y desarrollar capacidades estratégicas, las cuales representan un activo relevante y vital para la seguridad y defensa de los chilenos. La postura del país respecto al desarrollo de estas capacidades es la búsqueda de la polivalencia para desarrollar tareas en otras Áreas de Misión, en el sentido de otorgar un valor más amplio a la inversión principal en aquellos medios que son destinados a la seguridad exterior del país y a la disuasión.
De esta manera, dichos medios pueden ser empleados eficaz y eficientemente en tareas de apoyo a la comunidad, emergencias, seguridad o intereses territoriales, y tantas otras que requiera la autoridad política, entendiendo que la Defensa es parte integral de los órganos de administración del Estado que deben actuar coordinadamente en función de las necesidades de Chile. Esa polivalencia de los medios materiales debe también ir acompañada de la polifuncionalidad de las personas que los operan y de la adaptabilidad de los sistemas y estructuras de Mando y Control que los dirigen, lo que representa un desafío integral para la Defensa en general y las FF.AA. en particular.
La presente Política de Defensa 2020 cumple con tres objetivos principales: un carácter directivo hacia el sector Defensa, respecto a la Estrategia de la Defensa y su efecto en el desarrollo de capacidades estratégicas y en la conducción política del sector, incluyendo orientaciones para la Política Militar; una función declarativa hacia la comunidad internacional respecto a la actitud y postura de nuestro país en relación a la seguridad global y regional, incluyendo la contribución de la Defensa Nacional; y, un objetivo informativo hacia la comunidad nacional respecto al rol de la Defensa en contribución a la seguridad externa como también a la seguridad interna y desarrollo del país. Esto último representa una condición necesaria para la adopción de adecuadas decisiones de política pública destinadas al bien común de nuestra sociedad.
La actualización y presentación de esta Política de Defensa como un documento dedicado, con visión de futuro, constituye un avance destinado a mejorar la gobernanza y la capacidad de conducción superior de la Defensa Nacional, en virtud de las responsabilidades que la Ley 20.424 le confiere al Ministerio de Defensa Nacional y que, sin duda, constituirá además una herramienta de difusión importante a nivel nacional e internacional.
B. Desarrollo, Seguridad y Defensa
Chile es un país libre y soberano, con una historia republicana de más de doscientos años, que aspira a lograr un desarrollo integral de todos sus habitantes, en un marco de libertad, progreso, justicia y solidaridad.
Una condición fundamental para lograr este desarrollo integral es mantener una paz estable, en un entorno de seguridad que permita a los chilenos desarrollar libremente sus proyectos de vida, con certeza respecto a las normas de convivencia democrática, el orden y el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, este entorno de seguridad promueve e incentiva la inversión y la confianza en nuestro país por parte de la comunidad global, facilitando nuestra integración al mundo e impulsando nuestro desarrollo y bienestar como sociedad.
La seguridad nacional constituye una condición alcanzable, que requiere minimizar riesgos y disuadir o neutralizar amenazas. Desde la perspectiva de la función pública, su responsabilidad reside en el Jefe de Estado, y comprende tanto ámbitos de seguridad externa como de seguridad interna, cuyos límites contemporáneos resultan cada vez más difusos(1).
La condición de seguridad externa se expresa en la independencia política del país para tomar sus propias decisiones, libres de coerción o influencia indebida basada en el uso o amenaza de empleo de la fuerza u otros medios, por parte de otros actores internacionales. También se expresa en la protección de nuestra integridad territorial, de nuestra población y de nuestros intereses y recursos, donde sea que estos se encuentren.
Si bien Chile se encuentra situado geográficamente ente en la periferia de los conflictos globales, no estamos exentos que sus consecuencias puedan afectar al país. Nuestra Política Exterior al respecto señala que "la paz y seguridad internacional no se alcanzan mediante la pura ausencia del conflicto armado, sino con una acción colectiva basada en un enfoque preventivo". Asimismo, esta política establece que "mientras Chile persista en un modelo de desarrollo abierto y basado en el comercio exterior, su éxito continuará requiriendo de condiciones de seguridad global propicias al libre flujo de personas, bienes y servicios"(2).
Es por ello que nuestro país adhiere al compromiso con la paz y seguridad global, propiciando la estabilidad en diversas regiones del mundo, para contribuir a la protección de las personas(3), la libertad y seguridad de interconexión global en las dimensiones aérea, marítima y ciberespacial, además de la protección de los recursos naturales y preservación del medio ambiente para un desarrollo sustentable, entre otros intereses comunes.
Nuestra contribución primaria a este interés compartido por la comunidad internacional es el mantenimiento de un entorno de seguridad en nuestros territorios soberanos y en las áreas marítimas y espacios aéreos en que Chile tiene jurisdicción y responsabilidades. Adicionalmente, nuestro país se integra al esfuerzo cooperativo y multilateral para garantizar la estabilidad, paz y gobernanza, en especial en las regiones de América, la cuenca del Pacífico y en aquellas regiones del mundo donde, directa o indirectamente, se reflejan nuestros intereses, participando en forma proporcional a nuestras capacidades.
Para generar y mantener un entorno de seguridad, el Jefe de Estado articula diferentes instrumentos de poder e influencias estatales, tales como la diplomacia, la información, el poder militar, la economía y el instrumento de poder interno(4). El instrumento de poder militar es provisto por el sector Defensa mediante sus FF.AA.
Las FF.AA. de Chile existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la seguridad nacional(5). Ellas son insustituibles como instrumento de poder militar del Estado para la seguridad externa y, en cumplimiento de la Constitución y las leyes, deben contribuir en casos calificados a la seguridad interna. Asimismo, como parte del Estado, deben aportar en forma coordinada al desarrollo del país, junto a otros órganos de la administración del Estado.
En efecto, la legislación nacional y la condición de órganos de administración del Estado les han otorgado a nuestras FF.AA. roles en aspectos esenciales de seguridad y protección de intereses en nuestro territorio, tales como el apoyo a nuestros conciudadanos en situaciones de emergencias y catástrofes, el orden público en Estados de Excepción Constitucional y en procesos eleccionarios, el apoyo social e integración de las comunidades en zonas aisladas continentales e insulares, la contribución a la preservación de nuestra identidad común, al desarrollo científico tecnológico nacional, y la conectividad e integración de todos los espacios continentales e insulares.
Estos roles exigen una acción coordinada entre las Instituciones de la Defensa con otras organizaciones del Estado a fin de propender al bien común de la sociedad, en forma integrada y cooperativa. En algunos casos, la Defensa actúa en posición de responsable, mientras en otras situaciones su labor es en posición de apoyo o colaboración, siendo esencial e insustituible cuando se trata de la defensa de la soberanía e integridad territorial.
La Defensa es un bien público, en un entorno cambiante de riesgos, oportunidades y amenazas. Ello exige una participación y compromiso de autoridades y ciudadanos con una mirada transversal y de largo plazo que permita dar sustentabilidad y certezas, integrando coherentemente la inversión en seguridad y defensa junto al resto de los esfuerzos destinados al desarrollo y bienestar de sus habitantes.
C. Principios de la Defensa de Chile.
Es deber y voluntad del Estado de Chile proteger a su población y sus derechos fundamentales, defender su soberanía nacional, su integridad territorial, su independencia política y sus intereses nacionales.
Chile no posee propósitos agresivos contra ninguna nación ni tiene reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal, sino que aspira a lograr un desarrollo armónico y en paz junto a toda la comunidad internacional.
El Estado de Chile reconoce y respeta los tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. Como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, adhiere al compromiso de arreglo de sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacional, ni la justicia; y se abstendrá de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas(6). La Política de Defensa es complementaria y se materializa en forma coordinada con la Política Exterior y las restantes políticas públicas relacionadas con la seguridad interna y el desarrollo del país.
El Estado de Chile tiene el derecho inmanente y la responsabilidad de emplear todas sus capacidades, incluyendo su capacidad militar si fuese necesario, para la defensa del país y el resguardo de los intereses nacionales frente a amenazas externas. En tales circunstancias, Chile ejercerá el derecho a la legítima defensa en conformidad con lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas (Art. 51) y con arreglo a las normas del Derecho Internacional.
El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para contribuir al logro y defensa de los intereses y objetivos del país, asignando los recursos adecuados para el sector Defensa, considerando las restricciones derivadas de otras prioridades y necesidades del conjunto del Estado.
El Estado de Chile debe fomentar el compromiso ciudadano con la Defensa Nacional, contemplando, entre otros objetivos, las previsiones necesarias para la prestación del Servicio Militar, la satisfacción de las necesidades de la movilización nacional y aquellas derivadas del mantenimiento de las capacidades y aptitudes de la Reserva.
Para el Estado de Chile, su situación y características geográficas particulares son una referencia importante en la formulación de la Política de Defensa.
El sector de la Defensa incluye a las FF.AA. como instituciones que existen para la defensa de la Patria, esenciales para la seguridad nacional, las que, además de su rol insustituible y principal en el ámbito de la seguridad externa, poseen roles y funciones propias y también de apoyo, que se relacionan con aspectos de la seguridad interna y la contribución al desarrollo del país(7).
II. ENTORNO PARA LA DEFENSA DE CHILE.
A. Territorio de Chile.
1. Chile en el continente americano
2. Chile en el Pacífico
3. Chile en la Antártica
4. Chile en el espacio aéreo y ultraterrestre
B. Entorno de Seguridad y Defensa
1. América
2. Región Indo-Pacífico
3. Europa y otras regiones de interés para la Defensa
4. Conflictos y amenazas a nivel global
a. Naturaleza híbrida de las potenciales amenazas
b. Crimen Organizado Transnacional
c. Seguridad en el Ciberespacio
d. Seguridad en el espacio ultraterrestre
e. Medioambiente y Cambio Climático
f. Amenazas de origen Biológico, Químico y Radiológico
g. Tecnologías disruptivas
II. ENTORNO PARA LA DEFENSA DE CHILE
A. Territorio de Chile
Mapa Nº 1. Chile Tricontinental. (Incluye representación gráfica aproximada de áreas marítimas de Zona Económica Exclusiva de Chile. No grafica derechos sobre Plataforma Continental y Plataforma Continental extendida).
Fuente: Base Instituto Geográfico Militar, adaptada por Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL).
El carácter de Chile tricontinental está conformado por su inserción geográfica dentro del continente americano, sus derechos soberanos sobre el territorio Chileno Antártico y su proyección hacia Oceanía, dada por su posición en el Pacífico Sudoriental y sus territorios insulares en el Océano Pacífico(8).
De manera análoga, sus espacios aéreos soberanos y bajo control nacional, sumado a su pleno acceso al espacio ultraterrestre, definen la condición de carácter tridimensional del Estado de Chile.
Las características de cada uno de estos aspectos, así como su significado para la Defensa, serán señaladas en los puntos siguientes.
1. Chile en el continente americano
La mayor concentración poblacional y las principales actividades humanas y económicas del país se realizan en nuestro territorio soberano dentro del continente americano. Este territorio continental incluye sus áreas marítimas y espacios aéreos soberanos, así como sus derechos de Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental y Plataforma Continental Extendida(9).
Una característica distintiva de nuestro territorio en Sudamérica es que posee una de las mayores longitudes del mundo, extendiéndose por más de 39 grados de latitud en dirección norte-sur y con un promedio de 177 km de ancho entre la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico. Esta característica nos brinda una de las costas más largas del mundo (aproximadamente 4.200 km), además de una variedad de climas con realidades diferentes en cuanto a su poblamiento y desarrollo.
En efecto, dentro de nuestro territorio sudamericano, se presentan diversas regiones con diferentes características geográficas y climáticas, tales como montaña(10), llanura, desierto, altiplano, estepa austral, bosque, selva húmeda fría, glaciares y hielos permanentes, todas ellas a corta distancia de una línea de costa en donde se generan archipiélagos, islas, fiordos, canales y bahías, con una extensión lineal de nuestro borde costero que suma aproximadamente 83.850 km.
Sobre nuestro territorio, se extiende el espacio aéreo nacional, que es un espacio donde Chile ejerce derechos de plena soberanía, y que resulta de la proyección de líneas imaginarias hacia la atmósfera desde los territorios terrestres y marítimos (mar territorial).
Mapa Nº 2: Representación topográfica de Chile en Sudamérica
Fuente: Servicio Aerofotogramétrico (SAF)
Nuestro país presenta extensas zonas con una baja densidad demográfica y escasa presencia del Estado, a lo que se agrega que las características geológicas y climatológicas lo exponen a permanentes riesgos de fenómenos naturales que originan situaciones de emergencia y catástrofes.
En la zona norte, existen grandes reservas de minerales, estratégicos para el desarrollo de nuestra economía, así como también un vasto potencial de generación de energías renovables, fundamentalmente solar y eólica. La zona central de Chile concentra más del 85% de la población, y representa el centro político y administrativo, con una alta actividad económica, fi minera de montaña, industrial, agrícola y portuaria.
En la zona sur y austral, Chile posee importantes reservas de agua dulce en sus montañas y glaciares, además de un territorio archipelágico con una geografía abrupta y gran cantidad de islas y fiordos, que generan una de las áreas de aguas interiores más extensas del mundo, aptas para un desarrollo económico asociado a la acuicultura y al turismo.
La región austral, en donde se asienta la Patagonia chilena, posee una de las condiciones más complejas de integrar por la inexistencia de una vía de comunicación que otorgue continuidad terrestre al territorio nacional, interrumpiéndose producto de la geografía. Este aspecto se ha ido mitigando por una parte gracias a la proyección de la Carretera Longitudinal Austral, a la combinación de medios terrestres, aérea y marítima en forma multimodal, y al aprovechamiento de aguas interiores protegidas de las inclemencias climáticas. Adicionalmente, nuestro territorio en el extremo sur del continente constituye una posición estratégica privilegiada para establecer centros de soporte en el continente para las actividades antárticas nacionales e internacionales, para otorgar conectividad marítima y aérea a la Antártica y para dar seguridad a los dos pasos marítimos naturales (el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake) que conectan los Océanos Atlántico y Pacífico.
La frontera terrestre con Perú se extiende por 168 km, con Bolivia, por 850 km y con Argentina por 4.400 km, todos aproximadamente. En la zona norte, sus características de "porosidad" (presencia de múltiples pasos fronterizos no oficiales y difíciles de controlar) generan desafíos desde el punto de vista de la seguridad, exigiendo un esfuerzo importante en aspectos de vigilancia y control.
En el resto del territorio, la frontera con Argentina está marcada por la Cordillera de Los Andes, con grandes alturas en la zona norte y central, generando pasos de difícil acceso, disminuyendo en la zona sur y austral, fragmentada y erosionada por los hielos. Cabe mencionar que en la zona cordillerana existen volcanes de actividad variable que pueden afectar severamente a la población.
En la zona de Magallanes, la frontera se caracteriza por planicies patagónicas al este de Los Andes, en forma de mesetas planas y extensas.
La conformación geográfica implica que gran parte del territorio se constituye como zona fronteriza, verificándose que las comunas fronterizas y parcialmente fronterizas, constituyen aproximadamente dos tercios de la superficie continental del país(11).
En términos de superficie las comunas fronterizas de Chile continental ascienden a 267.431,60 km², mientras que las comunas parcialmente fronterizas alcanzan 255.159,59 km².
El territorio chileno en el continente americano contiene numerosas zonas de aguas interiores, incluyendo lagos internacionales, y una de las costas más largas del mundo generando, en el mar adyacente, derechos de soberanía sobre Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental y Plataforma Continental Extendida, como se grafica en la infografía Nº 1.
Infografía Nº 1. Espacios y Zonas de soberanía y jurisdicción territorial de acuerdo a la Convención de Derecho del Mar.
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, S.H.O.A.
Las características geográficas y demográficas descritas del territorio sudamericano de Chile representan desafíos de seguridad asociados a un espacio terrestre con zonas inexploradas o inexplotadas, con gran extensión de áreas de montaña, zonas fragmentadas y espacios inhabitados o poca población.
A ello se agrega la extensa línea de costa y zona costera expuesta a un mar de acceso universal por las normas internacionales de libertad de navegación, vitales para nuestra interacción con el mundo, pero que también generan riesgos de seguridad en caso de su empleo para actividades ilícitas u hostiles por parte de actores estatales y no estatales(12).
Se deben agregar los riesgos para la seguridad de la población producto de numerosos y variados desastres naturales entre los que destacan terremotos, tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas, aluviones, aludes y ante los cuales, el sector defensa contribuye activamente para mitigar los efectos ante estas eventualidades.
Otro factor por considerar, desde el punto de vista de la Defensa, es la dificultad de movilizar y sostener capacidades de fuerza terrestre de gran magnitud entre diferentes zonas, lo que genera demandas para la Defensa respecto a medios, personal, infraestructura y entrenamiento especializados e impone exigencias respecto de su despliegue y presencia territorial, con visión conjunta y que integre a todas las Instituciones de la Defensa.
Las características descritas requieren mantener unidades habilitadas para funcionar de manera autónoma y desvinculada del centro del país durante períodos prolongados, en condiciones de ejercer un control de áreas en que se dificulta la presencia de otros organismos del Estado, además de contribuir a la interconexión de zonas y localidades aisladas, facilitando así su integración y desarrollo.
Asimismo, estas características implican una exigencia respecto a mantener una capacidad de transporte estratégico que permita reforzar zonas extremas en caso de necesidad o generar líneas de operaciones y sostenimiento desde zonas de concentración asociadas a los principales centros poblados del país en su zona central.
2. Chile en el Pacífico
Chile posee territorios insulares en el Océano Pacífico que se encuentran hacia el Oeste y Sur del territorio continental americano: destacando las islas San Félix y San Ambrosio, archipiélago de Juan Fernández, Rapa Nui-lsla de Pascua, islas Salas y Gómez e islas Diego Ramírez en el Paso de Drake.
La posición geográfica de Chile en el Pacífico Sudoriental, así como sus territorios insulares en el Océano Pacífico generan una proyección natural hacia Oceanía, la región Indo-Pacífico y la Antártica, en su continuidad con el Mar Austral y Paso de Drake.
Adicionalmente, los territorios chilenos en el Océano Pacífico facilitan la presencia y capacidad de control sobre ecosistemas con importantes recursos y gran cantidad de rutas marítimas de las cuales depende nuestro comercio exterior(13); la seguridad de la conectividad aérea internacional; el abastecimiento energético externo y la capacidad de navegación y comunicación en el ciberespacio(14).
A nivel internacional, debido a esta particular posición geográfica, a Chile le ha sido asignada un área de responsabilidad de Búsqueda y Salvamento Marítimo(15) y Aéreo (S.A.R.)(16), cuyos límites son las zonas S.A.R. de Perú -por el norte- y Francia y Nueva Zelanda -por el oeste-, con los cuales se genera una interacción en los ámbitos de la seguridad marítima y aérea internacional.
Mapa Nº 3. Zonas S.A.R. Marítimas en el Pacífico Sur
Fuente Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, S.H.O.A.
El Océano Pacífico es una gran fuente y reserva mundial de recursos naturales, además de representar el principal mitigador del aumento de temperatura atmosférica, que modera el cambio climático generado por la actividad humana.
La creciente sobreexplotación de los recursos pesqueros en los océanos, ha generado una serie de acuerdos internacionales para su explotación sustentable. En ese aspecto, además de los derechos soberanos sobre los recursos naturales del mar, suelo y subsuelo en la Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.), nuestro país ejerce facultades de monitoreo y vigilancia sobre la explotación pesquera en alta mar, más allá de la Z.E.E.(17). Adicionalmente, como parte de los esfuerzos globales para el desarrollo sustentable y la conservación del medioambiente marino, nuestro país se ha comprometido con la creación de áreas marinas protegidas que nos posicionan como el quinto país con más kilómetros cuadrados marinos salvaguardados (aproximadamente 1,8 millones de km² que equivalen al 42,4% de nuestra Z.E.E.).
Todo lo anterior genera obligaciones y responsabilidades al Estado de Chile, y en especial a la Defensa, en lo que se refiere a sus espacios marítimos, su control, fiscalización, seguridad de las personas, naves y terminales marítimos, protección del medio ambiente marino y de sus recursos, así como de la conectividad marítima y aérea hacia los territorios insulares.
Asimismo, en el área de influencia nacional en el Océano Pacífico se encuentra el espacio aéreo bajo su control sobre una vasta zona oceánica(18). Si bien la mayoría de los vuelos nacionales se realiza sobre espacio aéreo soberano en las cercanías del territorio continental, existe un amplio abanico de rutas oceánicas, transpolares y hacia la antártica, que demandan una permanente supervisión y fiscalización.
3. Chile en la Antártica
Chile es el país del mundo más cercano al Continente Antártico, en particular a la península antártica, denominada "Tierra de O'Higgins" y a las islas Shetland del Sur(19).
Las características climáticas y geográficas de dichas áreas les permiten ser la puerta de entrada natural y país puente a la Antártica, con posibilidades de operación aérea y marítima durante todo el año.
Los derechos soberanos de Chile sobre la Antártica, se sustentan en argumentos históricos, jurídicos, políticos y geográficos. Basado en esos argumentos, nuestro país declaró su soberanía sobre territorio antártico, mediante el decreto supremo Nº 1.747 de 1940, estableciendo que la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico está constituido por todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º y 90º longitud Oeste de Greenwich.
Asimismo, en el Estatuto Chileno Antártico(20), dispone que forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico las barreras de hielo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, la plataforma continental extendida y todos los espacios marítimos que le correspondan de conformidad con el Derecho Internacional.
Chile es país signatario (originario) y parte del Tratado Antártico de 1959, el que señala que ninguna disposición de su contenido se interpretará como una renuncia a los derechos de soberanía territorial o reclamaciones hechas precedentemente. Adicionalmente, el Tratado indica que ninguna de las Partes firmantes, hará nuevas reclamaciones de soberanía territorial, como tampoco ampliaciones de las hechas valer con anterioridad.(21)
En su Política Antártica Nacional(22), Chile materializa su presencia antártica por medio de diversas bases dentro del Territorio Chileno Antártico y, a través de actividades logísticas, científicas y de Búsqueda y Salvamento en el sector bajo responsabilidad nacional. Estas actividades son sostenidas gracias a las operaciones aéreas y marítimas que realizan aeronaves y buques que permiten la conectividad con el territorio continental.
Nuestro país desarrolla investigación científica en la Antártica, así como labores de protección de la vida humana, fiscalización y protección del medio ambiente y recursos naturales, mediante el accionar de las tres ramas de las FF.AA. y el Instituto Antártico Chileno, que son los operadores antárticos estatales nacionales, complementados con múltiples operadores no estatales.
Asimismo, en los espacios marítimos y aéreos circundantes a la Antártica, Chile asume diversas responsabilidades y obligaciones de acuerdo con el Sistema del Tratado Antártico y sus normas.
Mapa Nº 4 Territorio Chileno Antártico (Principales instalaciones)
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, S.H.O.A.
4. Chile en el espacio aéreo y ultraterrestre
El Estado de Chile ejerce soberanía o jurisdicción en los espacios suprayacentes a su territorio continental sudamericano, insular oceánico, antártico y mar territorial. Este espacio aéreo se extiende, en altura, desde el nivel del suelo hasta un límite superior que se sitúa en el rango de los 80 a 100 km de altura, en lo que constituye la frontera con el espacio ultraterrestre(23).
Lo anterior implica, que Chile asume la responsabilidad de otorgar seguridad y protección a la navegación aérea, además de reconocer sus derechos de vigilancia y control sobre el tráfico aéreo, en su espacio aéreo nacional.
Nuestro país tiene asignado un espacio aéreo bajo su control, que comprende no sólo aquel bajo soberanía nacional, sino que abarca desde el límite político internacional por el este hasta el meridiano 131º00' por el oeste, y desde el límite norte hasta el Polo Sur, donde asume la responsabilidad nacional de búsqueda y salvamento (S.A.R.) y provee seguridad e información para las actividades de vuelo. Con ello, el total del espacio aéreo bajo responsabilidad nacional cubre una superficie aproximada de 31,9 millones de km² (mapa Nº 5).
Respecto al espacio ultraterrestre, se entiende como tal a aquel situado sobre la atmósfera. En este espacio se concibe la operación de los diferentes ingenios espaciales, tales como satélites y estaciones espaciales internacionales, dedicadas a la investigación científica observación de la tierra, comunicaciones, posicionamiento y navegación (GPS), etc.
En el espacio ultraterrestre se aplica un régimen jurisdiccional especial, dado por un conjunto de regulaciones internacionales, bajo el amparo de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), organismo ad hoc de las Naciones Unidas.
De acuerdo con ese régimen jurisdiccional, se considera al espacio ultraterrestre como "patrimonio común de la humanidad", garantizando la libertad de acceso, su exploración y utilización, en interés de todos los países. Asimismo, consigna la exclusión de la soberanía de los Estados y la desmilitarización de éste. Por ende, si al espacio aéreo se le aplica el régimen de soberanía, al espacio ultraterrestre se le aplica el régimen de libertad, sin perder los Estados sus derechos de acceso y explotación, lo que resulta relevante para definir r la condición de carácter tridimensional del Estado de Chile, con pleno acceso al espacio ultraterrestre.
Por otra parte, la actividad espacial y sus tecnologías asociadas han redituado importantes beneficios a los países que la promueven. Los beneficios provistos por la actividad espacial son considerados como un elemento relevante para el crecimiento económico y desarrollo de las naciones.
Chile no ha estado ausente de la actividad espacial. Los programas satelitales de la serie FASat, han permitido mantener una presencia en el espacio ultraterrestre, con instrumentos dedicados principalmente a la observación de la tierra, tanto para fines propios de la Defensa como para empleo civil, en beneficio de programas científicos o de carácter social y económico, siguiendo las directrices generales de la Política Nacional Espacial vigente(24).
Mapa Nº 5. Espacio Aéreo. El área en celeste representa la suma del espacio aéreo soberano y del espacio aéreo bajo control nacional. En la Antártica, se agrega el área de Búsqueda y Salvamento (S.A.R.), compartida con Argentina.
Fuente: Servicio Aerofotogramétrico (SAF)
Respecto de los espacios aéreo y ultraterrestre, nuestro país los integra plenamente a su conformación territorial, en los regímenes de soberanía, control o acceso y explotación, según sea el caso, asumiendo los resguardos de su integridad y seguridad, en beneficio de su población, su desarrollo y bienestar, en donde el sector Defensa juega un rol fundamental, con capital humano de alta especialización, medios e infraestructura.
B. Entorno de Seguridad y Defensa
l. América
Chile es un país sudamericano y sus relaciones con los países de esta sub-región de América representan una prioridad en su Política Exterior y, por lo tanto, para la Política de Defensa Nacional.
Nuestros límites internacionales con Argentina, Bolivia y Perú han sido establecidos por tratados y laudos arbitrales(25) que se encuentran plenamente vigentes.
Respecto a Perú, posterior al Tratado de Ancón de 1883 (Paz y Amistad entre la República de Chile y del Perú), el Tratado de Lima de 1929 puso fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica.
En cuanto al límite marítimo, este fue definido mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero del año 2014, y se encuentra pendiente la adecuación de la legislación interna de Perú para que sea consistente con el derecho internacional, como se encuentra reflejado en la Convención del Mar de 1982(26). Sin perjuicio de lo anterior, ambos países se han comprometido a ejercer sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima de acuerdo con lo expresado en la convención ya citada(27).
En el caso de Bolivia, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fi los límites terrestres de común acuerdo además de derecho de libre tránsito que facilita el acceso al Océano Pacífico(28). Al respecto, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de fecha 1 de octubre de 2018 ratificó que Chile no tiene la obligación de negociar acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Actualmente, se encuentra en litigio ante esa Corte la declaración respecto a la condición del río Silala como curso de agua internacional(29).
Respecto a Argentina, mediante el Tratado de límites de 1881 ambos países delimitaron sus respectivas soberanías sobre el territorio de norte a sur a través de la Cordillera de Los Andes y hasta el paralelo 52º S, siguiendo tanto un criterio hidrográfica como orográfica
La interpretación y aplicación del tratado ha motivado una serie de diferencias que se han resuelto por acuerdo entre las partes o laudos arbitrales. Por su parte, el Tratado de Paz y Amistad (TPA) firmado entre Chile y Argentina en 1984, determinó "...la solución completa y definitiva de las cuestiones a que él se refiere esto es, la fijación del límite entre los dos Estados desde el término del límite existente en el Canal Beage hasta el sur del Cabo de Hornos en el punto "F" del TPA, tal como se refleja en la Carta Nº I anexa al Tratado.
Mapa Nº 6: Límites de Chile con países vecinos en Sudamérica.
Fuente: Servicio Aerofotogramétrico (SAF)
El TPA establece que los límites señalados en este Tratado constituyen "un confín definitivo e inconmovible entre las soberanías de la República Argentina y de la República de Chile", comprometiéndose ambas partes a no presentar reivindicaciones ni interpretaciones que sean incompatibles con lo establecido en este Tratado(30).
Al respecto, la presentación de Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas comprende un sector al sur de Tierra del Fuego que se localiza al sur-este del punto F del Tratado de Paz y Amistad. Dicha reclamación resulta inoponible a Chile toda vez que el trazado limítrofe indicado en el Resumen Ejecutivo de la presentación argentina no corresponde al límite existente entre ambos países en virtud de los tratados vigentes. Por tanto, el límite exterior de la pretendida plataforma continental extendida argentina en esa área no afecta los derechos de Chile conforme al derecho internacional, incluido el derecho del mar.
Asimismo, cabe señalar que la mencionada Comisión no se pronunció sobre la presentación de Argentina relativa a la plataforma continental en la Antártica, ya que, conforme a su Reglamento, ella carece de competencia en relación con este territorio.
En relación a la soberanía en la Antártica, el TPA establece que las disposiciones que contiene "no afectarán de modo alguno ni podrán ser interpretadas en el sentido de que puedan afectar, directa o indirectamente, la soberanía, los derechos, las posiciones jurídicas de las Partes, o las delimitaciones en la Antártida o en sus espacios marítimos adyacentes comprendiendo el suelo y el subsuelo".
El TPA también precisa la delimitación marítima en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, confirmando la soberanía chilena sobre estas aguas, al occidente de dicho límite.
Respecto a la zona de Campo de Hielo Sur, existe un acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina, del 16 de diciembre de 1998(31), para precisar el recorrido del límite del Monte Fitz-Roy hasta el cerro Daudet, con el objetivo de completar la demarcación en la zona.
En cuanto a los derechos de navegación desde y hacia el Estrecho de Magallanes y, en general, desde y hacia la costa, aguas interiores o mar territorial chileno, nuestro país no reconoce otras limitaciones a la libertad de navegación que las establecidas en la CONVEMAR y los tratados o acuerdos suscritos por Chile.
Nuestro país promueve la estabilidad regional, en un entorno de seguridad que facilite el proceso de integración y cooperación política y económica, permitiendo un desarrollo sostenible y en paz.
En este sentido, en las últimas décadas, se ha logrado el efecto de disuasión respecto al empleo o la amenaza del uso de la fuerza como método para resolver conflictos interestatales, permitiendo optar por mecanismos de solución pacífica de controversias con los países vecinos, lo que viene a confirmar el valor de la inversión en Defensa que realiza Chile y su contribución a la paz y el desarrollo. Asimismo, se han potenciado una serie de mecanismos de diálogo y trabajo a nivel Defensa con los países vecinos, que complementan los esfuerzos de integración dirigidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En algunos países de la región americana persisten conflictos internos y amenazas emergentes con la posibilidad de ampliar sus consecuencias al resto de la región, tales como los fenómenos de crimen organizado transnacional, narcotráfico, terrorismo, flujos migratorios no regulados, cibercrimen, explotación ilegal de recursos mineros y pesqueros. La combinación de esos factores, sumado a la desinformación, puede generar las condiciones para el surgimiento de amenazas del tipo híbrido.
Los fenómenos antes descritos afectan al entorno regional de seguridad, lo cual demanda una mayor coordinación entre los países para contener estas amenazas comunes, teniendo como objetivo el fortalecer la estabilidad, la seguridad y la gobernanza. En este sentido, Chile busca cooperar con el fin de contribuir a tener un entorno regional más estable y seguro, facilitando los esfuerzos multilaterales destinados a fomentar una integración efectiva.
En ese contexto, la Defensa contribuye a la Política Exterior de Chile mediante acciones tales como las operaciones de cooperación internacional, medidas de confianza mutua, el intercambio de información, el control de fronteras, la acción coordinada contra amenazas comunes y en situaciones de emergencias y desastres naturales, los foros y ejercicios multinacionales(32) así como los mecanismos de diálogo coordinado entre los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, entre otros.
Ejemplos de esta contribución son nuestra participación en la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el activo involucramiento en instancias de cooperación como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) y la participación en instancias bilaterales como los Mecanismos de Consulta 2+2 y grupos de trabajo de Defensa con países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, entre otras iniciativas. Además, Chile integra con Argentina la Fuerza de Paz Combinada Conjunta "Cruz del Sur".
Con Centroamérica, México y el Caribe, Chile posee cultura e intereses comunes, a lo que se suma su posición geográfica interdependiente con Sudamérica. Las instituciones de la Defensa de Chile mantienen una relación histórica de colaboración con los países de esta región, destacando el Programa de Cooperación de Defensa para Centroamérica y el Caribe (PCDCAC)(33).
Asimismo, debido a la importancia de asegurar el libre flujo del comercio exterior de Chile a través del canal de Panamá, nuestro país inició y participa desde el año 2003 en el ejercicio multinacional PANAMAX, el cual tiene por objeto cooperar con la seguridad en esa zona de Centro América(34).
Por su parte, con Canadá, Estados Unidos de América y México, Chile tiene una relación fructífera y amistosa, basada en intereses y valores compartidos, la cual ha sido fortalecida a través de Tratados de Libre Comercio y otros mecanismos de cooperación. Asimismo, nos vinculamos en áreas estratégicas como la economía, ciencia, tecnología, innovación, energía, educación, minería, medio ambiente y recursos naturales(35).
En particular, las relaciones de Defensa con los Estados Unidos de América y Canadá son estrechas e interdependientes, en aspectos que consideran tanto la formación de especialistas, perfeccionamiento, entrenamiento, intercambios profesionales entre unidades de las FF.AA., apoyo logístico, así como el soporte técnico y de suministros, acceso a sistemas y tecnologías que permiten mantener nuestras capacidades operacionales relevantes.
Esta relación estrecha genera altos niveles de interoperabilidad, usando estándares OTAN, con doctrinas y procedimientos operacionales comunes, lo que nos permite integrar eficazmente medios nacionales a fuerzas multinacionales para cooperar en la seguridad y estabilidad en áreas de interés para Chile, proveer ayuda humanitaria y mitigación de efectos causados por desastres naturales en diferentes partes del mundo.
Mapa Nº 7. Regiones de interés para la Defensa Nacional.
Fuente: Instituto Geográfico Militar, I.G.M.
2. Región Indo-Pacífico
Debido a su posición geográfica en el Pacífico Sudoriental, Chile es un actor importante en la Cuenca del Pacífico y el Indico, una macro-región en que confluyen cuatro continentes que genera más de la mitad del PIB mundial.
Por su relevancia estratégica, política, económica, comercial y tecnológica, la región Indo- Pacífico representa una zona vital para el desarrollo y prosperidad de Chile en el siglo XXI.
En esta región se presentan una serie de conflictos o riesgos potenciales que pueden afectar directamente al desarrollo y a la seguridad de Chile, incluyendo disputas territoriales, terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, piratería, empleo hostil del ciberespacio, competencia por el acceso a recursos naturales, amenazas a la libre navegación en rutas aéreas y marítimas vitales para el comercio, entre otros.
En ese sentido, para nuestro país es importante la libertad de los mares, la seguridad de las líneas de comunicaciones marítimas, el desarrollo sustentable de las actividades económicas en los Océanos, la seguridad de las operaciones aéreas en el espacio aéreo sobre sus áreas jurisdiccionales oceánicas y -en general- el respeto y aplicación de las normas y tratados internacionales.
La Defensa Nacional contribuye a la defensa de los intereses de Chile en esta región, a través de su participación en mecanismos de cooperación e instancias de diálogo en Seguridad y Defensa, además de ejercicios y operaciones multinacionales(36) en forma integrada y coordinada con los países con quienes compartimos intereses en esta región(37).
Para este efecto, es de interés para la Defensa elevar el nivel de participación en diferentes instancias de diálogo bilateral y multilateral en temas de Seguridad.
3. Europa y otras regiones de interés para la Defensa
Chile reconoce a Europa no sólo por su importancia estratégica como actor global en el escenario internacional y contribuyente efectivo a la paz y estabilidad internacional, sino como un referente para el desarrollo de Fuerzas Armadas modernas e integradas con las sociedades a las que sirven.
Con esta región existen instancias consolidadas de cooperación y diálogos en materias de Defensa. En particular, con la Unión Europea, la relación se ha visto fortalecida con la firma del Acuerdo para la participación de Chile en las operaciones de gestión de crisis(38). Asimismo, reafirma el compromiso que tiene Chile en promover y defender la paz y seguridad internacional.
Una expresión de esta colaboración, es nuestra participación con Fuerzas de la Unión Europea, en las misiones de paz en Bosnia y Herzegovina, Fuerza de Estabilización (SFOR) y EUFOR ALTHEA BiH; y en la Misión de Paz en Chipre (UNFICYP).
Para la Defensa es de interés continuar con la histórica y fecunda relación de cooperación en Defensa con los países de Europa, especialmente con el Reino Unido y la Unión Europea en materias de doctrina, instrucción, entrenamiento, tecnología y equipamiento para las FF.AA.
Adicionalmente, debido a nuestra interdependencia económica, y al rol contributivo de la Defensa en la cooperación internacional y apoyo a la Política Exterior, el Medio Oriente, Asia y África son regiones del mundo que presentan diferentes grados de interés para el país.
Además de importantes relaciones en el ámbito técnico y logístico con diversos países de esas regiones, Chile participa en instancias de cooperación internacional, integrando misiones de paz bajo el amparo de las Naciones Unidas, como lo es la "United Nations Truce Supervision Organization" (UNTSO), en la vigilancia de los acuerdos de paz en el Medio Oriente.
4. Conflictos y amenazas a nivel global
Los principales conflictos a nivel global se originan en el reposicionamiento entre las grandes potencias del hemisferio Norte y en los conflictos con diversos orígenes, tanto religiosos como históricos y otros. A lo anterior, se suman situaciones de inestabilidad y conflictos internos en diferentes países que generan problemas de inseguridad, crisis humanitarias, flujos migratorios no regulados, estados fallidos, los cuales impactan a diferentes regiones del mundo(39).
La posición periférica de Chile respecto a las principales zonas de conflicto global no implica estar exentos de sus efectos, debido a nuestra dependencia de la economía mundial y del libre comercio con grandes centros productores y consumidores en las diferentes regiones del mundo.
Debido al tamaño relativo de nuestro país en cuanto a población, territorio y economía, que representa una importante condicionante geopolítica, nuestra aproximación a la seguridad mundial se basa en el multilateralismo y en la promoción de un orden basado en acuerdos y convenciones internacionales ampliamente aceptadas.
Para la Defensa, ello exige una contribución a la Política Exterior por medio de la integración efectiva en instancias de mantenimiento de la paz y estabilidad multilaterales, en particular con países con quienes se comparte principios e intereses respecto a la seguridad mundial.
Además de las amenazas tradicionales y los conflictos inter e intraestatales, la seguridad de los Estados se ve afectada por nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza idiversa(40), para las cuales se requiere una aproximación multisectorial, en donde las capacidades de la Defensa Nacional continúan siendo un pilar fundamental. Entre ellas, se destacan las siguientes:
a. Naturaleza híbrida de las potenciales amenazas
En los últimos años, a nivel mundial, han aumentado las amenazas denominadas de naturaleza híbrida, esto es, actividades hostiles de origen interno o externo que combinan métodos y capacidades convencionales y no convencionales (campañas de desinformación, ciberataques, terrorismo(41), sabotaje, insurgencia, etc.), coordinadas o ejecutadas tanto por agentes estatales como otros grupos u organizaciones no estatales, manteniéndose, en general, bajo el umbral de agresión que conlleve una respuesta militar convencional por parte de los Estados afectados.
Estas actividades hostiles tienen el potencial de dañar la población e infraestructura crítica, desestabilizar los procesos políticos democráticos o debilitar la capacidad de respuesta de un Estado frente a amenazas a su soberanía, integridad territorial o independencia política.
El acelerado cambio tecnológico y cultural que ha devenido en la llamada sociedad de la información, el mayor acceso a tecnologías disruptivas y armas convencionales, combinado con vulnerabilidades de las infraestructuras críticas y la falta de adaptación de las estructuras organizacionales y legales frente a este tipo de amenazas, representa un problema de seguridad nacional, en donde el sector Defensa debe participar, tanto en la preparación, como en la prevención, anticipación y respuesta.
Esto representa un desafío de adaptación de la Defensa, incluyendo una eficaz coordinación interagencial con el resto de las instituciones responsables del orden y seguridad interna, además de mejorar la eficacia del sistema de inteligencia del Estado, con el propósito de contribuir a la seguridad de la población y la defensa de la independencia política y la soberanía del país.
b. Crimen Organizado Transnacional
El crimen organizado trasnacional representa una potencial amenaza a la seguridad nacional, incluye delitos tales como tráfico de drogas, cibercrimen, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, minería ilegal, pesca ilegal y piratería marítima. En los últimos años, este fenómeno se ha incrementado por la globalización económica y de las comunicaciones; su naturaleza es cambiante, dependiendo de las condiciones de los mercados y del entorno de seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho en diferentes regiones.
El crimen organizado trasnacional puede alcanzar niveles que impulsen la corrupción e infiltren las estructuras políticas, judiciales y económicas, incluso con el potencial de coludirse con otras organizaciones ilegales que operen al interior de cada país, representando una amenaza a la seguridad nacional.
Siendo un problema global(42), se requiere una respuesta cooperativa entre los diferentes países, con intercambio de información, estrategias de colaboración y acuerdos sobre protocolos operacionales. En el caso de Chile, la principal responsabilidad respecto al crimen organizado transnacional es de las autoridades civiles competentes y de las policías (incluida la Policía Marítima dependiente de la Armada)(43).
Adicionalmente, el sector Defensa tiene una responsabilidad de colaboración, particularmente en los ámbitos de control de zonas fronterizas, apoyo técnico-logístico, de transporte y traspaso de inteligencia residual, además de las actividades de vigilancia y control del espacio aéreo nacional, que ejecuta coordinadamente la Fuerza Aérea y la Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.)(44). En este ámbito, la D.G.A.C, colabora mediante las actividades de seguridad aeroportuaria.
c. Seguridad en el Ciberespacio
El ciberespacio es un dominio sin fronteras, que comprende las infraestructuras lógicas y físicas para el intercambio y procesamiento de información.
La revolución tecnológica y el advenimiento de la sociedad de la información han elevado este dominio a una categoría de vital para el desarrollo y seguridad de los países y Chile ha declarado su voluntad de trabajar para mantener un ciberespacio libre, seguro y resiliente(45).
En ese aspecto se reconoce la existencia y aumento importante del cibercrimen, como también del empleo hostil del ciberespacio por parte de personas, organizaciones o Estados, orientado a provocar daño o disrupción, por diferentes motivos ilícitos. Chile está expuesto a esos riesgos, dado el alto grado de penetración de las tecnologías de información y telecomunicaciones, lo que exige fortalecer la institucionalidad y herramientas en ciberseguridad.
A nivel mundial, las dificultades existentes en materia de "atribución"(46), han limitado -hasta ahora- la reacción de los países ante agresiones cibernéticas sólo a una respuesta informática, a veces complementada con acciones de inteligencia y sanciones económicas.
En el caso de Chile, cobra relevancia para la seguridad nacional la protección de las infraestructuras críticas de información asociadas a servicios esenciales para el país, cuya paralización o uso con fines maliciosos puede afectar gravemente a nuestra población. Una agresión de este nivel puede ser calificada como un acto hostil que podría configurar el derecho a legítima defensa(47).
Lo anterior presenta una exigencia a la Defensa para mantenerse a la vanguardia en las tecnologías, procedimientos, equipamiento y capacitación del capital humano responsable de la ciberdefensa, para contribuir de manera decisiva al esfuerzo de ciberseguridad del país.
Complementariamente, se hace imprescindible mejorar la capacidad de atribución, siendo un requisito básico para lograr la respuesta y neutralización de las amenazas en el ciberespacio, pasando de la aproximación reactiva o de protección hacia el modo proactivo. Lo anterior, junto a una capacidad de respuesta no limitada al ciberespacio, sino que, complementada con otros medios o instrumentos de poder, contribuye a disuadir a potenciales agresores en el ciberespacio.
Adicionalmente, el ciberespacio se ha constituido como un dominio más en que pueden efectuarse operaciones militares, que contribuyen a aquellas realizadas en los dominios físicos convencionales (aire, tierra, mar, espacio ultraterrestre y espectro electromagnético).
d. Seguridad en el espacio ultraterrestre
El espacio ultraterrestre representa un interés estratégico para nuestro país. La utilización cotidiana de los sistemas espaciales para telecomunicaciones, navegación y posicionamiento (ej. Sistema de Posicionamiento Global, G.P.S.), meteorología y sistemas de observación de la tierra, entre otros, genera una dependencia tanto en los aspectos de desarrollo y bienestar, como de seguridad y defensa.
En el plano internacional, Chile ha tenido una activa participación en actividades espaciales, manteniendo una presencia permanente en el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre (COPUOS), permitiendo la inclusión de la perspectiva nacional en el debate internacional sobre el devenir de la dimensión ultraterrestre. En este sentido, el país ha suscrito y ratificado los cinco Tratados de Naciones Unidas(48), que constituyen la base jurídica del Derecho Internacional del Espacio y establecen los principios fundamentales para la utilización y exploración del espacio ultraterrestre, los que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Lo anterior, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales relativos a materias de cooperación espacial, igualmente suscritos y ratificados por el país(49).
Asimismo, la mayor competencia por el control y explotación del espacio ultraterrestre por parte de actores estatales y no-estatales que compiten por el acceso al espacio y su utilización para diversos fines pondrá a prueba la eficacia del marco jurídico espacial internacional.
Chile reconoce la importancia de ejercer sus derechos sobre el espacio ultraterrestre dentro del marco de los acuerdos internacionales, y participar cooperativamente en el desarrollo de una gobernanza que asegure el acceso equitativo de todas las naciones, así como a incrementar la capacidad tecnológica y la presencia espacial autónoma en el espacio, como un aporte a las capacidades estratégicas y al desarrollo nacional.
e. Medioambiente y Cambio Climático
El desarrollo acelerado y aumento de la población ha generado una serie de amenazas al medioambiente, dando origen a la necesidad de concordar acciones preventivas, proactivas y colaborativas a nivel mundial para mitigar sus efectos, permitir un desarrollo sustentable y conservar un planeta sano para las futuras generaciones.
Asimismo, el cambio climático, reflejado en el aumento promedio de la temperatura atmosférica, puede manifestarse en una mayor frecuencia e intensidad de situaciones climáticas extremas, aumento del nivel del mar, escasez de recursos hídricos y conflictos por su empleo (consumo humano, minería, agricultura, energía, etc.), desertificación e incendios forestales, por mencionar algunos de ellos, convirtiéndose en factores de riesgo que podrían incidir en la inseguridad en determinadas regiones.
Para la Defensa esto genera demandas de adaptación de infraestructura y doctrina, mayor apoyo para la mitigación de efectos producidos por desastres naturales y cambio climático, mayor exigencia de fiscalización y control de cumplimiento de normas medioambientales y monitoreo de zonas protegidas.
f. Amenazas de origen Biológico, Químico y Radiológico.
En un mundo globalizado, con un alto nivel de movilidad y desplazamientos de personas y bienes, aumentan la velocidad y las posibilidades de propagación de amenazas de origen biológico, tales como el contagio de enfermedades que pueden producir brotes epidémicos o pandemias, tal como es el caso la gripe por el virus A/H5N1, A/H1N1 o del síndrome respiratorio agudo grave (S.A.R.S.- CoV-2) o COVID-19.
A ello, se suma la posibilidad de afectación de las fuentes de alimentación y de suministro de agua potable, derivado de eventos de origen natural o antrópico.
Para enfrentar este tipo de amenazas, la Defensa contribuye al Estado con capacidades para apoyo humanitario y mitigación de efectos de las emergencias, tal como ha quedado demostrado en la actuación de las FF.AA. durante la pandemia COVID 19.
Por otra parte, la proliferación de armas de destrucción masiva (nucleares, químicas, biológicas y radiológicas), así como de vectores de lanzamiento y tecnologías afines, por parte tanto de actores estatales como no estatales, sumado a la dificultad de control y mayor acceso a precursores químicos y, en menor grado, material biológico o radiológicos, no permiten descartar acciones hostiles, accidentes o incidentes asociados a su uso malicioso o indebido. Esto representa un peligro de baja probabilidad, pero de altísimo impacto para la población y la seguridad internacional.
Chile es parte de diferentes acuerdos que buscan prohibir el uso de armamento de este tipo y aumentar el control sobre las sustancias utilizadas en la fabricación de estas armas(50). Al respecto, en el año 2017 nuestro país firmó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, restando su ratificación, y recientemente se publicó la ley Nº 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
La Defensa contribuye a la respuesta estatal ante estas amenazas, en particular mediante el control de rutas en áreas jurisdiccionales, sumado a la preparación y capacidad de primera respuesta, que incluya equipamiento personal y material especializado, elementos de descontaminación, procedimientos y protocolos a nivel interagencial.
g. Tecnologías disruptivas
La aceleración exponencial del desarrollo tecnológico, junto con la masificación de muchos de sus productos, hacen de ese desarrollo una fuente cada vez más dinámica de oportunidades para todas las actividades humanas. Por tanto, el uso de tecnologías disruptivas con fines de afectar la seguridad nacional representa una amenaza relevante ya que es factible la emergencia de tecnologías disruptivas causantes de brechas comparativas de capacidades difíciles de salvar al corto plazo.
La aparición de amenazas que utilicen proactivamente el potencial de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la Internet de las cosas, la realidad aumentada, la robótica avanzada, la computación quántica, entre otras, podrá enfrentar a la Defensa de Chile a ciclos de obsolescencia tecnológica, de no mediar un proceso de detección temprana, análisis, incorporación y, de ser necesario, respuesta a los desafíos que implican las mencionadas tecnologías.
III. ESTRATEGIA DE LA DEFENSA.
A. Introducción.
B. Objetivos y Áreas de Misión de la Defensa.
1. Objetivos
a. En seguridad externa
b. En seguridad interna y desarrollo
2. Áreas de Misión
a. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
b. Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
c. Seguridad e Intereses Territoriales.
d. Emergencia Nacional y Protección Civil.
e. Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado.
C. Concepto estratégico de empleo de la Defensa (C.E.).
1. C.E en Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
2. C.E en Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
3. C.E en Seguridad e Intereses Territoriales.
a. Soberanía efectiva sobre el territorio
b. Seguridad e intereses marítimos
c. Seguridad en el ámbito aeroespacial nacional
d. Estados de Excepción Constitucional y Votaciones Populares
e. Intereses territoriales en la Antártica
4. C.E en Emergencia Nacional y Protección Civil.
5. C.E en Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado.
D. Capacidades Estratégicas.
1. Introducción.
2. Áreas Generales de Capacidades Estratégicas
a. Superioridad Operacional
b. Protección
c. Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)
d. Mando y Control Integrado
e. Movilidad y Proyección
f. Sostenibilidad
g. Despliegue Territorial
3. Orientaciones para el Desarrollo de Capacidades Estratégicas.
a. Consideraciones generales
b. Personal y entrenamiento
c. Desarrollo de la Fuerza
d. Efectividad
e. Polivalencia, polifuncionalidad y adaptabilidad
f. Visión conjunta e integral superior
g. Tecnología e Industria de Defensa
h. Capacidades espaciales de la Defensa
i. Capacidades para generar Inteligencia
j. Capacidades de Ciberdefensa
k. Capacidad para enfrentar amenazas híbridas
III. ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
A. Introducción
La autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las Leyes(51). Esto incluye el empleo del sector Defensa con sus FF.AA., para lo cual se define a nivel político la Estrategia de la Defensa, teniendo presente que en la defensa de la patria e integridad territorial son esenciales e insustituibles.
La Estrategia contiene los fines a lograr (representados por los Objetivos de la Defensa y las Áreas de Misión), los medios para lograr tales fines (capacidades estratégicas) y articula ambos mediante la forma de empleo prevista de esos medios para lograr los fines (Concepto Estratégico de Empleo de la Defensa), tal como se grafica en la infografía Nº 2.
Dentro de la Estrategia, es importante establecer que los objetivos asociados a la seguridad externa de Chile, específicamente aquel relacionado con la conservación de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política del país y la protección de la población de las amenazas externas, es donde se enfocan las capacidades que son singulares y exclusivas de la Defensa y, por tanto, son su prioridad.
Los fines, medios y formas de empleo aquí definidos a nivel político, orientan, mediante una aproximación estratégica militar, la definición de objetivos estratégicos y conceptos operacionales de empleo en escenarios previstos para el cumplimiento de tareas en diferentes Áreas de Misión, así como la planificación del desarrollo de la Fuerza.
Infografía Nº 2. Estrategia de la Defensa.
Fuente: Subsecretaría de Defensa.
B. Objetivos y Áreas de Misión
1. Objetivos
En el proceso de elaboración de los distintos Libros de la Defensa de Chile, desde el año 1997, se ha ido logrando un consenso político transversal respecto a los objetivos de la Defensa Nacional. Además del rol principal de la Defensa en la seguridad exterior, también se han incorporado otros objetivos correspondientes a roles legales y constitucionales que se asignan a las FF.AA. en tiempo de paz y que se relacionan con la seguridad interior y la contribución al desarrollo del país, lo que se refleja en la presente Política de Defensa.
Estos objetivos se presentan separados en dos áreas: seguridad externa, y seguridad interna y desarrollo.
a. Objetivos en seguridad externa:
1) Conservar la soberanía, la integridad territorial, la independencia política del país y proteger a la población de amenazas externas.
2) Contribuir a la creación de condiciones de estabilidad, al mantenimiento de la paz, seguridad y gobernanza internacional que minimicen el riesgo a la seguridad externa del país y que faciliten el desarrollo del país integrado a la comunidad internacional.
b. Objetivos en seguridad interna y desarrollo:
1) Contribuir a la soberanía nacional en todo su territorio, otorgar seguridad a las personas en las áreas territoriales asignadas bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas, cumpliendo roles policiales, de protección, de fiscalización, de búsqueda y salvamento, y de apoyo al orden y seguridad pública conforme a la Constitución y las leyes.
2) Contribuir al Sistema Nacional de Protección Civil mediante la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia y catástrofe, en particular mediante acciones de protección a la población en condición de riesgo.
3) Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro de otras capacidades del Estado mediante la presencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional; a la integración física de zonas fronterizas, aisladas y especiales; al desarrollo social y económico de comunidades locales en dichas zonas; y a la identificación de la población con los valores y tradiciones republicanas, así como al compromiso ciudadano con la Defensa, para fortalecer la cohesión y unidad nacional de sus habitantes.
2. Áreas de Misión de la Defensa
De cada uno de los cinco objetivos de la Defensa enunciados, se desprenden diferentes tareas para la Defensa, que son contribuyentes al logro de estos objetivos.
Cada tarea, asociada a un objetivo al cual contribuye, se constituye en una "misión" para la Defensa(52). Las misiones que tienen en común el mismo objetivo, se agrupan en Áreas de Misión.
Infografía Nº 3. Áreas de Misión de la Defensa.
Fuente: Subsecretaría de Defensa
a. Área de Misión "Defensa de la soberanía e integridad territorial"
Agrupa las misiones destinadas a prevenir y disuadir del uso de la fuerza militar en contra de nuestro país o a rechazar agresiones y actos hostiles contra la población, la soberanía, la integridad territorial, su independencia política, los recursos y bienes nacionales, y los intereses nacionales, incluyendo ciberataques como forma de agresión(53). Esta área de misión es esencial para la Defensa Nacional.
b. Área de Misión "Cooperación internacional y apoyo a la Política Exterior"
Agrupa las misiones a ejecutar en el ámbito internacional, conforme al interés nacional o en virtud de compromisos de seguridad asumidos por Chile, de acuerdo con nuestra Política Exterior.
Incluye misiones de cooperación internacional enfocadas en contribución a la preservación de la paz y seguridad internacional, protección de rutas de comercio internacional, ayuda humanitaria ante catástrofes en otros países, fomento de la confianza mutua, rescate y evacuación de connacionales que enfrenten situaciones de peligro tales como conflicto armado en el extranjero(54).
Abarca además la participación de medios y personal de la Defensa en funciones de representación nacional, asesoría y apoyo directo a la acción diplomática de nuestro país en el mundo y en particular en las áreas de interés definidas en la presente Política.
c. Área de Misión "Seguridad e intereses territoriales"
Agrupa misiones de las FF.AA. que contribuyen al control y soberanía nacional en todo su territorio, incluyendo zonas fronterizas y aisladas, la Antártica, áreas oceánicas, territorios insulares y los espacios aéreos, así como la contribución a la preservación del medio ambiente y recursos naturales.
Incorpora también misiones que las instituciones de las FF.AA. ejecutan, por mandato legal, tratados y convenios internacionales.
Entre ellas se considera roles de Autoridad Marítima Nacional que incluyen una función policial sobre actividades ilícitas, además del control, fiscalización, búsqueda y salvamento de personas en las áreas marítimas asignadas bajo responsabilidad nacional.
Asimismo, considera los roles de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que cumple funciones de normar y fiscalizar la actividad de seguridad aeroportuaria, sin perjuicio de las funciones policiales que correspondan a las fuerzas de orden y seguridad pública. Adicionalmente, incorpora los roles de la Fuerza Aérea de Chile en apoyo a la búsqueda y salvamento aéreo en las zonas de responsabilidad nacional.
En esta Área de Misión se considera también las misiones de las FF.AA. en apoyo al orden y seguridad pública, conforme a lo mandatado por la Constitución Política y las leyes, tanto en Estados de Excepción Constitucional como en actos eleccionarios u otras situaciones especiales de acuerdo a la ley.
d. Área de Misión "Emergencia nacional y protección civil"
Agrupa misiones que se realizan como contribución a la gestión del riesgo de desastres que realiza el Estado para enfrentar emergencias derivadas de catástrofes naturales o antrópicas, incluyendo pandemias y epidemias.
Abarca la prevención, colaboración en la alarma y mitigación de sus efectos inmediatos cuando se producen y la contribución a la recuperación de la infraestructura y los servicios eventualmente afectados. Incluye tareas relacionadas tanto en estado de normalidad como también en estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia, en donde, además de una función de apoyo, se agrega la conducción, por orden del Presidente de la República, de las acciones del Estado para la repuesta, mitigación y recuperación de la normalidad.
e. Área de Misión "Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado"
Agrupa diversas misiones de apoyo a la comunidad y a otros organismos del Estado, al desarrollo del país en el ámbito científico y tecnológico, de su industria nacional, preservación del medio ambiente, integración física mediante conectividad de zonas fronterizas e insulares, elaboración de elementos cartográficos y construcción de obras viales e infraestructura, preservación de tradiciones patrias, y otros requerimientos de las autoridades competentes.
Las Áreas de Misión aquí definidas no son excluyentes, existiendo tareas que pueden ser contribuyentes a diferentes Áreas de Misión, como también complementarias a las funciones de otros instrumentos del Estado. Su descripción no necesariamente incluye todas las posibles tareas que la conducción política del país pueda asignar a la Defensa.
C. Concepto estratégico de empleo de la Defensa (C.E.)
El concepto estratégico de empleo de la Defensa (C.E.), es entendido como la forma en la que el Estado emplea su Defensa para el cumplimiento de las tareas asociadas a las diferentes Áreas de Misión.
En el ámbito de la seguridad externa, los C.E. incorporan una articulación coherente de las Áreas de Misión Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, además de Cooperación Internacional y apoyo a la Política Exterior, para lograr la condición de seguridad externa, reflejando una postura estratégica de disuasión y cooperación.
Por su parte, en las Áreas de Misión relacionadas con seguridad interna y desarrollo, se busca lograr el cumplimiento eficaz y eficiente de las tareas asociadas derivadas de la Constitución y las leyes, utilizando las capacidades desarrolladas por la Defensa para su rol principal, con características de polivalencia y polifuncionalidad, sumado a otras capacidades específicas en unidad de acción y trabajo interagencial con otros organismos del Estado y organizaciones civiles.
Infografía Nº 4. Concepto Estratégico por Áreas de Misión.
Fuente: Subsecretaría de Defensa.
El concepto estratégico de empleo de la Defensa para cada una de las Áreas de Misión descritas, así como los desafíos asociados se presentan a continuación:
1. C.E. en Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
El sector Defensa provee el instrumento militar que contribuye junto a los otros instrumentos de poder e influencia del Estado tales como la diplomacia la economía y la información, a generar y mantener un entorno de seguridad exterior.
La estrategia de Defensa de Chile en este ámbito se orienta a minimizar, mediante la disuasión y la cooperación internacional, la probabilidad de la amenaza o del uso efectivo de la fuerza u otros medios contra su población, su integridad territorial o su independencia política, neutralizando si es necesario cualquier agresión mediante acciones efectivas en legítima defensa.
Chile empleará su fuerza militar conforme a las normas del derecho internacional, fundamentalmente lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, el cual reconoce el derecho inmanente de los Estados a hacer uso de la fuerza, de manera individual o colectiva, en caso de agresión(55) o ataque armado en su contra.
Para contribuir a la disuasión, el sector Defensa actúa en diversos modos para cumplir el objetivo de influir sobre la voluntad de otros actores e inhibir su decisión de usar la fuerza o amenazar con ello a nuestro país.
La disuasión considera la presencia y el despliegue territorial de fuerzas efectivas en zonas de relevancia estratégica para proteger objetivos físicos, áreas terrestres, zonas marítimas y espacios aéreos, para una capacidad de respuesta rápida y efectiva de defensa ante una agresión externa. Esto es complementado con la capacidad de protección a infraestructura crítica(56) ante ataques cibernéticos o físicos, así como la capacidad de resiliencia, contención y recuperación de daños, atribución del origen de la agresión y tiempo corto de respuesta.
Al mismo tiempo, una parte sustancial de esta estrategia de disuasión la constituye la capacidad de emplear o proyectar fuerzas y otros medios ofensivos en forma rápida, efi en múltiples dimensiones y alcances, para neutralizar o destruir objetivos estratégicos de un agresor, manteniendo la iniciativa y la libertad de acción para eliminar o degradar en forma importante su capacidad ofensiva o de agresión.
El C.E. de Defensa reconoce que, a las modalidades convencionales de agresión armada, se suman otras formas de ataque de naturaleza híbrida que pueden, entre otros múltiples efectos, dañar severamente la infraestructura vital del país, a su población, o a su independencia política y a su capacidad militar, por tanto, justifican el derecho de responder con los medios que estime necesario en legítima defensa.
Para lo anterior, se considera el empleo de operaciones coordinadas en múltiples dimensiones, tanto para beneficio propio como su negación para empleo hostil, incluyendo en esto no sólo las dimensiones físicas (aire, mar, tierra, espectro electromagnético, y espacio ultraterrestre) sino también la dimensión del ciberespacio y la dimensión cognitiva o de información.
Para lograr el éxito en este C.E. se exige una capacidad de Mando y Control(57) confiable, segura y resiliente para una eficaz conducción desde el más alto nivel, una adecuada alerta estratégica, inteligencia para determinar atribución u origen de la amenaza o agresión, y movilidad para trasladar en forma rápida y en corto tiempo los núcleos de Fuerza para reforzar la capacidad de respuesta militar.
Adicionalmente, es necesario contar con fuerzas preparadas para actuar en entornos de conflicto asimétrico y frente a amenazas de carácter híbrido, con capacidades adaptadas a ese entorno. Esto incluye, entre otras, a unidades con alto nivel de entrenamiento y alistamiento operacional, capaces de operar en todo tiempo y escenarios, con gran apoyo de movilidad, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, sistemas autónomos y no tripulados, integrados a nivel táctico, bajo una dirección y control en tiempo real desde niveles superiores.
Las diferentes amenazas modernas y la evolución permanente de posibles formas de agresión requieren diferentes aproximaciones para disuadir y responder, con métodos y estructuras flexibles, innovadoras y adaptativas.
La capacidad de disuadir y responder en legítima defensa ante una agresión, puede potenciarse y complementarse mediante la cooperación internacional con países de la región y del mundo con los cuales Chile comparte intereses, principios y objetivos de política exterior, y que contribuyan a minimizar la probabilidad de agresión. Esto es particularmente aplicable para aquellas amenazas de naturaleza transnacional.
En ese sentido, la participación en ejercicios multinacionales en el extranjero con fuerzas de alto nivel profesional y con responsabilidades de conducción, así como la organización en el país de este tipo de ejercicios en que concurran otros países amigos, es una contribución a la disuasión al demostrar capacidad y nivel de alistamiento, además de generar conflicto y comunicar la voluntad de cooperar en la generación de un entorno de seguridad.
El éxito de la disuasión dependerá de las capacidades reales, de la credibilidad respecto a la voluntad de empleo de estas capacidades estratégicas como respuesta a una agresión, de la comunicación de esta voluntad de empleo a través de instrumentos tales como esta Política de Defensa, reforzada por el actuar coordinado con autoridades competentes en apoyo a la contención de amenazas a la seguridad.
Asimismo, la disuasión sigue presente no sólo en la prevención o en tiempo de paz. Una vez iniciado el empleo de fuerza en una situación de crisis o conflicto internacional, la disuasión como herramienta puede contribuir a evitar escalar y limitar el conflicto de acuerdo con los objetivos de la conducción política.
El C.E. en esta Área de Misión genera los siguientes desafíos para el sector Defensa:
. Mantener una capacidad militar efectiva, que otorgue una superioridad operacional para lograr o posibilitar el efecto de disuasión ante potenciales intentos de amenaza o uso de la fuerza contra nuestra soberanía, integridad territorial e independencia política.
. Adaptar las capacidades militares a escenarios de riesgo presentes y futuros incorporando las amenazas híbridas y, en particular, al ciberespacio como una nueva dimensión de las operaciones, a las ciberamenazas como un riesgo creciente y considerando como acciones hostiles a los ciberataques con efectos graves sobre la población, los procesos políticos internos o la infraestructura vital del país.
. Continuar la implementación de medidas definidas en la Política de Ciberdefensa de Chile, en particular respecto a empleo de los medios, cooperación internacional y promoción de transparencia y confianza internacional, desarrollo de capacidades, doctrina y organización, incluyendo la creación de un Comando Conjunto de Ciberdefensa y un CSIRT de la Defensa dependientes del Jefe de Estado Mayor Conjunto.
. Disponer de la capacidad de operar en el ambiente de la información, que permita contribuir a obtener la superioridad en la dimensión cognitiva de un conflicto.
. Incrementar las capacidades de anticipación, con inteligencia estratégica que incorpore el conocimiento de posibles actores, motivaciones y medios a emplear que podrían afectar la seguridad nacional, el procesamiento de gran cantidad de información obtenida desde múltiples sensores, su procesamiento y obtención con ayuda de herramientas tecnológicas avanzadas(58). Con ello optimizar los tiempos para planificación ante cambios de escenario, toma de decisiones, transmisión de órdenes y realimentación.
. Definir las capacidades estratégicas a lograr y mantener, estableciendo la estructura de fuerzas conjuntas e interoperables, incluyendo su despliegue y presencia territorial acorde con las características geográficas de nuestro país, tanto para permitir ejercer efectivamente la soberanía sobre el territorio, como para contribuir a la disuasión y apoyar el desarrollo y la seguridad de la población.
. Planificar y optimizar el despliegue territorial en tiempo de paz de las FF.AA. y su grado de alistamiento (capacidades y tiempos de reacción) considerando, además de su rol en Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, su aporte a las tareas derivadas de las Áreas de Misión Seguridad e Intereses Territoriales y Emergencia Nacional y Protección Civil.
2. C.E. en Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior
Chile entiende la cooperación internacional como una medida permanente y de largo plazo, que genera beneficios para todos los países, quienes, a su vez, deben aportar a la seguridad internacional en forma proporcional a sus capacidades e intereses afectados.
La cooperación internacional se orienta, además, a establecer una situación de estabilidad y gobernanza regional y global que minimice la probabilidad del uso de la fuerza, tanto en contra del territorio nacional como en las áreas en que se vea afectada nuestra población, nuestro comercio u otros intereses nacionales.
Lo anterior incluye medidas de confianza mutua, la participación de fuerzas nacionales en operaciones multinacionales de paz o de estabilización, así como la generación de mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación en seguridad internacional, contribuyendo así al efecto disuasivo generado por las capacidades nacionales de la Defensa.
Asimismo, en este concepto estratégico de empleo, se considera la opción de realizar operaciones independientes o con otros Estados para proteger, rescatar o evacuar a chilenos que se encuentren en el extranjero sufriendo una situación colectiva de peligro inminente para sus vidas.
En el ámbito del apoyo a la Política Exterior, la Defensa provee medios humanos y materiales que contribuyen a la acción diplomática en los diferentes países, foros y organismos internacionales, brindando presencia, cooperación y asesoría técnica, relaciones especializadas en Defensa y Seguridad, representando técnicamente al Estado en organismos internacionales, entre otras.
La contribución de la Defensa Nacional a esta Área de Misión considera mantener fuerzas preparadas, entrenadas, equipadas y disponibles para ser desplegadas en otras regiones del mundo a requerimiento de la Política Exterior del país.
El C.E. en esta Área de Misión genera los siguientes desafíos para el sector Defensa:
. Mantener un alto grado de interoperabilidad con otros países de interés, que permita integrar fuerzas multinacionales para participar en operaciones de paz, de ayuda humanitaria y de protección de las rutas de comercio internacional, entre otras. Esto requiere la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN.
. Mantener un grado de alistamiento necesario para la ejecución de operaciones de protección, rescate o evacuación de connacionales, derivadas de situaciones de crisis, catástrofes o emergencias internacionales.
. Fortalecer las estructuras de cooperación en seguridad internacional, contribuyendo a generar y construir medidas de confianza mutua con otros países de la región.
. Actuar coherentemente con las prioridades de la Política Exterior y con las condiciones establecidas en la Política Nacional para la participación del Estado de Chile en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para el despliegue en este tipo de operaciones(59). En particular, deben considerarse los aspectos de estrategia de salida del efecto político deseado, sus costos y sus riesgos.
. Implementar los acuerdos multilaterales de Defensa suscritos por Chile ante la ONU en cuanto a desminado humanitario, desarme, no proliferación de armas de destrucción masiva, municiones de racimo, transparencia, comercio de armas y control internacional de armamentos convencionales, entre otros.
. Posicionar a la Defensa de Chile como un referente profesional en Sudamérica, en base a su historia, prestigio y capacidades humanas y materiales, con el propósito de influir positivamente en la situación de seguridad y estabilidad regional.
3. C.E. en Seguridad e Intereses Territoriales
a. Soberanía efectiva sobre el territorio
Es deber del Estado ejercer una soberanía efectiva sobre todo el territorio nacional. Al respecto, es necesario considerar que, en zonas del Norte Grande, el litoral, áreas de montaña, la Patagonia, la Antártica, islas oceánicas(60) y zonas archipelágicas, entre otras, existen sectores donde la presencia del Estado es mínima.
En este contexto, la Defensa tiene un rol relevante para ejercer presencia efectiva sobre todo el territorio nacional y cooperar con el esfuerzo del Estado, fortaleciendo la soberanía en las regiones más remotas y aisladas del país, mediante el despliegue de medios, infraestructura y capacidades (mapa Nº 8).(61)
En este rol, el Ejército de Chile tiene una tarea fundamental, con el despliegue y presencia permanente de sus unidades en diferentes zonas del territorio, asociadas tanto a funciones operacionales en zonas fronterizas, así como en sus funciones permanentes de reclutamiento, instrucción y entrenamiento en tiempo de paz, otorgando una relación cercana con la ciudadanía y las autoridades regionales del país.
Asimismo, la Armada y Fuerza Aérea contribuyen a la presencia y ejercicio de la soberanía efectiva sobre el territorio, mediante el despliegue de bases operativas y logísticas, sumado a la actividad permanente de la red de la autoridad marítima y de la autoridad aeronáutica civil ejercida por la D.G.A.C.
Mapa Nº 8. Despliegue de las FF.AA. en territorio americano e islas oceánicas. Despliegue en Antártica en Mapa Nº 5).
Fuente: Instituto Geográfico Militar, IGM.
Este despliegue y presencia permanente de unidades de las FF.AA. facilita o posibilita la acción de ayuda del Estado a la ciudadanía en situaciones de emergencia o catástrofe, así como permite complementar la acción de apoyo social del Estado a la comunidad en áreas tales como salud, comunicaciones, transporte, entre otras, generando una vinculación e identificación de los habitantes con el Estado de Chile, y con las fuerzas que contribuyen a la defensa del país.
El C.E. genera los siguientes desafíos para la Defensa:
. Mantener núcleos de fuerza con un nivel de autonomía militar y logística tal que, junto con la contribución a la presencia del Estado en los extremos del territorio nacional y en zonas fronterizas o aisladas, les permitan reaccionar en corto plazo ante situaciones de crisis, emergencia y catástrofes, como también reforzar otros núcleos de Defensa. Esta presencia territorial debe también contribuir en aspectos de reclutamiento e identificación de la sociedad con el país y su Defensa.
. Mantener una infraestructura física de despliegue territorial operacional y sostenible, con capacidad de albergar un incremento de fuerzas provenientes desde otras zonas geográficas del país y con altos estándares en sistemas de comunicaciones, vigilancia y de apoyo a las operaciones previstas, tanto en tiempos de normalidad como de excepción constitucional.
. Mantener una capacidad de exploración y de patrullajes en áreas terrestres, zonas marítimas y espacios aéreos de interés de nuestro territorio, ya sea con fuerzas en presencia o desplegadas que contribuyan a lograr y mantener conciencia situacional.
b. Seguridad e intereses marítimos
Uno de los roles principales otorgado por nuestra legislación a la Autoridad Marítima Nacional(62), dependiente de la Armada de Chile, es ejercer funciones de policía en su área de responsabilidad, como también resguardar la seguridad de las personas, rutas de navegación, naves, puertos, terminales e industria marítima, que se encuentren dentro del área jurisdiccional nacional.
El C.E. para el cumplimiento de estas tareas se basa en mantener una adecuada vigilancia y control de lo que ocurre en el mar, la prevención, la alarma ante riesgos inminentes, así como las capacidades requeridas para dar una oportuna y eficaz respuesta, en un trabajo de coordinación interagencial.
La vigilancia y control de actividades en las aguas jurisdiccionales(63) es realizada mediante sistemas de Mando y Control que incluyen sensores remotos, vigilancia por medios satelitales, aéreos y marítimos, un sistema de comunicaciones robusto y resiliente, una red de autoridades marítimas y puestos de vigilancia en accesos a las aguas interiores. El empleo de medios de la autoridad marítima es complementado por otros medios de la Armada, que aportan mejores capacidades en cobertura oceánica, operación, equipos y sensores de mayor rendimiento en condiciones adversas.
La prevención se basa en la fiscalización de actividades en aguas jurisdiccionales, terminales marítimos y zona costera. También, incorpora la guía y ordenamiento de operaciones en zonas marítimas, señalización marítima, pilotaje y practicaje de naves, educación, planificación y sistema de manejo de riesgos de accidentes o incidentes que pongan en riesgo la vida de las personas, los bienes, los recursos naturales y el medio ambiente acuático.
La alarma se basa en el procesamiento oportuno y protocolos de comunicación y personal entrenado cubriendo un servicio ininterrumpido. En este ámbito se incluye el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (S.N.A.M.) integrado al Sistema Nacional de Protección Civil.
La capacidad de respuesta incluye la coordinación de rescate marítimo con centros a nivel nacional y regional, conectados a una red internacional, el accionar en funciones de policía marítima con patrulleros y aeronaves de la Autoridad Marítima y de la Armada.
Asimismo, la respuesta considera el trabajo coordinado con autoridades competentes en áreas tales como el combate al narcotráfico y contrabando vía marítima, pesca ilegal, el combate a la contaminación y el control del tráfico marítimo.
La capacidad de otorgar seguridad marítima en todo tiempo, incluyendo el control de áreas marítimas y el combate a ilícitos en el mar, ríos y lagos navegables, otorga una base fundamental para potenciar la capacidad de control del mar en caso de crisis o conflicto internacional en que se agregan nuevas amenazas, lo que exige una integración operacional efectiva desde tiempo de paz con el resto de las capacidades de la Defensa.
En el ámbito de la seguridad e intereses territoriales, en particular en seguridad marítima, el genera los siguientes desafíos para el sector Defensa:
. Optimizar la capacidad para otorgar seguridad marítima en un escenario de aumento de actividades públicas y privadas en las áreas de responsabilidad, asociado a factores de riesgo tales como crimen organizado (incluyendo narcotráfico vía marítima), depredación de recursos y contaminación del medio ambiente.
. Adoptar mejoras de capacidades de control y respuesta mediante herramientas tecnológicas en vigilancia remota y de gestión que, además, integren efectivamente diferentes medios con capacidades polivalentes tanto de la Armada como de las otras instituciones de la Defensa.
. Definir e incluir los nuevos roles asociados al resguardo de las áreas marinas protegidas dentro de nuestra zona económica exclusiva y las funciones de fi seguridad marítima y defensa de intereses nacionales en áreas de alta mar sujetas a normas internacionales de protección a la vida humana, conservación de recursos naturales y del medio ambiente.
. Mantener la eficacia en un escenario de crecimiento de la demanda por seguridad marítima y aumento de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.
c. Seguridad en el ámbito aeroespacial nacional
Desde el punto de vista de la seguridad, los espacios aéreo y ultraterrestre forman un ámbito único, el aeroespacial, que conecta sin barreras físicas todos los puntos de la Tierra. Este concepto también da origen al Sistema Aeroespacial Nacional, que abarca todas las actividades aéreas y espaciales, militares, civiles y comerciales en este ámbito, además de una amplia red de bases aéreas, aeropuertos y aeródromos nacionales, sistemas de control y comunicaciones, que proporcionan una conectividad diaria nacional e internacional en continuo crecimiento(64), altamente dependiente de la tecnología y de la seguridad de sus operaciones, lo que genera desafíos al sector Defensa.
Dentro de las amenazas específicas en este ámbito, se cuentan el uso del instrumento aeroespacial en conflictos armados, las incursiones de aeronaves no autorizadas para fines de espionaje o reconocimiento, los secuestros de aeronaves, incluyendo la posibilidad de usar la propia aeronave como arma, el sabotaje en contra de aeronaves, instalaciones o contra los sistemas de vigilancia, comunicaciones, posicionamiento y navegación, las ciberamenazas, y el uso del transporte aéreo para actividades del crimen organizado tales como el tráfico de mercancías ilegales o de personas, a lo que suma en la actualidad, la amenaza del uso de aeronaves no tripuladas en acciones militares o para cometer atentados terroristas o tráficos ilícitos.
La principal característica de estas amenazas es la rapidez con que se presentan, lo que implica tiempos muy cortos de reacción y, consecuentemente, exige disponer de un concepto operacional de empleo de sistemas de defensa aérea acorde, sistemas de protección, medidas preventivas y resiliencia, además de estructuras de decisión en tiempo casi real, apoyadas en sistemas de mando y control debidamente equipados y tripulados, y una alta coordinación con múltiples agencias, tanto a nivel nacional como internacional.
El Estado de Chile ejerce la soberanía sobre el espacio aéreo nacional a través de la Fuerza Aérea, en coordinación con la D.G.A.C., mediante actividades de vigilancia aérea, clasificación e identificación de tráficos, que incluye el empleo, en caso de requerirse, de capacidades de interceptación aérea en forma diurna o nocturna, siguiendo estrictos procedimientos y protocolos internacionales.
En cuanto al espacio ultraterrestre, Chile reconoce la importancia de ejercer sus derechos de acceso equitativo, dentro del marco de los acuerdos internacionales, en un entorno de mayor explotación de las órbitas satelitales, propiciando una participación cooperativa en materias de un mejor conocimiento situacional espacial.
El C.E. para la seguridad del espacio aéreo nacional implica los siguientes desafíos:
. Disponer de un sistema aeroespacial integrado entre el control civil y militar, que permita vigilar, controlar, fiscalizar y supervisar, en forma permanente, las actividades aéreas dentro del espacio bajo jurisdicción nacional, brindando seguridad y protección a la navegación aérea, además de las alertas oportunas para el empleo de los medios de defensa aérea en cortos tiempos de reacción.
. Fortalecer las estructuras decisionales y marco jurídico en materias de control y protección del espacio aéreo nacional, que comprendan todos los niveles, en tiempo de paz, crisis o conflicto, con sistemas de mando y control equipados y dotados adecuadamente para enfrentar nuevas amenazas y desafíos, en forma coordinada y expedita.
. Generar una acción coordinada para el mejor empleo de los recursos del Estado en seguridad de las operaciones aéreas, mediante las funciones que ejerce la Fuerza Aérea de Chile por medio de los Centros de Operaciones Aéreas (C.O.A.) distribuidos a lo largo del país, en conjunto con los Centros Regionales y el Centro de Control de Área Unificado de Santiago (A.C.C.U.), dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
. Contribuir a las actividades relacionadas con el conocimiento situacional espacial, en los aspectos de vigilancia y traqueo de objetos en órbita, que podrían afectar a la seguridad de los satélites nacionales.
d. Estados de Excepción Constitucional y Votaciones Populares
Es deber del Estado de Chile adoptar medidas que tiendan a prevenir situaciones que atenten contra el orden y la seguridad pública, así como a minimizar sus efectos. Esto, mediante actividades coordinadas entre los organismos que el ordenamiento vigente ha dotado de competencias sobre este particular.
En caso de Estados de Excepción Constitucional(65) de Emergencia o Catástrofe, la Defensa apoya a la autoridad política en la mantención del orden público, teniendo como foco principal la protección de la población.
En caso de Votaciones populares y escrutinios, el resguardo del orden público corresponderá a las FF.AA. y Carabineros, bajo el mando de un Jefe de Fuerza.(66)
Estas responsabilidades y atribuciones asignadas por la Constitución y las leyes a las FF.AA. exigen mantener actualizados los procesos de planificación operacional y logística, en una coordinación estrecha con las autoridades civiles competentes.
El C.E. genera los siguientes desafíos para la Defensa:
. Mantener un grado de alistamiento que asegure la disponibilidad de unidades entrenadas en estos escenarios, junto con contar con planes y disponer de claras orientaciones a los Jefes de Fuerza respecto al empleo de sus medios.
. Mantener el Sistema de Mando y Control de la Defensa con sistemas de comunicaciones robustas, seguras e interoperables, que permitan la coordinación interagencial ante una situación de emergencia nacional.
e. Intereses territoriales en la Antártica
Chile ha definido como primer objetivo de su Política Antártica Nacional (P.A.N. 2017) proteger los derechos soberanos de Chile sobre el Territorio Antártico Chileno, los que se encuentran cautelados en virtud de lo dispuesto en el artículo IV del Tratado Antártico. También busca consolidar una posición de liderazgo e influencia dentro del Sistema del Tratado Antártico, asegurando que la Antártica se mantenga libre de conflictos internacionales, fomentando la cooperación internacional y su uso con fines pacíficos y científicos, protegiendo y promoviendo el cuidado del medio ambiente.
La Defensa, mediante las instituciones de las FF.AA. y el Estado Mayor Conjunto cumplen tareas relevantes en la Antártica(67) coadyuvando a alcanzar los objetivos definidos en la P.A.N. 2017, entre ellas, la presencia efectiva y permanente; la conectividad marítima y aérea mediante capacidades de transporte estratégico; el apoyo a la ciencia antártica; la protección de la vida humana por medio de acciones de búsqueda y salvamento (S.A.R.); la publicación de cartografía náutica y terrestre; la fiscalización de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y la cooperación internacional.
El cumplimiento de la misión de la Defensa en el ámbito de protección y promoción de los intereses territoriales en la Antártica, genera los siguientes desafíos:
. Incrementar las actividades que fortalezcan los derechos soberanos que Chile posee en ese continente.
. Promover y reforzar el Sistema del Tratado Antártico, principalmente mediante una mayor presencia de Chile en sus foros y regímenes.
. Contribuir al resguardo y protección de nuestros intereses y derechos en la Antártica.
. Potenciar el control y prevención en las áreas en que el Estado de Chile tenga diferentes grados de jurisdicción o responsabilidad internacional, incluyendo las capacidades de fiscalización, búsqueda y salvamento, protección del medio ambiente y otras responsabilidades que sean asignadas por la legislación nacional y tratados internacionales vigentes.
. Mejorar la integración y coordinación superior de las actividades antárticas efectuadas por las instituciones de la Defensa y otros organismos nacionales, de manera de mejorar la sinergia y de evitar duplicidades.
. Mantener y fortalecer las capacidades operativas y logísticas para las actividades nacionales en ese continente, en concordancia con la Política Antártica Nacional y los lineamientos especiales que al respecto surjan del Consejo de Política Antártica.
. Modernizar la infraestructura aérea y portuaria de las bases nacionales antárticas y de los operadores antárticos de Defensa, en concordancia con los últimos avances en materia de respeto al medio ambiente, eficiencia energética y un diseño funcional, incluyendo las capacidades de apoyo a la seguridad de las personas y naves que operen en el sector antártico chileno, mediante la acción y presencia de autoridades marítimas y de aeronáutica civil.
. Incrementar nuestras actividades de presencia y apoyo a la ciencia hacia el interior del continente y hasta el Polo Sur, incluyendo la reactivación de la Base Carvajal, la operación temporal de la Estación de Glaciar Unión y las expediciones terrestres, marítimas y aéreas hacia el sur del paralelo 75º S.
. Fortalecer el posicionamiento de Chile como país puente y a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como la puerta de entrada a la Antártica, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura para sostener capacidades de transporte y apoyo a las expediciones y actividades antárticas desde Punta Arenas y Puerto Williams.
4. C.E. en Emergencia Nacional y Protección Civil
Las FF.AA. son parte integral del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que exige mantener un grado de preparación, planificación y definición de las posibles estructuras de Mando y Control que optimice la oportuna, eficaz y eficiente respuesta ante situaciones derivadas de catástrofes tanto naturales como antrópicas, así como también de emergencias sanitarias (pandemias y epidemias) y/o de cualquier otra índole.
La participación de las FF.AA. en estas misiones no debe entenderse como una desnaturalización de su función principal en el ámbito de la seguridad exterior, ya sea en crisis o conflicto internacional. Su accionar efectivo, además del cumplimiento de un mandato legal, representa un beneficio necesario, inmediato y demandado por el país para contribuir a contener y mitigar los efectos de una emergencia en tiempo de paz. Las FF.AA. se deben a la sociedad que las origina, conforma y sustenta, por tanto, su contribución en situaciones de emergencia civil o catástrofe constituye un deber moral irrenunciable.
Adicionalmente, este accionar ante emergencias permite evaluar el alistamiento de las FF.AA., en particular su organización, estructura y procesos de toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Ello contribuye a lograr mejores condiciones para una adecuada transición desde tiempo de paz hacia situaciones de crisis.
En el Área de Misión Emergencia Nacional y Protección Civil, se generan los siguientes desafíos para el Sector Defensa:
. Mantener actualizados planes para diferentes escenarios, determinando cuáles son las capacidades que pueden aportar las FF.AA. en cada uno de ellos y cuál es su concepto operacional asociado. Entre las capacidades relevantes que pueden considerarse, se encuentran las siguientes:
i. Mando, Control y Comunicaciones, con puestos fijos y móviles.
ii. Transporte a las zonas afectadas, por aire, mar o tierra, en corto aviso y alcanzando lugares de difícil acceso, con ayuda material y personal de apoyo.
iii. Apoyo sanitario (hospitales, tiendas de campaña, buques hospital, traslado de equipamiento médico, evacuación de pacientes críticos, etc.).
iv. Apoyar el abastecimiento y los servicios básicos para la población, incluyendo cuando sea necesario la generación y distribución de agua potable y electricidad.
v. Vigilancia, rebusca y recopilación de informaciones desde diversas fuentes, para contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de las autoridades civiles y militares.
vi. Personal organizado, entrenado y disponible en corto aviso para cumplir funciones previamente definidas (Brigadas forestales, Patrullas de Montaña, Patrullas Anfibias, Unidades de Fuerzas Especiales y de reacción rápida, entre otras).
vii. Búsqueda y Salvamento de personas en zonas de difícil acceso.
. Desarrollar los mecanismos de Mando, Control y coordinación interagencial para el empleo eficaz, eficiente e integrado de las capacidades de la Defensa ante situaciones de emergencia o catástrofe, en los niveles nacional, regional y local.
. Mantener el desarrollo del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, dependiente de la Armada e integrado al Sistema de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencias (O.N.E.M.I.), el cual está orientado a entregar información oportuna y detallada respecto a las probabilidades, magnitudes y efectos de un maremoto en las costas de Chile tricontinental, de manera de ayudar en la planificación y toma de decisiones de las autoridades competentes para la protección civil y protección en el sector marítimo y en el sector Defensa.
. Mejorar la contribución de la Dirección Meteorológica de Chile dependiente de la D.G.A.C. y el Servicio Meteorológico de la Armada a la O.N.E.M.I. en cuanto a las alertas oportunas y toma de decisiones respecto a fenómenos meteorológicos y oceánicos que puedan producir daños a la población e infraestructura crítica nacional.
5. C.E. en Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado
El Ministerio de Defensa y las FF.AA. constituyen parte de la Administración del Estado y deben contribuir y promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, fomentando el desarrollo del país. Junto a los otros órganos de la Administración del Estado deben actuar coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.(68)
En ese marco de referencia, en situaciones definidas por el Ministro de Defensa Nacional y considerando el principio de servicialidad(69) del Estado a las personas, las FF.AA. contribuyen con sus capacidades disponibles al desarrollo del país y a las autoridades civiles en los ámbitos de apoyo en zonas aisladas, preservación de tradiciones y valores patrios y servicio militar. Esto incluye el trabajo de conectividad terrestre en zonas de difícil acceso realizado por el Cuerpo Militar del Trabajo, que contribuye a la integración física de todo nuestro territorio.
En el Área de Misión Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado, se generan los siguientes desafíos para el sector Defensa:
. Continuar con el apoyo médico-social y de conectividad en zonas extremas o aisladas o donde la presencia del Estado sea insuficiente, así como en la construcción de caminos y obras civiles en dichas zonas, de evacuaciones aeromédicas o ante circunstancias que dificulten los procesos o capacidades normales de las autoridades competentes.
. Seguir incentivando la voluntariedad en el ingreso al Servicio Militar y continuar preservando las tradiciones que identifican a la ciudadanía con los valores patrios.
. Fortalecer los centros de estudios de seguridad y defensa, en particular la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), dependiente del Ministerio de Defensa, para efectos tanto de docencia, investigación y vinculación con el medio en lo relacionado con estas materias.
. Fomentar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación nacional (I+D+i) en los procesos de educación, sostenimiento, logística y desarrollo de capacidades estratégicas. En particular, considerar aspectos como Inteligencia Artificial (IA), análisis de "bigdata", robótica, vehículos no tripulados o autónomos, entre otros.
. Identificar las capacidades industriales de la Defensa, que puedan contribuir a fomentar las actividades orientadas a capacitar y/o desarrollar proyectos científicos y tecnológicos integradamente con los organismos que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación(70), según las prioridades que determine la Defensa, y coherente con la Estrategia Nacional y Política Nacional de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el acceso a recursos colaborativos.
. Aportar con las capacidades de la Defensa a promover la generación de conocimiento en áreas como: investigación sobre el territorio, elaboración de elementos cartográficos, simulación, planificación, mando y control, entre otras.
. Generar nuevas capacidades en I+D+i que permitan incrementar el grado de independencia tecnológica, reducir la brecha tecnológica de la Defensa Nacional y lograr independencia logística en elementos claves.
. Fortalecer la detección temprana, entendimiento de su potencial y eventual incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas para la creación de nuevas capacidades de defensa y que además contribuyan al desarrollo económico nacional.
. Apoyar la investigación científica en el área oceanográfica, en hielos continentales, Antártica y zonas terrestres de difícil acceso.
. Contribuir al desarrollo de un plan espacial nacional que, además de las capacidades propias de la Defensa, incorpore un impulso al desarrollo científico-tecnológico nacional, en áreas tales como la gestión autónoma de información geoespacial, el diseño y construcción nacional de satélites y cargas útiles, el lanzamiento y operación de un sistema satelital nacional, y un sistema de telecomunicaciones en apoyo a la distribución de imágenes e información geoespacial.
. Contribuir a las actividades relacionadas con el conocimiento de la situación espacial, en aspectos claves como el estudio del clima espacial, vigilancia y traqueo de objetos en órbita y de objetos cercanos a la tierra.
En el caso de las actividades de apoyo a otros organismos del Estado, ellas deben tener una relación directa con el cumplimiento de tareas de la Defensa, así como ser parte de procesos de entrenamiento o de desarrollo de la Fuerza.
D. Capacidades Estratégicas
1. Introducción
La Estrategia de la Defensa refleja la interacción entre fines y medios, mediante un concepto estratégico de empleo, y se produce dentro de un marco delimitado por el entorno de seguridad, los posibles escenarios de empleo y los recursos disponibles, lo que implica necesariamente una decisión política para establecer los niveles de riesgo aceptables, entendiendo que no existe una solución perfecta ante la incerteza respecto a escenarios futuros de empleo de los medios.
Los medios a que se refiere la Estrategia de Defensa en esta Política se representan por la habilidad para generar efectos, lo que constituye las "Capacidades Estratégicas". Estas capacidades se fundan en la disponibilidad e integración funcional de: Material, Entrenamiento, Recursos Humanos, Organización, Doctrina, Infraestructura, Sostenibilidad e Información, necesarias para cumplir las misiones asignadas a la Defensa Nacional.(71)
Infografía Nº6. Capacidades Estratégicas.
Fuente: Subsecretaría de Defensa
2. Áreas Generales de Capacidades Estratégicas
Para orientar la concepción y visión superior de las capacidades estratégicas que nuestro país considera esenciales para su defensa, éstas se agrupan en "áreas generales de capacidades estratégicas", y representan un ordenamiento de las habilidades de las fuerzas para la ejecución de las tareas y cumplir el concepto estratégico para cada Área de Misión.
Estas áreas generales contienen capacidades estratégicas afines que concurren al cumplimiento de los objetivos definidos. Desde la mirada funcional, se produce una convergencia de ellas hacia el área general de capacidad "superioridad operacional", dado que representa la habilidad esencial de la Defensa, siendo el resto aquellas que generan y soportan su desarrollo y empleo.
En la presente Política de Defensa se han definido siete áreas generales de capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, las que se describen a continuación:
Infografía Nº 7. Áreas Generales de Capacidades Estratégicas.
Fuente: Subsecretaría de Defensa.
a. Superioridad Operacional
Esta área general agrupa capacidades que habilitan o permiten la acción militar sobre objetivos estratégicos adversarios. Considera obtener y emplear la libertad de acción e iniciativa, utilizando múltiples dimensiones y combinaciones de métodos de acción que minimicen o neutralicen la capacidad de acción adversaria. Esto incluye el empleo sincronizado y conjunto de fuerzas en las dimensiones terrestre, marítima, aeroespacial, del espectro electromagnético y del ciberespacio(72).
Asimismo, contempla la capacidad para accionar en forma simultánea o secuencial en varios frentes, incluyendo capacidades para actuar en la profundidad adversaria, en forma selectiva y evitando daños colaterales no deseados.
Lo anterior asume contar con atributos de agilidad y rapidez tanto en los procesos de toma de decisiones como en la acción, para mantener la iniciativa en contextos ya sea de conflicto convencional o de naturaleza híbrida.
Adicionalmente, en esta área general se encuentra comprendida la capacidad de operar en el ambiente de la información, cuyo objetivo es la voluntad y conocimiento de los líderes y los procesos involucrados en la toma de decisiones relacionadas con una eventual agresión sobre nuestro país.
Las capacidades contenidas en esta área general se manifiestan tanto como método de coerción, de influencia o una combinación de ellos en el manejo de una crisis o conflicto.
El potencial que representan las capacidades comprendidas en esta área general, junto a la demostración de voluntad política, son los elementos fundamentales para lograr el éxito de la disuasión por parte del Estado, así como para contar con alternativas efectivas ante los escenarios evolutivos que caracterizan el contexto de seguridad actual.
b. Protección
Esta área general incluye las capacidades para proteger objetivos estratégicos propios, incluyendo las infraestructuras físicas y de información, las fuerzas, bases, soporte logístico y la población en general, respecto de acciones ofensivas adversarias.
Las capacidades en esta área son provistas tanto por las mismas fuerzas que otorgan la superioridad operacional, empleadas en neutralizar fuerzas que ataquen, como también por fuerzas y sistemas especializados en defensa de objetivos propios, en un empleo coordinado.
Esta área general contiene capacidades de alerta y alarma temprana, neutralización de ataques en todas las dimensiones (tierra, mar, aire, espectro electromagnético y ciberespacio), incluyendo capacidades y resiliencia para neutralizar actos hostiles contra sistemas vitales de la defensa en el ciberespacio y también para la defensa contra operaciones de información adversarias.
En casos de emergencia, o ante los efectos derivados de desastres naturales o antrópicos, parte de las capacidades aquí agrupadas se emplean en la protección de la población y de la infraestructura vital para el sostenimiento del país, así como en el cumplimiento de roles de resguardo del orden público en Estados de Excepción Constitucional o en actos electorales, de acuerdo a la Constitución y las leyes.
c. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
Esta área general agrupa a las capacidades estratégicas que permiten obtener superioridad en la información y decisión, mediante la conformación de un panorama o conciencia situacional completa y oportuna, que contribuya a mantener la iniciativa.
En el contexto de la contribución de la Defensa a la seguridad de Chile, las capacidades asociadas a la inteligencia resultan fundamentales en la provisión de antecedentes para la toma de decisiones, que no son posibles de obtener con otras herramientas.
De igual manera, evita las sorpresas estratégicas, aportando con alerta temprana y una capacidad de análisis que es capaz de interpretar y dar valor a señales que, por débiles que puedan parecer, requieren una proactividad del Estado. Todo ello redunda como habilitador de la anticipación estratégica, insumo fundamental para conceptualizar el desarrollo futuro de capacidades y la concepción del empleo de los medios.
El valor de la anticipación estratégica que otorga una arquitectura ISR robusta y permanentemente operativa, radica en el principio de economía de fuerzas y es una repuesta sólida para que una Defensa moderna sea tan ágil como requiere un entorno de alta volatilidad, incertidumbre y ambigüedad, donde las amenazas mutarán acelerada y constantemente, configurando escenarios cuya visualización es compleja.
Lo anterior incluye procesos, plataformas y sistemas integrados orientados a obtener buscar y mantener actualizada información relevante, análisis y producción de Inteligencia, incluyendo procesos de alerta, así como procesos de seguimiento de acciones y evaluación de daños.
Las capacidades agrupadas en esta área, a nivel superior, permiten obtener alerta y alarma estratégica y, en niveles operacionales y tácticos, apoyan la toma de decisiones en escenarios asociados al cumplimiento de tareas en diversas Áreas de Misión. Ello incluye alertas sobre amenazas emergentes, actividades ilícitas en zonas fronterizas terrestres, vigilancia y control áreas terrestres, marítimas y espacios aéreos en que el Estado debe ejercer sus competencias. Asimismo, permite otorgar alerta y orientar los esfuerzos de prevención y respuesta ante tsunamis, terremotos y otras potenciales catástrofes.
Finalmente, las capacidades contenidas en esta área general otorgan externalidades positivas en productos e información que contribuyen a la acción del Estado y a múltiples áreas de actividad pública y privada, otorgando cierto grado de autonomía en la generación de información sobre nuestro territorio.
d. Mando y Control Integrado
En esta área general se incluyen las capacidades para apoyar la toma de decisiones oportunas, apreciar la situación en forma comprehensiva, crear entendimiento compartido, planificar, preparar, conducir y evaluar en una situación de crisis, conflicto o emergencia nacional, abarcando desde el más alto nivel político hasta la conducción operacional y táctica de fuerzas militares.
Para lograr su propósito, las capacidades aquí consideradas incorporan personal entrenado, procesos eficaces, sistemas de información, procesamiento y comunicaciones que permitan ejercer, de forma rápida y eficaz, las funciones de mando en un ciclo permanente que incluye la concepción, planificación y emisión de órdenes, control de las operaciones y retroalimentación.
Esta es un área general de capacidad que es esencial como elemento habilitador y multiplicador de las potencialidades de las áreas de capacidades de Superioridad Operacional y de Protección y, considerando las diferentes dimensiones de empleo y escenarios en que debe actuar la Defensa, la capacidad de Mando y Control integrado debe ser ágil y flexible, para adaptarse a diferentes estructuras de mando conjunto, interagencial y combinado.(73)
e. Movilidad y Proyección
Incluye capacidades orientadas al aseguramiento de la disponibilidad y despliegue de medios, en forma íntegra, rápida y con mínimo aviso, para actuar en los escenarios y misiones previstas. Considera bases para sostenimiento, protección, predespliegue o despliegue, así como medios de transporte aéreo, terrestre o marítimo, ampliando las opciones del mando para optar por la combinación más adecuada según factores de seguridad, alcance, accesibilidad y otros.
Estas capacidades habilitan y potencian las áreas de "Superioridad Operacional" y "Protección", permitiendo la concentración de los medios en tiempos de normalidad para optimizar su entrenamiento y sostenimiento logístico, la libertad de acción para su despliegue o posicionamiento donde sean requeridos, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.
Un factor determinante de esta área general de capacidad es la necesidad de lograr la máxima operatividad de la fuerza desplegada en el mínimo tiempo, lo que es determinado por la forma de transporte y los medios empleados, junto a un equipamiento y entrenamiento adecuado.
Estas capacidades también resultan decisivas para apoyar los esfuerzos de respuesta en casos de emergencia y catástrofes, incluyendo el transporte de carga y de personal de apoyo hacia y desde una zona afectada, además de la evacuación masiva de personas.
f. Sostenibilidad
Con esta área general de capacidades se busca garantizar la disponibilidad operacional adecuada de las fuerzas, para asegurar su empleo como está previsto en los diferentes escenarios y Áreas de Misión.
Incluye la capacidad de sostenimiento durante el ciclo de vida de plataformas o unidades, sistemas e infraestructura, además del apoyo al personal que opera los medios, incluyendo el entrenamiento, abastecimiento y apoyo logístico de fuerzas desplegadas, durante tiempos prolongados y en áreas distantes. Esto último relaciona esta área con Movilidad y Proyección.
La capacidad de las organizaciones logísticas de la Defensa, incluyendo la industria nacional pública y privada, son de relevancia para asegurar la disponibilidad operacional requerida de manera oportuna, eficiente y con independencia respecto de potencias externas en situaciones de crisis.
g. Despliegue Territorial
Esta área general de capacidad tiene una especial significación para Chile. Con ella se busca lograr la presencia efectiva de medios de la Defensa en diferentes áreas geográficas del país. Estos cooperan con el Estado para lograr el control de las zonas fronterizas e integridad territorial generando soberanía efectiva, disuasión, capacidad de reacción rápida ante emergencias, cumplimiento de tareas en tiempo de paz, y apoyo a la acción del Estado, junto con promover el compromiso ciudadano de la Defensa.
Lo anterior genera la necesidad de tener presencia e influencia en las áreas de valor geoestratégico a lo largo del territorio nacional.
Implica contar con fuerzas desplegadas en forma permanente en diferentes áreas geográficas, considerando personal, infraestructura, apoyo logístico distribuido, capacidad de información y de Mando y Control, además de conectividad física que permita integrar las fuerzas desplegadas en todo el territorio.
Considera, cuando por motivos estratégicos o de emergencia se requiera, la capacidad de despliegue temporal y potenciamiento de áreas de interés.
3. Orientaciones para el Desarrollo de Capacidades Estratégicas
a. Consideraciones generales
La Defensa es un bien público puro(74), los recursos para invertir en ella son finitos y deben balancearse con las otras necesidades del Estado.
La generación, desarrollo y mantención de capacidades estratégicas es un proceso de mediano y largo plazo, que requiere la inversión de recursos económicos.
La determinación del nivel y tipo de capacidades estratégicas que el país requiere, así como del grado de alistamiento operacional de los medios(75), se produce dentro de un marco delimitado por el entorno de seguridad, los posibles escenarios de empleo y los recursos que el Estado disponga para invertir en Defensa.
Esto implica una decisión política para establecer los niveles de riesgo aceptables, entendiendo ese "riesgo" como una medida de la brecha existente entre la Defensa que idealmente Chile requiere para un escenario de máxima demanda posible y aquella que efectivamente posee. Se asume que no existe una solución perfecta ante la incertidumbre respecto a escenarios futuros de empleo de los medios.
Lo ideal es que la interacción de todas las variables se produzca en un equilibrio, donde los fines se encuentran claramente definidos, la estrategia es coherente con esos fines, los medios son suficientes, saber: material, entrenamiento, recurso humano, organización, doctrina, infraestructura, sostenimiento, informaciones (MERODISI).
Dicho equilibrio es difícil de mantener. En efecto, si el entorno estratégico cambia inesperadamente, esto obligará a evaluar los riesgos. Si estos cambios afectan la seguridad del país, deberán adaptarse los medios, modificar la estrategia o finalmente, modificar los objetivos o fines que se han trazado.
Como se señaló anteriormente, las capacidades estratégicas no se limitan sólo a los medios materiales que componen las fuerzas, sino que necesariamente integran otros factores tales como el entrenamiento, los recursos humanos, la organización, la doctrina, la información, el sostenimiento y la infraestructura, en una lógica sistémica y sinérgica.
Para sostener las capacidades es necesaria una planificación que considere todos estos elementos y su desarrollo durante todo el ciclo de vida de los sistemas.
Las capacidades estratégicas de la Defensa deben ser evaluadas periódicamente para verificar su coherencia con los desafíos del entorno estratégico y las necesidades del país, y en particular, determinar si permiten cumplir con los objetivos impuestos, del modo establecido por el Concepto Estratégico.
b. Personal y entrenamiento
Si bien las plataformas y sistemas de armas son elementos fundamentales en el contexto de las capacidades, lo decisivo es contar con personal profesionalmente competente, entrenado, comprometido con los valores de la Defensa Nacional, disciplinado y organizado.
En efecto, el factor humano es un elemento fundamental en el contexto de las capacidades estratégicas, ya que es el que finalmente opera los sistemas, combate, toma decisiones y en general es el que otorga flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia, frente a un contexto aceleradamente complejo.
Para lograr lo anterior se requiere mantener un robusto sistema de captación, educación, capacitación, entrenamiento y retención del personal de las FF.AA. La modernización de los sistemas y las mayores exigencias operacionales, hacen necesario contar con personal capacitado con mayor estabilidad y permanencia, como una manera de asegurar eficiencia en la inversión de recursos en su formación profesional y mayor eficacia en el empleo de las capacidades estratégicas.
La efectividad y nivel de alistamiento exigido a la Defensa requiere contar con procesos permanentes de entrenamiento de su personal, con altos estándares de operación, eficaz y segura, de sistemas y unidades. Esto hace necesario considerar el entrenamiento como parte integral del desarrollo y sostenimiento de las capacidades estratégicas.
En el caso particular del Ejército, es necesario avanzar hacia una reducción del impacto sobre la disponibilidad permanente de las capacidades que genera la actual dependencia del Servicio Militar Obligatorio, mejorando el balance con el sistema de Tropa Profesional y Planta.
Asimismo, resulta fundamental que el personal de las FF.AA. cuente con un sistema integral de apoyo, acorde con sus condiciones de desempeño y despliegue. Ello requiere considerar, como parte del desarrollo de las capacidades estratégicas, inversiones en infraestructura de apoyo y sostenimiento al personal.
La inversión que Chile realiza en mantener una Defensa eficaz, con FF.AA. modernas, profesionales, entrenadas y equipadas para su función principal, debe significar no sólo un beneficio de seguridad externa, sino que además debe significar un aporte a la seguridad y desarrollo del país en general.
En ese sentido, debe destacarse que el personal del sector Defensa es el mejor vector de vinculación con la sociedad civil, en su labor permanente en las diferentes Áreas de Misión y en instancias de relacionamiento profesional y académico, que permite incrementar el conocimiento y la conciencia sobre la Defensa en la población a la que sirve.
Adicionalmente, este personal, habiendo sido formado en valores y aptitudes exigentes para el servicio al país en todo tiempo, continúa representando un aporte a la sociedad después de su servicio activo en múltiples ámbitos de actividad en la sociedad civil, lo que debe ser entendido como una externalidad positiva de la inversión en su formación integral.
c. Desarrollo de la Fuerza
Se define como "La Fuerza" al conjunto de medios humanos y materiales aportados por las FF.AA. y el Estado Mayor Conjunto organizados como unidades militares y entrenadas para la realización de operaciones en cumplimiento de tareas consideradas en las diferentes Áreas de Misión, incluyendo su despliegue territorial.
"La Fuerza" como conjunto está compuesta por diferentes medios militares, que son los elementos concretos que otorgan las capacidades estratégicas de la Defensa. Cada uno de estos medios o fuerzas componentes puede proveer diferentes capacidades de acuerdo con el escenario y el empleo previsto.
Los medios o fuerzas componentes, que incluyen personal y material son generados, sostenidos y preparados por las diferentes instituciones de las FF.AA., siendo entrenadas para actuar en forma conjunta por intermedio de doctrinas y procesos dirigidos por el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
La Planificación de Desarrollo de la Fuerza es la formulación de las previsiones de desarrollo en el tiempo respecto de los diferentes medios militares o fuerzas componentes que deben ser aportados por las FF.AA. y el Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a las orientaciones de esta Política de Defensa.
Ello se materializa mediante programas y proyectos de inversión asociados principalmente a medios materiales, infraestructura y sostenimiento, los que deben considerar el desarrollo asociado en personal, doctrina, entrenamiento y otros que permitan alcanzar efectivamente las capacidades estratégicas deseadas.
La planificación de desarrollo de la fuerza debe cumplir las orientaciones para el desarrollo de capacidades estratégicas de esta Política y considerar los siguientes factores:
i. Fuerzas actuales, capacidades estratégicas y eficacia operacional alcanzadas, principales sistemas que las componen, nivel de alistamiento operacional alcanzado, costos de operación, capacidad y costo de sostenimiento, manejo de obsolescencias, eficiencia logística y vida útil remanente.
ii. Demandas de evolución en capacidades estratégicas requeridas, derivadas de cambios en los escenarios, en los objetivos, en las prioridades o en la estrategia de la Defensa de acuerdo con la orientación política superior.
iii. Marco financiero esperado en el corto, mediano y largo plazo que permita generar y sostener la estructura de fuerzas y su evolución en el tiempo.
La planificación de desarrollo de la fuerza quedará definida en un Plan elaborado con un horizonte de tiempo de 12 años, que incorpore los diferentes programas y proyectos de inversión de corto (4 años) y mediano plazo (5 a 12 años), priorizados y programados en el tiempo, con una visión de largo plazo, de acuerdo con las orientaciones de esta Política de Defensa.
d. Efectividad
Una tarea prioritaria para el Ministerio de Defensa Nacional es desarrollar y mantener capacidades efectivas de las FF.AA. que contribuyan a la disuasión y, en caso de su empleo, permitan superioridad operacional, que asegure las mejores probabilidades de éxito en el cumplimiento de sus objetivos, en todo el rango de sus tareas y misiones.
Lo anterior considera mantener y mejorar las capacidades estratégicas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de las distintas tareas y misiones operacionales.
La reposición, actualización o modernización de los sistemas de armas será evaluada en función de su contribución a estas capacidades, considerando alternativas de soluciones materiales y no materiales, la tecnología de avanzada y las necesidades globales de la Defensa.
Las fuerzas actuales representan un activo a considerar, pero no es imperativa su mantención en el tiempo si es que existen otras formas más eficientes de lograr las mismas capacidades; como tampoco si fuera necesario invertir en otro tipo de fuerzas para generar capacidades que permitan enfrentar los nuevos desafíos. Lo anterior debe ser ponderado respecto de la mantención del equilibrio de los elementos de poder nacional, con una visión de Estado.
Por lo tanto, el criterio orientador es definir capacidades a mantener o desarrollar, por sobre el paradigma de la mantención de activos capitales o fuerzas actuales. En función de ello, una actitud proactiva y de anticipación, obliga a un análisis permanente de los escenarios futuros, de modo de anticipar las capacidades debidas.
Para no degradar la efectividad de las capacidades estratégicas, en algunos casos será necesario mantener o reemplazar ciertas plataformas y actualizar o modernizar determinados sistemas. En otros casos, será válido el retiro programado de plataformas o sistemas cuyos costos de mantenimiento y operación sean ineficientes, por exceso de años de servicio, por haber cumplido su ciclo de vida o perdido su eficacia(76).
e. Polivalencia, polifuncionalidad y adaptabilidad
En el desarrollo de las capacidades estratégicas, se privilegiará la polivalencia de los medios, la polifuncionalidad del personal y la adaptabilidad de las estructuras de Mando y Control. Esto permite disponer de capacidades efectivas para su empleo en otras Áreas de Misión.
Al respecto, un factor relevante que se debe valorar para aportar en situaciones de emergencia o necesidades de apoyo a las autoridades civiles en tiempo de paz es el enorme potencial que representa la disponibilidad de personal entrenado, bajo una estructura profesional, jerarquizada y disciplinada, con la capacidad de actuar con mínimo aviso cumpliendo tareas en apoyo al país y su población en situaciones de alta demanda.
f. Visión conjunta e integral superior
La planificación de desarrollo de la Fuerza debe considerar una visión conjunta e integral superior, dirigida por el Ministerio de Defensa Nacional que priorice y ordene cuáles son las fuerzas que cada institución debe generar, velando por una composición entre los diversos elementos que originan capacidades estratégicas, con sinergia y eficiencia.
Asimismo, las fuerzas asignadas por las ramas de las FF.AA. deben ser capaces de operar eficaz y eficientemente en forma conjunta, bajo los criterios de interoperabilidad y doctrina definidos por el Estado Mayor Conjunto.
En tal sentido, el desarrollo de las capacidades estratégicas debe prever que exista flexibilidad para disponer diferentes estructuras de mando adecuadas para cada tarea y escenario, de modo que sea posible integrar fuerzas provenientes de diferentes instituciones bajo un mando operacional único o en funciones de mando de apoyo.
Cada institución debe aportar a las capacidades conjuntas desde su especificidad y con sus competencias principales. Algunas de estas competencias no son exclusivas de una sola institución y, por ende, debe buscarse un justo equilibrio en el desarrollo de éstas, a fin de evitar duplicidad de medios y superposiciones.
Esto, además, permite identificar funciones comunes a más de una institución, en los ámbitos de entrenamiento y logística, que pueden ser abordadas desde una perspectiva conjunta que la enriquezca y haga más eficiente.
g. Tecnología e Industria de Defensa
La planificación de desarrollo de capacidades estratégicas debe considerar el empleo de tecnología de punta que ayude a lograr superioridad operacional, como elemento potenciador de fuerzas, así como para lograr mayor eficiencia en aspectos de sostenimiento y desarrollo.
La tecnología de avanzada no sólo debe procurarse para las plataformas y sistemas de armas, sino también para los sistemas y procesos de toma de decisiones que exigen un manejo de grandes volúmenes de información en tiempos acotados, generalmente no factibles de procesar por la mente humana en los tiempos requeridos.
En ese sentido, deben introducirse tecnologías y algoritmos asociados a la robótica, inteligencia artificial, análisis de datos, vehículos no tripulados, nanotecnología, tecnología de materiales, ciencias sociales, entre otras.
La inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la Defensa requiere integrar a científicos, técnicos, Universidades y Centros de Investigación nacionales, de manera de contribuir al desarrollo del país. Se trata de generar una masa crítica altamente capacitada por medio del desarrollo de una industria nacional de Defensa que genere externalidades positivas sobre la economía, el empleo calificado, el desarrollo científico-tecnológico, y la independencia de proveedores externos, entre otros beneficios.
Para asegurar el uso eficiente de la tecnología se requiere el diseño e implementación de medidas que provean de educación, capacitación y entrenamiento acorde a los desafíos que representan.
Al mismo tiempo, se debe considerar el evitar generar vulnerabilidades producto de dependencias tecnológicas y prever las complejidades que éstas puedan producir en operaciones en escenarios y tareas en donde no se cuente con el soporte adecuado, generando alternativas que den continuidad operacional en caso de una degradación del soporte tecnológico avanzado.
En este sentido, las Empresas Estratégicas de Defensa (FAMAE, ASMAR y ENAER) representan un elemento clave, en primer lugar, para el sostenimiento logístico integral de los sistemas de las FF.AA. y, adicionalmente, contribuir a la investigación, innovación, desarrollo y producción de equipamiento militar o con uso dual, lo que permitirá alcanzar niveles mínimos de autonomía nacional.
Lo anterior requiere una definición superior de las líneas de desarrollo, el direccionamiento de los esfuerzos y de sus prioridades.
h. Capacidades espaciales de Defensa
Las capacidades espaciales de Defensa buscarán avanzar en la autonomía y soberanía de las operaciones espaciales del país, que favorezca el acceso y empleo del espacio como un dominio que contribuya a la gestión del territorio, al desarrollo y a la seguridad nacional.
Dentro de estas capacidades, el énfasis estará en el desarrollo de programas de diseño, construcción, implementación y explotación de sistemas espaciales e infraestructura terrestre asociada que permitan, al final de la década, contar con una constelación propia de satélites con múltiples sensores.
En estos programas, se buscará mantener o incrementar aquellas capacidades que confieran a Chile un grado de autonomía en las áreas de observación de la tierra, teledetección y comunicaciones satelitales. Además, se buscará incursionar en el desarrollo de otras áreas de aplicación satelital, tales como posicionamiento y navegación y estudio del clima espacial, así como en capacidades de lanzamiento, control de los elementos que orbitan la tierra y en tecnologías de información geoespacial, en forma conjunta con la actividad científica nacional y la cooperación internacional.
Complementariamente, se buscará desarrollar una gestión estatal autónoma y soberana de datos geoespaciales, aprovechando al máximo la disponibilidad de información tanto propia como de terceros, no sólo para las necesidades de la Defensa, sino también para aportar a la gestión de emergencias y al progreso y desarrollo científico tecnológico del país.
i. Capacidad para generar Inteligencia
Una prioridad de la Defensa es contar con una arquitectura y sistemas eficaces e integrados de obtención y análisis de información útil, esto es, Inteligencia, tanto para apoyar los procesos de conducción y toma de decisiones en todos los niveles, así como para contribuir a evitar sorpresas estratégicas, habilitando una postura proactiva y con visión de mediano y largo plazo.
Esto incluye inversiones en capital humano, infraestructura, equipamiento y tecnología, como asimismo la adaptación de los procedimientos y la evolución hacia centros de análisis y fusión de información con alta prioridad en el nivel conjunto e interagencial, que sean consecuentes con el alistamiento operacional previsto para las capacidades estratégicas definidas.
j. Capacidades de Ciberdefensa
Considerando el aumento de la condición de riesgo por el uso hostil del ciberespacio, sumado a la mayor dependencia y relevancia de este dominio debido a la transformación digital y tecnológica, se dará alta prioridad al desarrollo de la ciberdefensa, en concordancia con la Política de Ciberdefensa, y con medidas tales como:
1. Aumentar la ciberseguridad de la infraestructura crítica de información propia, para resguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sistemas y redes de comunicaciones, mando y control y sistemas de armas.
2. Aumentar las capacidades de efectuar ciberoperaciones (empleo de las capacidades ciber con el propósito de alcanzar objetivos en o mediante el uso del ciberespacio), ya sea en forma separada o como respaldo de las operaciones militares tradicionales, explotando las vulnerabilidades de potenciales agresores en sus redes y sistemas de información.
3. Contribuir a la ciberseguridad de la infraestructura crítica del Estado. En este último sentido, las capacidades de ciberdefensa deben actuar en forma sinérgica y coordinada con el resto de las capacidades de ciberseguridad del Estado, además de cooperar con otros países amigos en aspectos de intercambio de información y apoyo mutuo.
4. Generar competencias en el capital humano, tanto especializado como en los niveles de toma de decisiones.
5. Avanzar en la adecuación de las organizaciones, generar doctrinas de empleo actualizadas e incorporar entrenamiento avanzado en el empleo del ciberespacio como nuevo dominio, incluyendo la creación de un Comando Conjunto de Ciberdefensa y un CSIRT de la Defensa dependientes del Jefe de Estado Mayor Conjunto.
6. Mantener un grado de alistamiento operacional permanente, pero escalable a las necesidades que surjan del entorno de la Defensa y de la seguridad del país.
k. Capacidad para enfrentar amenazas híbridas
Dado el carácter híbrido de potenciales amenazas en el entorno de la Defensa, queda establecida la necesidad de disponer de capacidades estratégicas que presenten un obstáculo disuasivo y desarticulador, para evitar la combinación disruptiva de modos y medios que dichas amenazas presentan.
No es posible enfrentar amenazas del tipo híbrido desde un enfoque tradicional del empleo de los elementos del poder nacional y en ese sentido la Defensa tiene la obligación de explorar aproximaciones estratégicas novedosas y la responsabilidad de coordinar y fusionar los esfuerzos de, a lo menos, ciberdefensa, inteligencia, operaciones especiales y, fundamentalmente, la capacidad de maniobrar en el ambiente de la información, dada la disputa por la superioridad de influencia en el dominio cognitivo del conflicto.
Lo anterior debe considerar el desarrollo de nuevas capacidades y medidas para enfrentar este tipo de potenciales amenazas, incluyendo:
1. Incrementar la coordinación interagencial en materias tales como ciberseguridad, inteligencia y cooperación internacional. Esto debe incluir la coordinación entre Defensa, policías, extranjería y aduanas.
2. Potenciar y aumentar las capacidades de operaciones en ambientes multidominio, con especial énfasis en el dominio cognitivo o de la información, y la integración de fuerzas altamente entrenadas con capacidad de maniobra en el ambiente de la información y escenarios de amenaza híbrida.
3. Potenciar las capacidades de anticipación, elaboración de escenarios y doctrina, alistamiento operacional y respuesta, entrenamiento conjunto e interagencial para operar en ambiente híbrido.
Estas capacidades deben ser desarrolladas con el entendimiento de que las amenazas de carácter híbrido tienen el potencial de actuar en todo tiempo, desde diversos orígenes, con efectos aparentemente inconexos, intentando quebrar la distinción entre lo interno y lo externo, dificultando la atribución y explotando todas aquellas brechas que pudieran producirse en la integración y sincronización de los esfuerzos del Estado. Por tanto, el enfoque político y estratégico son claves para generar soluciones integradas.
IV. CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL, AVANCES Y DESAFÍOS
A. Introducción
B. Conducción política de la Defensa como Instrumento Militar
C. Conducción política Institucional
D. Conocimiento y valoración de la Defensa Nacional
V. CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL, AVANCES Y DESAFÍOS
A. Introducción
La seguridad y la defensa del país y de sus habitantes es una función básica e irrenunciable del Estado, el que tiene además el monopolio legítimo de la fuerza.
Es el Estado, a través de sus autoridades y estructuras organizacionales, el que debe organizar, dotar de medios adecuados y establecer los objetivos a las FF.AA. que, como indica la Constitución de la República, existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la seguridad nacional.
La Defensa Nacional, como sistema, incluye el Ministerio de Defensa Nacional, las Instituciones de las FF.AA., organismos dependientes y otros organismos relacionados. La conducción superior de la Defensa corresponde al Jefe de Estado, esto es, el Presidente de la República, teniendo como colaborador inmediato al Ministro de Defensa Nacional, además de una estructura de control y supervisión por parte de los otros poderes del Estado.
La conducción de la Defensa se ejerce luego a través de niveles ministeriales, conjuntos, institucionales, operacionales y tácticos, los que requieren para su correcta y eficaz ejecución y administración una orientación clara de nivel político, objetivo al cual contribuye la presente Política de Defensa.
Esta Política recoge el avance de las últimas décadas en sucesivos Libros de la Defensa y permite avanzar en definiciones que apunten a la modernización y adaptación de la Defensa a los nuevos escenarios mundiales, regionales y nacionales.
En la presente Política se han definido los principios que guían a la Defensa Nacional y la postura de nuestro país al respecto, se ha analizado el entorno para la Defensa en aspectos de territorio tricontinental de Chile, el entorno global de seguridad con nuevas amenazas y oportunidades y las regiones geográficas de interés para la Defensa, para continuar con la aproximación estratégica de la Defensa. Esta última ha establecido y relacionado los objetivos que derivan en Áreas de Misión, los medios que a este nivel se denominan capacidades estratégicas y el concepto estratégico de empleo de la defensa en cada una de las cinco Áreas de Misión.
El concepto de Áreas de Misión no es nuevo, y da cuenta de la evolución en los conceptos de seguridad y defensa, en que la seguridad externa e interna no tienen fronteras estancas, y en que el concepto de defensa de la soberanía incluye la protección de los habitantes ante nuevas amenazas emergentes y la defensa de la independencia política, condición indispensable para la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, el desarrollo y el crecimiento que benefician a todos nuestros compatriotas.
En ese sentido, la Política ha definido que las Áreas de Misión incluyen la Defensa de la soberanía e integridad territorial, la seguridad e intereses territoriales en nuestro país, la cooperación internacional y apoyo a la Política exterior, la participación en el sistema de emergencia nacional y protección civil y, finalmente, la contribución al desarrollo nacional y apoyo a la autoridad civil.
La conducción superior de la Defensa incluye tanto la conducción política del instrumento militar como la conducción política Institucional del sector Defensa. En ambas áreas de la conducción se han registrado avances en los últimos años y también se presentan importantes desafíos como se indica a continuación.
B. Conducción política de la Defensa como Instrumento Militar
Como se ha definido anteriormente, la Defensa provee el instrumento militar del Estado para su empleo integrado en una estrategia nacional, junto a otros instrumentos de poder e influencia, dirigidos por el Presidente de la República.
En tal sentido, se hace necesario actualizar, institucionalizar y dar permanencia a los mecanismos de asesoría y apoyo permanente al Presidente de la República para el proceso de toma de decisiones respecto a materias que afectan la seguridad nacional, en donde la Defensa es uno de los componentes que debe actuar muy integrado y coordinado con el resto de las capacidades o instrumentos de poder del Estado.
La conducción política del instrumento militar, como parte de la conducción estratégica nacional, está destinada a lograr tanto la disuasión y la obtención de los objetivos políticos en una crisis o conflicto internacional, además de la preparación y empleo eficaz y eficiente de las FF.AA. en todas las demás Áreas de Misión que, en el caso de Chile, son indispensables para su seguridad y desarrollo.
Lo anterior ha puesto en relevancia el rol del Ministro de Defensa como el colaborador directo del Presidente de la República en el empleo del instrumento militar, como parte de una estrategia nacional. El Ministro de Defensa Nacional ha asumido también, por delegación del Presidente, la función de orientar, organizar y disponer en tiempos de normalidad el empleo operacional de las FF.AA. para las diferentes tareas, lo que representa un desafío organizacional e institucional en evolución.
La conducción superior ministerial en este ámbito se ha materializado mediante planes, directivas e instrucciones ministeriales en áreas de empleo de la fuerza en situaciones de crisis, emergencias, cooperación internacional, operaciones de paz, operación antártica, ciberdefensa y apoyo a otras autoridades civiles o policiales, los que orientan el proceso continuo de planificación en dichas áreas.
En los últimos años se ha fortalecido la capacidad de conducción estratégica conjunta en las fases de planificación, ejecución y control para escenarios de empleo en diferentes Áreas de Misión. Esto, a su vez, ha permitido orientar la definición de capacidades estratégicas, la planificación del desarrollo de la Fuerza y la programación de inversiones en Defensa.
Sin perjuicio de lo avanzado en los últimos años, se ha asumido el desafío de continuar profundizando la visión y conducción conjunta de las FF.AA., en particular respecto a las capacidades y atribuciones del Jefe de Estado Mayor Conjunto y su Estado Mayor, destacando los siguientes aspectos:
a. Planificación operacional para diferentes escenarios de empleo.
b. Ejecución del mando y control operacional de las fuerzas asignadas a las operaciones(77) en tiempo de normalidad o de crisis o conflicto internacional.
c. Control del grado de alistamiento operacional de las FF.AA. para diferentes escenarios de empleo en las Áreas de Misión de la Defensa.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto tiene un rol de principal asesor militar del Ministro de Defensa en los procesos de planificación de desarrollo y empleo de las Fuerzas(78), labor que debe seguir potenciándose con el reforzamiento del Estado Mayor Conjunto en tareas de asesoría al más alto nivel, junto a la participación institucional de la Junta de Comandantes en Jefe para asesorar al Ministro en los aspectos que establece la ley Nº 20.424.
Lo anterior, debe ser complementado con el avance en la transformación del actual Centro de Operaciones de la Defensa (C.O.D.) hacia un estándar de Puesto de Mando y Control Conjunto Permanente que permita tanto la conducción operacional, como el apoyo a la dirección o asesoría de nivel ministerial en todo tiempo.
Estas capacidades no deben limitarse sólo al Estado Mayor Conjunto sino, en general, deben seguir aumentando a nivel de todos los mandos operacionales de las instituciones de las FF.AA., quienes deben estar en condiciones de conducir operaciones en todas las Áreas de Misión, teniendo bajo su control fuerzas aportadas por las diferentes instituciones de las FF.AA. Este es el caso, por ejemplo, de los Jefes de la Defensa Nacional en situaciones de excepción Constitucional, o de los Comandantes Conjuntos para operaciones específicas en tiempo de paz o en crisis.
En ese sentido, se deberá continuar avanzando en aspectos doctrinales y procedimentales para la asignación y traspaso del control operacional de unidades de las FF.AA. a diferentes Comandantes operacionales, a los que se asigne una misión específica, de manera de lograr sinergia y efectividad en el empleo de las capacidades de las FF.AA. bajo una conducción operacional conjunta(79).
La conducción de la Defensa debe ser capaz de anticiparse, adaptarse y responder de manera eficiente y oportuna a los desafíos de seguridad presentes y futuros. En particular, esto es aplicable a las nuevas amenazas a la seguridad nacional, que van más allá de las convencionales, tales como las de carácter híbrido y asimétrico, con actores estatales y no estatales.
En este aspecto, el cumplimiento del rol constitucional y legal, en diferentes Áreas de Misión, exige de las FF.AA. el empleo de la fuerza no sólo en forma eficaz sino también legítima, siendo una responsabilidad política el otorgar las directrices adecuadas ante escenarios complejos(80).
Todo lo anterior se materializa en una adaptación y transformación de la estructura de la Fuerza, tanto en medios materiales como despliegue territorial, doctrina, entrenamiento y capital humano, que nos permitan otorgar las capacidades necesarias para enfrentar escenarios cambiantes. La modernización es un proceso continuo que debe ser dirigido desde el más alto nivel de la conducción política de la Defensa.
C. Conducción política institucional.
La conducción política institucional de la Defensa es la conducción superior de las instituciones de las FF.AA. y organismos dependientes del Ministerio por parte del Ministro de Defensa Nacional, siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, orientada a obtener los objetivos de desarrollo en personal, material, infraestructura, alistamiento operacional, control de gestión y fiscalización superior, entre otros, para lograr un Defensa eficaz, capaz de cumplir con su función constitucional y legal.
Esta conducción se materializa mediante esta Política de Defensa, la Política Militar y Directivas Ministeriales, así como también mediante diversas iniciativas legales y administrativas.
En el ámbito legislativo destaca la promulgación de la ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensas Nacional(81), el que será complementado por un nuevo sistema de compras e inversiones para estas capacidades(82).
En el ámbito de control de gestión y transparencia, el Ministerio de Defensa ha asumido un rol activo en la fiscalización y el control de la gestión integral a nivel central, existiendo planes con medidas concretas que se están aplicando en los ámbitos de probidad, transparencia y auditoría, destacando la promulgación de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados(83) y la Agenda de Probidad y Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional(84).
El entorno mundial y nacional, con fuertes restricciones producto de la situación económica derivada de la pandemia por COVID 19, ha puesto relevancia al proceso iniciado para mejorar el modelo de financiamiento para la operación, sostenimiento e inversión en Defensa, con planificación de mediano y largo plazo que oriente los presupuestos anuales y cuatrienales.
Al respecto es destacable el trabajo realizado a nivel ministerial para orientar en forma superior y centralizada los esfuerzos en Investigación, Desarrollo e innovación, la industria de Defensa, el programa satelital nacional y el programa antártico nacional, entre otros.
En materia de proyectos de adquisición, junto con la mayor exigencia en los procesos de evaluación ministerial respecto a iniciativas de inversión, se ha puesto en marcha un nuevo proceso de seguimiento desde el punto de vista de los resultados obtenidos, para asegurar que las decisiones de inversión se reflejen en forma efectiva en objetivos logrados. Este seguimiento incorpora controles de avance de acuerdo al programa establecido en la autorización de gasto y se realiza en forma complementaria al control administrativo asociado a la inversión de los recursos fiscales.
En el mismo orden de ideas, fortalecer la integración de proyectos de inversión, orientando hacia la interoperabilidad, la logística común en todo lo posible, la reducción de costos por economía de escalas, la integración de la industria militar a las soluciones de manera eficiente, entre otras acciones.
En el ámbito del control de gestión, se deberá continuar perfeccionando los procesos de información y control interno de nivel ministerial para asegurar el buen empleo de los recursos fiscales por parte de las FF.AA. y el del sector Defensa, cautelando la eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y probidad en concordancia con los objetivos de la modernización del Estado.
El personal de las FF.AA. es el activo más importante de la Defensa y representa la base de las capacidades estratégicas que el país requiere, por lo que esta Política de Defensa debe orientar a la Política Militar a considerar los incentivos necesarios para captar, formar y retener hombres y mujeres con sólidos valores morales, competentes profesionalmente y comprometidos con el país y su Defensa.
En estos años se ha avanzado en aspectos relacionados con la administración del personal, destacando el proyecto de ley que moderniza la carrera militar(85) y la profundización en temas de inclusión y no discriminación arbitraria. En particular se reconoce el rol de la mujer y el pleno respeto a sus derechos y oportunidades para su desarrollo personal y profesional en la Defensa Nacional(86), incorporando también las recomendaciones asociadas a la resolución 1.325 de la ONU "Mujeres, Paz y Seguridad", que instan a ampliar su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz.
Adicionalmente, es necesario continuar profundizando la capacitación y preparación del personal que planifica y toma decisiones en la conducción política y militar de la Defensa, mediante procesos de captación, formación, inducción y retención de profesionales de buen nivel y con experiencia en diversos ámbitos de la administración pública y de la Defensa.
D. Conocimiento y valoración de la Defensa Nacional
La Defensa Nacional de Chile es vital para brindar seguridad y contribuir al desarrollo humano integral al cual aspiramos todos los chilenos, quienes queremos vivir y desarrollar nuestro proyecto de vida y familiar en un entorno nacional e internacional que nos dé seguridades, aun ante amenazas emergentes, para las cuales siempre se contará con la protección y apoyo de nuestras FF.AA.
Para lograr valorar y reconocer la importancia de contar con una Defensa moderna, es necesario incrementar el conocimiento de estos temas por parte de la sociedad civil, fomentando la participación ciudadana en las cuestiones relacionadas con la Defensa. Asimismo, es necesario dar seguridades respecto a la aplicación de principios de buen gobierno y administración en su gestión, en particular cuando se trata de la inversión de importantes recursos del Estado.
Es por ello que esta Política de Defensa no solo orienta las políticas destinadas a la conducción superior, empleo, alistamiento operacional y desarrollo de capacidades estratégicas, sino también permite contribuir al conocimiento y entendimiento por parte de la ciudadanía acerca de las FF.AA., su misión, sus roles, sus fortalezas y los desafíos que nos impone el escenario cambiante a nivel nacional y mundial.
Esta Política además permite en forma transparente mostrar a la comunidad internacional el compromiso de Chile con la paz y la estabilidad en todas las regiones del planeta, y la voluntad de participar activamente con nuestras capacidades, para contribuir a mantener un entorno internacional seguro que ayude a las relaciones armoniosas y al desarrollo de nuestros pueblos.
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(1) Algunos fenómenos tales como el crimen organizado trasnacional, las ciberamenazas, el terrorismo, el narcotráfico, la pesca ilegal no regulada y la degradación del medio ambiente en zonas marítimas o en la Antártica afectan la seguridad nacional en el ámbito de seguridad interna.
(2) Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Política Exterior de Chile 2030, Santiago de Chile, enero de 2018. Capítulo 02 "La política Exterior Multilateral", pág. 60.
(3) La seguridad humana es el primer enfoque que reúne a los tres pilares del sistema de Naciones Unidas: la paz y la seguridad, el desarrollo y los Derechos Humanos. Su principal objetivo es proteger a las personas de las amenazas multidimensionales, basando sus procesos en la fortaleza y aspiración del ser humano a una vida más digna (Libro de la Defensa Nacional de Chile (LDN) 2017, Capítulo VI, Pág. 101).
(4) Internacionalmente se reconocen al menos cuatro instrumentos básicos de poder para seguridad externa bajo la sigla DIME (Diplomático, Informacional, Militar y Económico) al cual se debe agregar el poder del Estado para proteger a su población y el Estado de Derecho al interior del país, mediante las estructuras judiciales, policiales, fiscalías, etc. Ellos pueden ser utilizados en forma coercitiva ("hard power"), en forma persuasiva ("soft power") y normalmente en una combinación de ellos ("smart power"). La Inteligencia, esto es, la generación de información útil para la toma de decisiones, no es un instrumento de poder en sí misma, pero es un insumo relevante para el empleo de todos los poderes del Estado.
(5) Constitución Política de la República de Chile. Capítulo XI Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública", art. 101°; y Capítulo IV "Gobierno", Arts. 39° al 43°; Ley N°18.415, de 1985 Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Arts. 2° al 7°.
(6) Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I, Art. 2, principios 3 y 4.
(7) Los roles y funciones de las FF.AA. están contemplados en diversos cuerpos normativos, en donde se destaca: Constitución Política de la República de Chile. Capítulo XI; Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Art. 2 al 7; DFL N°2, de 2017 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 16.752, que Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil; D.F.L. N° 292 (25 de julio de 1953), Ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; D.L. Nº 2.222 (21 de mayo de 1978), D.S. (M) N°6 (10 de enero de 2001), Ley de Navegación. Asimismo, ello se reconoce en el Libro de la Defensa Nacional 2017, pp. 31, 101, 102, 114 y 115.
(8) La Isla de Pascua – Rapa Nui es reconocida internacionalmente como parte de la Polinesia, perteneciente al continente de Oceanía.
(9) El área terrestre continental americana de Chile tiene una superficie aproximada de 755.776 mil Km2. El Mar Territorial (M.T.) asociado a este territorio tiene una superficie de 128.090,68 Km2, y la Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.), en donde se ejercen derechos de soberanía sobre los recursos del agua, suelo y subsuelo hasta las 200 mn de costa tiene una superficie de 2.009.299 Km2 (esto no incluye la ZEE generada por territorios insulares en el Océano Pacífico). Además, basado en estudios de batimetría, sísmicos y de sedimentos, nuestro país tiene el derecho a reclamar una zona de Plataforma Continental Extendida hasta 350 mn desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial o hasta la isóbata de los 2500 metros más 100 mn de conformidad al artículo 76 de la CONVEMAR.
(10) El 63,8% del territorio continental de Chile es montañoso, según datos del "Diagnóstico Nacional de Montaña. Fortalecimiento de la gestión participativa para el desarrollo sostenible de los Andes". Informe Chile Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) Oficina Santiago de Chile, 2012.
(11) Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras y Límites. Zonas Fronterizas, D.F.L. 4 de 1967 (RR.EE.), D.F.L. 83 de 1979 (RR.EE.), D.L. 1939 de 1977 (Bienes Nacionales), D.F.L. 1 1982 (Minería) y DL 701 1974 (Agricultura). https.//difrol. gob.cl/
(12) Entre otras actividades ilícitas desde el mar a la costa que afectan la seguridad nacional en tiempo de paz se encuentran narcotráfico inmigración ilegal, pesca ilegal, contrabando con ingreso de personas, armas o bienes en forma ilegal. También se agrega posibles sabotajes o actos terroristas a instalaciones costeras que representan infraestructura vital (puertos, aeropuertos, plantas de energía, de producción de agua potable, etc.). En situaciones de crisis internacional o conflicto esta exposición además puede ser utilizada para operaciones adversarias desde el mar, representando exigencias para la Defensa.
(13) El 96,8% del tonelaje exportado se realiza por vía marítima, según datos del Análisis Estadísticas Portuarias 2019, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional.
(14) Cabe destacar que a través de los cables submarinos se transfiere la mayor cantidad de información digital hacia y desde nuestro país.
(15) El S.A.R. marítimo está establecido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (S.O.L.A.S.) de 1974 y en el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979. En 1979, la O.M.I. entregó a Chile su área jurisdiccional la que está regulada en el Decreto Nº1.190, D.E. 29 de diciembre de 1976 y actualizada por el Decreto N°381 de fecha 26 de junio de 2012.
(16) En cumplimiento al compromiso contraído por Chile con la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.) sobre Búsqueda y Salvamento, el año 1955 puso en vigencia las normas y métodos contenidos en el Anexo 12. Ese mismo año, se formalizó la organización del Servicio de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves (S.A.R.), dependiente de la Fuerza Aérea, que funcionaba desde 1950.
(17) Acuerdo para la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Pesca Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, conocido también como Acuerdo de Nueva York, ratificado por Chile el 11 de febrero de 2016 y mediante D.S. N°31 de 2016; Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur (O.R.P.P.S.) y el área correspondiente a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (C.C.A.M.L.R.) de 1980; Comisión Ballenera Internacional de la que Chile es parte desde 1979; entre los más relevantes.
(18) En el Pacífico, el Espacio Aéreo bajo control nacional se extiende hasta el meridiano 131°00¨O y por su parte norte llega hasta los 15° 00'S, siguiendo hasta el Polo Sur, y alberga a importantes rutas aéreas internacionales hacia el resto del continente americano y a Oceanía.
(19) La distancia entre el Cabo de Hornos y la Antártica es de aproximadamente 1000 km.
(20) Ley 21.255, de 2020, Establece el Estatuto Chileno Antártico, promulgada el 21 de agosto de 2020 y publicada el 17 de septiembre de 2020.
(21) Tratado Antártico, firmado 1 de diciembre de 1959 y ratificado por Chile el 23 de junio de 1961. Art. IV (puntos 1 y 2).
(22) La Política Antártica Nacional considera proteger los derechos soberanos de Chile sobre el Territorio Antártico Nacional, consolidar su posición dentro del Sistema del Tratado Antártico, apoyar la actividad científica nacional, consolidar a Chile como país puente y puerta de entrada y desarrollar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, reforzando su conectividad con la Antártica.
(23) La Conferencia Internacional de Aviación Civil, conocida como la "Convención de Chicago", en 1944, reconoce el principio de la soberanía de los Estados en el espacio aéreo situado sobre su territorio.
(24) La Política Nacional Espacial 2014-2020 fue desarrollada por el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, presidido por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 181 de octubre de 2015. Asimismo, con la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, se le encarga a este el "velar por el desarrollo y promoción de la actividad espacial en el país. En este ámbito, deberá coordinarse especialmente con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones" (Artículo 4°, letra m, de la Ley N° 21.105).
(25) Adicionalmente, las sentencias de tribunales arbitrales internacionales de años recientes han establecido con claridad las materias de soberanía llevadas a disputa.
(26) Está pendiente formalmente dar publicidad y depositar las cartas o listas de coordenadas que den cuenta del nuevo límite del mar territorial entre ambos Estados, al Secretario General de las Naciones Unidas, conforme lo establecido en el art. 16 de la CONVEMAR.
(27) Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú y Chile, con ocasión de la V Reunión Extraordinaria del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (2+2) del 6 de febrero de 2014.
(28) Mediante el Pacto de Tregua de 1884 Bolivia acepta la administración chilena del territorio entre el paralelo 23° y el río Loa.
(29)Con fecha 16 de septiembre de 2019, se entregaron los antecedentes adicionales a la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del Rio Silala, en el litigio iniciado por Chile, en el cual se solicita se declare que el Silala es un curso de agua internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta Pública 2019-2020).
(30) Tratado de Paz y Amistad entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Argentina, suscrito en 1984. Publicado en el Diario Oficial de Chile el 14 mayo 1985.
(31) Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para Precisar el Recorrido del Límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet, y sus Anexos I y II del Firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998 y ratificado por ambos países en 1999 (Decreto 1155 del 15 de julio de 1999).
(32) Se destaca la participación en los ejercicios multinacionales con participación regional y bilaterales, tales como Solidaridad, Estrella Austral, Cooperación, UNITAS, Teamwork South, Ceibo, Cruzex, Salitre y ejercicios en el contexto de FPC "Cruz del Sur", entre otros.
(33) Programa iniciado el año 2013 y que cubre diversos aspectos tales como: operaciones de paz y de gestión de crisis; gestión ante desastres; doctrina, educación y entrenamiento militar; control del territorio marítimo; preparación de tropas de montaña y aviación militar, entre otros.
(34) En este ejercicio, también participan más de 20 países con intereses en ese importante paso interoceánico.
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores, Política Exterior de Chile 2030, Primera Edición, enero 2018, Santiago, Chile, Capítulo 1.
(36) Entre las más importantes se encuentran: South Pacific Defense Ministers Meeting (SPDMM), IISS Shangri-La Dialogue, Western Pacific Naval Symposium, Pacific Armies Chiefs Conference, Pacific Air Chiefs Symposium e Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference.
(37) En particular, cabe destacar la creciente relación con Australia y Nueva Zelanda, con quienes compartimos modelos de desarrollo e intereses de seguridad en el Pacífico Sur, además de doctrinas y sistemas operacionales comunes en nuestras Fuerzas Armadas.
(38) Acuerdo Marco para las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 30 de enero de 2014.
(39) Ministerio de Relaciones exteriores de Chile. Política Exterior de Chile 2030, Primera Edición, enero 2018. Santiago, Chile.
(40) La declaración OEA sobre Seguridad en las Américas (México, 28 octubre 2003) señala que la seguridad de los Estados se ve afectada por amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos tales como el terrorismo, crimen organizado transnacional, drogas, ciberataques, corrupción, lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, pandemias, desastres naturales o accidentes, armas de destrucción masiva, pobreza extrema y exclusión social y cambio climático entre otros.
(41) Resolución Consejo Seguridad de Naciones Unidas 2.341 del 13 febrero 2017. Esta Resolución reafirma que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales, exhortando a los Estados a establecer alianzas destinadas a intercambiar información y experiencias, con el objeto de prevenir, proteger, mitigar e investigar los daños causados por atentados terroristas contra instalaciones de infraestructura vital.
(42) Resolución 55/25 de la Asamblea General del 15 de noviembre del 2000, "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional".
(43) Ley de Navegación D.L. N°2.222 del 31 de mayo de 1978. Párrafo 3," De la Policía Marítima" Art. 95, 96 y 97.
(44) Ley N°16.752 del 17 de febrero del 1968, "Fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la D.G.A.C.".
(45) Política Nacional de Ciberseguridad, Chile 2017.
(46) Se entiende por "atribución" a la identificación con certeza del originador de un ciberataque, lo que implica resolver el problema del anonimato y ocultamiento del origen normalmente asociados a ciberataques.
(47) Política de Ciberdefensa de Chile, 2018, art 4.1. Sobre el empleo de los medios de ciberdefensa, establece: "El Estado de Chile considera que un ciberataque puede llegar a ser tan dañino como un ataque armado. Chile podrá considerar los ciberataques masivos sobre su soberanía, sus habitantes, su infraestructura, o aquellos que afecten gravemente sus intereses, como un ataque armado, y de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, podrá hacer uso de los medios que estime apropiados, tanto físicos como digitales, en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa".
(48) Los cinco tratados son: el "Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes", ratificado por Chile en 1967; "Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre", ratificado en 1968; "Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales", ratificado en 1972; "Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre", ratificado en 1975; y "acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos terrestres", ratificado en 1979.
(49) Dentro de los principales acuerdos bilaterales se encuentran el de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y el "Acuerdo sobre Cooperación en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos", suscrito entre la Federación Rusa y Chile, el año 2004.
(50) Entre los principales instrumentos multilaterales que Chile ha ratificado están el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (Decreto N°797 de 1995); la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Decreto N°4 de 2002); la Convención sobre prohibición o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y protocolos indicados (Decreto N°137, de 2004 y modificado el 2007 en Decreto N°182); la Convención de Municiones de Racimo ( Decreto N°59 de 2011); y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, entre otros mecanismos multilaterales.
(51) Constitución Política de la República de Chile. Art. 24, Capítulo IV, "Gobierno".
(52) En este diseño, una "misión" queda constituida por dos elementos: una "tarea" (qué hacer) unida a un propósito u "objetivo" al cual contribuye (para qué hacerlo).
(53) Op. Cit. "Política de Ciberdefensa" 2018, art 4.1.
(54) Ley N°19.067 que "Establece Normas Permanentes sobre Entrada de Tropas Extranjeras en el Territorio de la República y Salida de Tropas Nacionales del mismo", promulgada el 26 junio de 1991 y actualizada el 17 de diciembre de 2018. Art. 15, Letra a).
(55)Resolución Asamblea General ONU N°3.314 (XXIX, del 14 de diciembre de 1974) Art. 1: "La agresión es el uso de la fuerza armada. por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la interdependencia política de otro Estado, o bien, en cualquier otra forma incompatible con la Carta de Naciones Unidas". En su artículo 3 describe actos que caracterizan una agresión.
(56) Se entiende por "infraestructura crítica" aquella que comprende instalaciones, sistemas o componentes cuya perturbación, daño o destrucción tendría un grave impacto sobre la población y el normal funcionamiento del país.
(57) Doctrina para la Acción Conjunta de las FF.AA.. Estado Mayor Conjunto. 2011. p. 39: "El Mando y Control constituye el ejercicio de autoridad de un comandante designado sobre una organización militar destinada al cumplimiento de una misión. El mando, se concreta en la planificación y la decisión; y el control, en la ejecución".
(58) Incluyendo análisis de "big-data" e inteligencia artificial, sensores remotos no tripulados y autónomos, entre otros.
(59) Decreto Supremo (S.S.G.) N° 68 de 14 de octubre de 1999 que amplió los alcances del Decreto Supremo (S.S.G.) N°94 de 6 de noviembre de 1996 que estableció la "Política Nacional para la Participación del Estado Chileno en Operaciones de Mantenimiento de la Paz". En este decreto se perfeccionó la definición de operaciones de paz extendiéndola a misiones bajo el Capítulo VII de la Carta e incorporó expresamente a las fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
(60) La presencia en Rapa Nui-Isla de Pascua tiene una importancia estratégica debido a su condición de puente hacia la región de Oceanía y el Asia Pacífico.
(61) El despliegue de las FF.AA. en el territorio nacional incluye las siguientes unidades principales: Ejército de Chile: 6 Divisiones, 2 Brigadas y 37 regimientos; Armada de Chile: 5 Zonas Navales, 5 Bases Navales, 4 Destacamentos de Infantería de Marina, 16 Gobernaciones Marítimas y 60 Capitanías de Puerto; Fuerza Aérea de Chile: 5 Brigadas Aéreas, 14 Bases Aéreas y 2 Destacamentos.
(62) D.L. N°2.222 del 21 de mayo de 1978, "Sustituye Ley de Navegación" Título I, Disposiciones Generales, Art. 2º, letra c), indica que la Autoridad Marítima Nacional es el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
(63) Incluye ríos y lagos navegables y aquellas zonas definidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
(64) Durante el año 2019, en Chile fueron transportados 26.086.612 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, con un crecimiento de un 6,3% respecto del año 2018. Fuente: www.jac.gob.cl
(65) Constitución Política de la República de Chile. Capítulo IV Gobierno, Art. 41 y 42.
(66) Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, Título VI, párrafos 1°y 2°.
(67) Ley 21.255 "Establece el Estatuto Chileno Antártico", Título II, artículo 16.
(68) Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Título I, Arts. 3º y 5º.
(69) Este principio está contenido en el Capítulo I "Bases de la Constitucionalidad, Art. 1, Inciso 4° de la Constitución Política: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
(70) Ley N°21.105 mediante la cual se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicada en el Diario Oficial de Chile el 13 de agosto de 2018. Respecto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ver Art. 2.
(71) Libro de la Defensa Nacional 2017. Capítulo VIII. Pp. 113. Los Factores de Capacidad se agrupan bajo la sigla MERODISI.
(72) En países de la OTAN este concepto se conoce y utiliza como "multi-domain operations", entendidas como operaciones conjuntas, ágiles, complejas y con posibilidad de producir efectos en y desde todos o muchos ámbitos de operación. Para ello se reconoce la necesidad de interoperabilidad, conectividad, sistemas de mando y control y un cambio de mentalidad de los mandos a todos los niveles, para permitir una verdadera integración "multi-dominio" de las operaciones, especialmente con los ámbitos ciberespacial y cognitivo, más allá del actual concepto de "operaciones conjuntas". (Nota Conceptual "Operaciones multi-dominio", Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, Estado Mayor de la Defensa de España, abril 2020).
(73) Se diferencian tres modalidades de mando: "Conjunto", para la operación con componentes de más de una institución de la Defensa; "Combinado", para el actuar junto a fuerzas de otros países; "Interagencial" implica participar junto a medios dependientes de otros organismos del Estado (por ejemplo, policías, aduanas, ministerios, servicios, etc.).
(74) Se entiende por bien público puro a aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión.
(75) Entendido como la condición temporal que habilita a una capacidad para desarrollar con eficacia y eficiencia las operaciones que le sean inherentes. Abarca como todo a los factores de capacidad considerados en el gráfico N°6, p.114, del Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, a los riesgos aceptables, el entorno es estable, los escenarios considerados válidos y los recursos se encuentran asegurados.
(76) Como criterios de retiro, entre otros, podemos mencionar: "Obsolescencia Operativa" (Cuando un sistema no cumple con los requerimientos operacionales para otorgar capacidades militares); "Obsolescencia Logística" (Cuando el sostenimiento de un sistema se hace inaceptable por el valor asociado o es inviable por la inexistencia de soporte logístico); "Obsolescencia Técnica" (Cuando hace referencia a la necesidad de recambio de un aparato tecnológico simplemente por el hecho de que aparece una nueva versión de este, incluso aunque los cambios no sean significativos, ni el producto anterior haya llegado al final de su vida útil).
(77) La ley 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional describe que el Presidente de la República asignará la conducción estratégica de los medios asignados al Jefe del Estado Mayor Conjunto en caso de guerra exterior o crisis internacional que afecte la seguridad exterior. En su art 26, a su vez, establece que el Jefe del Estado Mayor Conjunto ejercerá el mando militar de las fuerzas terrestres, navales y aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones, en conformidad a la planificación secundaria de la Defensa Nacional. En su art 27 establece además que el JEMCO ejercerá el "mando de las tropas y medios nacionales que participen en misiones de paz" en el rol de Autoridad Militar Nacional. Para ello, de acuerdo a la Constitución Política de la República, el Presidente de la República puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Esto implica que la asignación de fuerzas al JEMCO u otra autoridad militar (por ejemplo, un Jefe de la Defensa Nacional en Estado de Excepción Constitucional) es prerrogativa del Presidente de la República, quien puede disponer la definición, forma, tiempo y grado de delegación de autoridad para estos efectos.
(78) Ley 20.424, en art 26 señala "El Jefe del Estado Mayor Conjunto dependerá del Ministro de Defensa Nacional, de quien será asesor directo e inmediato en todo lo que diga relación con el desarrollo y empleo conjunto de la fuerza".
(79) Se entiende por Control Operacional la facultad delegada a un Comandante para planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que pueda desempeñar misiones o actividades específicas limitadas por función, tiempo y lugar.
(80) Un ejemplo de ello es la promulgación por D.S.N°8 de 2020 que establece las Reglas de Uso de la Fuerza para las FF.AA. en Estados de Excepción Constitucional que indica, así como también el D.S. 285 de 2020 que imparte Normas de Comportamiento para las FF.AA. en procesos eleccionarios que indica.
(81) La Ley N°21.174, de 2019 que "Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional", promulgada el 10 de septiembre de 2019 y publicada el 26 del mismo mes.
(82) Boletín 13563-02 del 04 de junio de 2020, que se encuentra en Primer Trámite Constitucional / Senado.
(83) Ley N° 21.211 sobre "Información y Rendición de Cuentas de Gastos Reservados", publicada el 4 de febrero de 2020 en el Diario Oficial de Chile.
(84) Convenio con la Contraloría General de la República concentrado en las áreas más críticas de las FF.AA.; un nuevo Reglamento de Pasajes y Fletes; el Registro Único de Proveedores de la Defensa; el funcionamiento del Comité de Auditoría Externa, que asegure una correcta definición de matrices de riesgos, revise los procesos de auditoría internos y controle la ejecución de los planes de acción de mejora y mitigación de riesgos, entre otros.
(85) Boletín N° 12391-02, proyecto que, el 18 de enero de 2019, se encuentra en primer trámite constitucional / C. Diputados.
(86) Convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del 24 de mayo de 2018, para "Promover y velar por el pleno y total respeto de los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en las instituciones de la Defensa Nacional"; la elaboración del protocolo conjunto de las Fuerzas Armadas para la denuncia del acoso sexual y laboral y la aprobación de la ley que amplía el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Mario Desbordes Jiménez, Ministro de Defensa Nacional.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Por orden del Sr. Subsecretario de Defensa, Carolina López Galdames, Jefa División Jurídica, Subsecretaría de Defensa.