APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Núm. 19.- Santiago, 20 de enero de 2020.
Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile; en el decreto con fuerza de ley Nº1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el decreto con fuerza de ley Nº1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y las modificaciones introducidas por la ley Nº21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País -que incorpora una nueva letra a) al artículo 17, que faculta a la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio a proponer al Presidente de la República y elaborar, evaluar y actualizar las políticas nacionales de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y de desarrollo rural; la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; el decreto con fuerza de ley Nº1-18.359, del Ministerio del Interior, que traspasa y asigna funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto supremo Nº55, de 1986, Ministerio de Agricultura, que crea la Comisión Interministerial Asesora del Presidente de la República, para el Desarrollo Rural; la Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Rural, contenida en el Informe Final de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, de fecha 19 de febrero de 2014; Acuerdo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, tomado en sesión de fecha 20 de enero de 2020, que ratifica y aprueba el texto de la Política Nacional de Desarrollo Rural; y la resolución Nº7, del año 2019, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1.- Que Chile es un país con una amplia variedad de culturas, identidades, paisajes y climas que reflejan la diversidad de quienes lo habitan y que las particulares características de su geografía han influido en los patrones de asentamiento de su población y en su actividad económica, generando una heterogeneidad de territorios rurales con características y retos variados.
2.- Que los territorios rurales enfrentan desafíos comunes como la deficiente conectividad (vial, telecomunicaciones, energética, entre otros), el menor suministro de otros bienes y servicios respecto a los centros urbanos, la lejanía a los grandes mercados, la migración de la población hacia áreas urbanas, la falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala, los nuevos patrones de producción y comercialización para las materias primas, la baja diversificación económica, y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural.
3.- Que el país debe transitar hacia el despliegue gradual, sostenido y ordenado de un paradigma rural moderno que oriente políticas que incentiven a los territorios rurales y sus habitantes a movilizar sus bienes y recursos, promoviendo un enfoque territorial que fomente la colaboración de los diversos actores para impulsar el desarrollo de asentamientos poblados de menor tamaño.
4.- Que, si bien Chile ha avanzado en la construcción de un enfoque intersectorial que integra, en el análisis territorial y bajo las lógicas de la sustentabilidad, las dimensiones sociales, económicas y ambientales, se requieren aún mayores esfuerzos para entender la complejidad, las relaciones y el dinamismo de lo urbano y lo rural.
5.- En este contexto, la Política Nacional de Desarrollo Rural (en adelante, la "Política" o "PNDR") tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil. De esta forma la PNDR espera contribuir a un mayor equilibrio territorial en el país, potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño.
6.- Que, en el año 2015 se creó, por medio del decreto supremo Nº34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (en adelante, la "Comicivyt") integrada por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, cuyo titular lo preside; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y Familia; de Obras Públicas; de Agricultura; de Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente.
7.- Que, en el inciso quinto del literal a) del artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (en adelante, la "Ley Nº19.175"), modificada por la ley Nº 21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País (en adelante, la "Ley Nº21.074"), se da reconocimiento legal a la referida Comicivyt, estableciendo entre sus objetivos proponer, para aprobación del Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial, de desarrollo rural y de desarrollo urbano.
8.- De acuerdo a lo señalado en el mismo precepto legal, la PNDR debe ser propuesta al Presidente de la República para su aprobación por la Comicivyt, integrada por los Ministerios ya señalados en el considerando 6º de este cuerpo normativo.
9.- La Política que por este acto se aprueba, ha considerado el trabajo realizado en años previos por la Comicivyt, reflejando los acuerdos intersectoriales entre autoridades, profesionales y técnicos de los ministerios que conforman esta Comisión Interministerial, con el apoyo de expertos y la participación de la academia, el sector privado y la sociedad civil.
10.- Los hechos que anteceden a la PNDR emergen de la existencia de diagnósticos sectoriales que no lograban abarcar el problema rural en su conjunto. Así es como en el año 2012 se conformó un "Comité Técnico Interministerial" para la elaboración de la Política, coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, liderado por el Ministerio de Agricultura, y con la participación de representantes del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo resultado se dio a conocer en el año 2014, y que fue oficiada para su implementación por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, el 28 de febrero del mismo año.
11.- El proceso de elaboración de esta Política consideró diversos análisis y propuestas generadas en el marco de una larga discusión sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacional.
12.- Cabe agregar que la Política fue elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 6º b) del decreto supremo Nº34, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que se establece que la Comicivyt debe "proponer al/a la la Presidente/a de la República las políticas sobre ordenamiento territorial y desarrollo rural, además de asesorarlo/a en su implementación y en las modificaciones legales y reglamentarias asociadas a estas materias, de manera que los instrumentos que la apliquen incorporen una visión intersectorial que garantice la sinergia de inversiones y la debida consideración de aspectos vinculados a los programas sectoriales".
13.- La labor descrita anteriormente ha permitido a la Comicivyt dar un paso decisivo en la propuesta de este instrumento orientador de las políticas nacionales, sectoriales y regionales, con una mirada estratégica respecto de los atributos, particularidades y proyecciones que tiene nuestro territorio rural.
14.- Finalmente, cabe señalar que el texto definitivo de esta Política ha sido aprobado por la Comicivyt, por acuerdo adoptado con fecha 20 de enero de 2020, y propuesto a S.E. el Presidente de la República, quien da su aprobación definitiva por medio del presente instrumento.
Decreto:
Artículo único.- Apruébase la Política Nacional de Desarrollo Rural, cuyo texto es el siguiente:
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
PARTE 1. INTRODUCCIÓN
Este texto es el resultado de un proceso participativo iniciado por un Comité Técnico Interministerial en 2012 y cuya versión final ha sido aprobada por la Comicivyt, integrada por los Ministerios de Agricultura; de Bienes Nacionales; de Desarrollo Social y Familia; de Economía, Fomento y Turismo; de Energía; del Interior y Seguridad Pública; del Medio Ambiente; de Minería; de Obras Públicas; Secretaría General de la Presidencia; de Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo, quienes según lo señalado por el artículo 17, letra a) de la Ley Nº19.175, el cual fue introducido por la Ley Nº21.074, son los responsables de proponer al Presidente de la República las políticas nacionales de ordenamiento territorial, de desarrollo rural y de desarrollo urbano.
Su elaboración contó con una amplia colaboración de representantes de organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, autoridades y funcionarios de los niveles municipal, regional y central (más detalles ver anexo A), que tuvo como resultado un primer documento de PNDR, firmado por el Presidente Sebastián Piñera Echenique a principios de 2014. Este proceso fue llevado a cabo en paralelo a la realización del Estudio "OECD Rural Policy Reviews: Chile 2014", ejecutado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, la "OCDE"). Dicho estudio se transformó en un diagnóstico acabado del sector y en un referente para la formulación de este texto.
Hacia fines de 2018 este contenido fue sometido a una actualización, siendo presentado por el Ministerio de Agricultura para la aprobación del Comicivyt durante 2019. Esto ha permitido la elaboración de la Política, que presenta una visión de largo plazo que busca impulsar el desarrollo integral de la población que habita en territorios rurales del país, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ("ODS''), para la construcción de un Chile más libre y justo que progresa creando oportunidades para todos.
NECESIDAD DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Chile es un país con una amplia variedad de culturas, identidades, paisajes y climas que reflejan la diversidad de quienes lo habitan. Las particulares características de su geografía han influido en los patrones de asentamiento de su población y en su actividad económica, generando una heterogeneidad de áreas rurales con características y retos variados.
Los territorios rurales enfrentan desafíos comunes como la deficiente conectividad (vial, telecomunicaciones, energética, entre otros), el menor suministro de otros bienes y servicios respecto a los centros urbanos, la lejanía a los grandes mercados, la migración de la población hacia áreas urbanas, la falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala, los nuevos patrones de producción y comercialización para las materias primas, la baja diversificación económica, y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural. Esta realidad ha carecido de una aproximación gubernamental que le sea propia y que supere el tradicional enfoque sectorial, donde los esfuerzos para realizar iniciativas de inversión son difíciles de justificar, resultando en políticas de subsidio que se entregan para asegurar que los ciudadanos rurales reciban algún estándar mínimo de bienestar (cf. OCDE, 2014), profundizando en las inequidades territoriales y desaprovechando las potencialidades y oportunidades que presentan estos territorios.
En este contexto, la PNDR entrega un marco de lineamientos comunes que facilita la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo comunal, regional y nacional. Se trata de un conjunto de lineamientos estratégicos orientadores del accionar público que, junto a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (en adelante, "PNOT") y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (en adelante, "PNDU"), buscan avanzar hacia un desarrollo territorial armónico del país, promoviendo el desarrollo integral de todos sus habitantes, sin que sea una barrera el lugar geográfico donde habiten.
En último término, es relevante señalar la importancia de esta Política para los gobiernos regionales y administraciones municipales en el actual contexto de descentralización impulsado por el Estado, que los define como los principales actores formuladores y ejecutores de sus políticas, planes y programas de impacto territorial.
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
La limitada existencia de políticas nacionales con enfoque territorial ha contribuido, entre otros factores, a generar un desarrollo desequilibrado en el territorio nacional, determinando un acceso desigual de la población a los bienes y servicios, generando situaciones de rezago territorial y socioeconómico.
La realidad constata que, a pesar de todos los esfuerzos de política pública desde los diferentes sectores orientados a estos espacios, los territorios rurales del país siguen manteniendo índices de desarrollo menos favorables que los territorios urbanos y con esto se desaprovechan diversas potencialidades orientadas a lograr un desarrollo territorial integral, sobre la base del despliegue y fomento de mejores oportunidades económicas, laborales y sociales basadas en un adecuado reconocimiento de las relaciones funcionales de los sistemas rural - urbanos del país.
Si bien en las últimas décadas Chile ha mostrado avances sustantivos en términos de reducción de la pobreza, según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (en adelante, "CASEN")(1) aún persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Entre el año 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos en las áreas rurales disminuyó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que representa un avance significativo; sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble de la que se presenta en las áreas urbanas (7,4% para el año 2017). Por su parte, la medición de pobreza multidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: el año 2017 alcanzó al 37,4% de la población, comparado con el 18,3% en áreas urbanas.
Tradicionalmente el aporte de las zonas rurales a la economía nacional ha estado vinculado a la expansión de ciertas actividades productivas ligadas al aprovechamiento de los recursos naturales como son la agricultura, la minería, la pesca y la silvicultura, las cuales hasta hoy se constituyen como pilares de la economía nacional. No obstante, se observan cambios en la matriz productiva, la que se ha diversificado hacia actividades de servicios como el turismo o las energías renovables no convencionales, la acuicultura y las industrias agroalimentarias, dinamizando la transformación rural y generando nuevos espacios de oportunidades más allá de las actividades primarias.
Es preciso reconocer el patrimonio cultural y natural como aspecto constitutivo de lo rural y componente clave del desarrollo sostenible del país y el bienestar de su población. En el actual escenario, donde las problemáticas culturales y ambientales, globales y locales, imponen crecientes desafíos a la ciencia, a la tecnología, a la gestión territorial y a las políticas públicas, es del todo pertinente inducir un círculo virtuoso entre el crecimiento y el desarrollo de actividades económicas, por una parte, y el cuidado del patrimonio cultural y natural, por otra.
En términos de cambio climático, la recurrencia de eventos extremos -entre los que se encuentra la escasez hídrica y las variaciones de temperatura- dejan cada vez más vulnerables a las zonas rurales, impactando fuertemente a sus actividades productivas. El cuidado de los recursos naturales y la atención a estos fenómenos constituyen uno de los desafíos de adaptación más relevantes para prevenir consecuencias negativas sobre las comunidades y el país.
Una cantidad considerable de municipios tienen grandes restricciones para acceder a recursos económicos y humanos lo que genera un alto grado de dependencia de transferencias externas. Las limitaciones financieras dificultan la capacidad de las municipalidades para ejecutar de manera eficiente las competencias que les han sido delegadas. En este contexto, los municipios de menor tamaño no tienen los fondos suficientes para invertir en iniciativas de desarrollo rural, tanto a nivel de inversión como de fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas. Solo las localidades más ricas, principalmente ubicadas en el área metropolitana de Santiago, pueden por lo general permitirse usar sus ingresos propios para invertir en el desarrollo local (cf. OCDE, 2009a, 2013a).
A pesar de todos los esfuerzos de coordinación sectorial en materia de políticas públicas en desarrollo rural, y del significativo aporte realizado por las actividades económicas, subsisten importantes disonancias y superposiciones en el accionar en las áreas rurales. Las políticas sectoriales han sido en su mayoría generadas y administradas desde el nivel nacional. Así también los instrumentos tienen una mirada genérica para todo el país, no dando cuenta en numerosos casos de la realidad regional ni comunal. La mirada sectorial ha redundado en fallas de cobertura, duplicidades y pérdidas de eficiencia y eficacia por falta de coordinación. Sin embargo, el actual proceso de descentralización que ha profundizado la Ley 21.074, es un escenario que trae positivas proyecciones sobre las competencias y atribuciones locales.
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1 Desde 2013 la línea de pobreza utilizada para la encuesta CASEN deja de diferenciar entre hogares urbanos y rurales.
DEFINICIÓN DE TERRITORIO RURAL
Actualmente en Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante, "INE") clasifica lo urbano/rural para la aplicación del Censo de Vivienda y Población (en adelante, "Censo"), según número de habitantes, utilizando como criterio para definir su condición rural un límite de 2.000 personas por localidad poblada(2). Según esta definición, el Censo de 2017 indica que 2.149.740 personas viven en localidades rurales (12,2% de la población nacional). Mientas que, por otra parte, usando criterios internacionales para determinar ruralidad(3) la cifra supera en más del doble el dato oficial. La forma actual de cuantificación de lo rural subestima su tamaño, minimizando su magnitud.
Tomando esto en consideración, y de modo consistente con lo definido en la PNOT, esta Política entiende por "territorio rural" aquel que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 (hab./km²), con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna(4) (ver anexo B).
Chile es más rural de lo que se piensa; lo rural no está desapareciendo, lo que ha sucedido es que ha sido tradicionalmente subvalorado tanto en su dimensión como en su potencial de desarrollo para el país(5). Esta definición planteada tiene la virtud de compatibilizar las orientaciones emanadas de la OCDE, con las capacidades actuales de internalización por parte de la institucionalidad pública y de los distintos actores que gravitan en torno a la temática rural mediante la planificación de un proceso gradual y adaptativo en que se incorpore no solo la densidad como único factor, sino otros criterios como la distancia a un centro poblado relevante(6) o el grado de dependencia funcional que se da entre el territorio rural y el centro poblado más cercano y relevante, entre otros.
NUEVA MIRADA DE LO RURAL
La ruralidad ha estado vinculada a una visión de desarrollo que asocia el progreso a una dirección unívoca de cambios que van desde lo rural hacia lo urbano, de la agricultura a la industria, de lo tradicional a lo moderno. El avance de sectores productivos no convencionales, altamente intensivos en capital y en tecnología de punta e innovación, se encuentran en diversas partes del territorio nacional. El país debe transitar desde el actual escenario de "ruralidad como espacio no urbano" hacia el despliegue gradual, sostenido y ordenado de un paradigma rural moderno que oriente las políticas a incentivar a los territorios rurales a movilizar sus bienes y recursos.(7)
Los necesarios vínculos entre las áreas urbanas y rurales exigen dejar atrás la tradicional visión dicotómica urbano-rural. La constatación de flujos continuos de personas, bienes y servicios que transitan desde zonas rurales hacia zonas urbanas y viceversa, no solo hace difusos los límites tradicionales, sino que dan cuenta de la complejidad de los diversos espacios desde aquellos más cercanos a centros urbanos hasta los más aislados y remotos.
Esta nueva mirada promueve un enfoque territorial y no sectorial, que fomenta la colaboración de los diversos actores para impulsar el desarrollo local de asentamientos poblados de menor tamaño.
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2 Para el Censo de 2017 el INE entiende por entidad rural un asentamiento humano con población menor o igual a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes donde más del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades primarias. Además, se define como rural a un conjunto menor de entidades que reúnen los criterios de población para ser definidas como urbanas, pero no los requisitos de amanzanamiento, continuidad o concentración de construcciones.
3 La OCDE estima que en Chile entre el 25,5% y el 35% de la población vive en sectores rurales dependiendo del criterio utilizado, mientras que el Banco Mundial sitúa la cifra cerca del 35%, considerando densidad de población y distancia a centros urbanos.
4 Para efectos normativos y de obtención de permisos de urbanización o edificación, la definición de "territorio rural" contenida en esta Política no se superpondrá sobre lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones; ni en los instrumentos de planificación territorial, respecto a la delimitación de áreas urbanas, de extensión urbana y rurales.
5 En términos de superficie y según esta definición, las áreas rurales representan el 83% del territorio nacional. Del total de comunas del país, 185 comunas son predominantemente rurales y 78 mixtas, sin considerar en este análisis a la comuna de la Antártica.
6 Ver OCDE (2014) Rural Policy Reviews, Chile. París ©2014 OCDE.
7 Cf. Ídem.
Tabla 1. Principales características del paradigma moderno de la ruralidad (New Rural Paradigm)
PARTE 2. OBJETIVO GENERAL Y PRINCIPIOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de esta Política es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil. De esta forma la PNDR espera contribuir a lograr un mayor equilibrio territorial en el país, potenciando particularmente el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño.
Este objetivo se espera alcanzar abordando los siguientes ámbitos:
1. Bienestar Social, disminuyendo las brechas de acceso a bienes y servicios.
2. Oportunidades Económicas, mejorando el desempeño y dinamismo local.
3. Sustentabilidad Medioambiental, valorando los espacios naturales y gestionando sus riesgos.
4. Cultura e Identidad, resguardando y poniendo en valor su patrimonio material e inmaterial.
Finalmente, esta Política plantea una definición de Gobernanza para su consecución.
PRINCIPIOS
Sustentabilidad: sostiene un enfoque del territorio de carácter sistémico, que contribuya al desarrollo integrado de las dimensiones social, económica, cultural y ambiental.
Diversidad territorial: reconoce que la identidad territorial, natural, étnica, cultural y productiva del territorio, son atributos relevantes que conforman y se articulan en el país.
Equidad territorial: propicia condiciones territoriales que favorezcan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, el acceso a los beneficios del desarrollo y la generación de oportunidades que permitan un desarrollo integral.
Integralidad: fomenta la articulación de actores entre todos los sectores de la sociedad, ya sean públicos, privados o de la sociedad civil.
Dinamización productiva y competitividad territorial: contribuye a fortalecer la inversión y productividad, la generación de oportunidades laborales, y el emprendimiento e innovación.
Participación: considera a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional y los grupos intermedios de la sociedad, en todos sus niveles y escalas, dotándolos de un rol activo en el desarrollo del territorio.
Descentralización: considera una gobernanza que distinga las diversas escalas del territorio y las decisiones asociadas, propiciando un fortalecimiento de las capacidades y atribuciones locales y regionales en la gestión del territorio, así como la articulación institucional del Estado y de éste con el sector privado productivo y la sociedad civil organizada.
Gradualidad: considera una materialización del sistema de ordenamiento territorial que se vaya desarrollando en el tiempo y por etapas, permitiendo realizar los ajustes institucionales, normativos e instrumentales necesarios para su ejecución.
PARTE 3. ÁMBITOS, EJES Y LINEAMIENTOS
Esta Política se articula en torno a cuatro "ámbitos": bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental y cultura e identidad. Cada "ámbito" se formula en torno a "ejes estratégicos" de los que se desprenden "lineamientos" que son una guía para su materialización y toma de decisiones a nivel nacional, regional y comunal.
ÁMBITO BIENESTAR SOCIAL
Las bajas densidades poblacionales, la gran dispersión entre los asentamientos poblados, las deficiencias de conectividad, sumado a la peculiar geomorfología del país, caracterizada por una gran diversidad climática y de ecosistemas, plantean una serie de importantes desafíos para asegurar el bienestar integral de la población rural. En este escenario, la PNDR considera que el accionar público debe adquirir una perspectiva multidimensional, con foco territorial, que atienda las particularidades de cada lugar en un contexto de sustentabilidad.
Eje 1. Asentamientos rurales
1.1 Propiciar el desarrollo de los asentamientos poblados de menor tamaño, favoreciendo la provisión de bienes y servicios de calidad en aquellos de mayor densidad, mejorando el uso y la ocupación regular del territorio.
1.2 Promover el uso de la propiedad fiscal para el desarrollo local sostenible.
Eje 2. Vivienda y acceso a servicios básicos
2.1. Facilitar el acceso a la vivienda, procurando adecuadas condiciones de habitabilidad y adaptación al paisaje y cultura.
2.2. Fomentar la mejora de la calidad, sostenibilidad en el tiempo, cobertura y administración de servicios básicos en el medio rural, en cuanto al acceso a energía, agua para consumo humano, saneamiento(8) y residuos domiciliarios.
Eje 3. Educación, salud, justicia y seguridad ciudadana
3.1. Procurar el acceso a una educación de calidad que fomente la continuidad de estudios y contemple características territoriales y culturales que hagan pertinente la enseñanza.(9)
3.2. Fomentar el acceso a una atención en salud oportuna, de calidad, especializada e integral de acuerdo a las necesidades del medio rural.(10)
3.3. Propiciar el acceso a una justicia oportuna, eficiente y cercana.
3.4. Propiciar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las zonas rurales, promoviendo planes de acción que permitan el libre ejercicio de derechos y libertades de sus habitantes.
Eje 4. Conectividad física y de telecomunicaciones
4.1. Promover el desarrollo de infraestructura de conectividad(11) entre centros poblados intermedios y pequeños, zonas aisladas y extremas que permita un acceso adecuado de las personas a los servicios y oportunidades.
4.2. Propiciar el fortalecimiento y cobertura de los sistemas e instrumentos de gestión del transporte público, para procurar una frecuencia y costo de viajes adecuados a las necesidades de desplazamiento de la población en el territorio rural.
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8 Saneamiento se refiere a sistema de alcantarillado (red o solución particular) y tratamiento.
9 Definida en la ley 20.370, establece Ley General de Educación.
10 Oportuna: aumentando la disponibilidad de la atención de salud a través de transporte desde y hacia centros de salud, y a través de la telemedicina. Calidad: a través de la práctica de salud basada en evidencia y de la acreditación de sus centros de atención y del personal sanitario. Especializada: aumentando/introduciendo especialistas, profesionales médicos y no médicos en la atención primaria de salud. Integral: conjunto de acciones o intervenciones poblacionales y/o individuales para promover la salud, prevenir las enfermedades, prestar atención a la enfermedad (diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), y prestar los cuidados de corto, mediano y largo plazo necesarios.
11 Infraestructura de conectividad se refiere a la infraestructura vial, aérea, marítima y fluvial.
4.3. Promover y mejorar la calidad y cobertura de las telecomunicaciones en los territorios rurales.
Eje 5. Pobreza, vulnerabilidad social(12) y equidad
5.1. Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural, reconociendo las particularidades sociodemográficas y territoriales, procurando generar programas e instrumentos capaces de satisfacer las necesidades particulares de la población rural en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
5.2. Fomentar el fortalecimiento, desarrollo y articulación de programas e instrumentos que permitan satisfacer necesidades de grupos que requieran una atención prioritaria, en particular: mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y migrantes, disminuyendo las brechas que dificultan su desarrollo.
5.3. Identificar y reconocer las diferencias de género en territorios rurales, favoreciendo la equidad, la participación y el desarrollo integral de la mujer.
Eje 6. Esparcimiento, deporte y actividad física
6.1. Fomentar la participación y acceso de la población a actividades de esparcimiento, deporte y actividad física, a través de la implementación de programas y espacios que lo permitan.
ÁMBITO OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Propiciar oportunidades económicas en los espacios rurales, implica potenciar y diversificar de manera sostenible la base económica de los territorios y apoyar el desarrollo de habilidades para la innovación, adopción de tecnologías, emprendimiento, asociatividad y empleabilidad a través del fortalecimiento del capital social. En materia de inversión se considera relevante adecuar las normas y metodologías a las características de los espacios rurales, centrando las iniciativas en la competitividad y sustentabilidad de los territorios. Es así como se propone profundizar las instancias público-privadas y generar mayor inversión en infraestructura estratégica con el objeto de alcanzar un desarrollo sostenible.
Eje 1. Capital humano y asociatividad
1.1. Fomentar medidas de apoyo a un sistema de formación, capacitación, atracción de talentos y desarrollo de habilidades para la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, el emprendimiento, el desarrollo local y la empleabilidad, en estrecha colaboración con instituciones académicas.
1.2. Promover la equidad de género en todas las instancias económico-laborales del sector rural, fomentando la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre hombres y mujeres.
1.3. Promover el fortalecimiento de grupos y organizaciones mediante el intercambio de conocimiento, capacidades de gestión y asociatividad, entre los diferentes actores de la actividad económica rural.
Eje 2. Diversificación productiva y cadenas de valor
2.1. Identificar las particularidades y oportunidades territoriales, actuales y futuras, para impulsar y ampliar la base económica de los territorios rurales mediante el fomento de diversas actividades competitivas, promoviendo con ello el dinamismo económico local y el empleo.
2.2. Fomentar el aumento del valor agregado, basado en las ventajas comparativas de los territorios rurales, para permitir la consolidación de los sectores agroalimentario, silvícola, pesca, minería, turismo, conservación y energía, entre otros.
2.3. Promover las actividades económico-productivas de carácter estratégico para el país presentes en los territorios rurales, sujeto a los procesos de evaluación establecidos en la legislación vigente.
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12 Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2000a), Vulnerabilidad y Pobreza. Vulnerabilidad Social: es el riesgo de caer por debajo de la línea de la pobreza.
Eje 3. Red de oportunidades
3.1. Fomentar la adecuación de las normas, instrumentos y metodologías de evaluación de inversión pública a las realidades del territorio rural.
3.2. Potenciar y mejorar los atributos y oportunidades de los diversos territorios rurales a través de incentivos para la atracción de inversión, generando condiciones para el desarrollo de iniciativas productivas, comerciales y de servicios, fomentando la productividad, el emprendimiento y la innovación.
3.3. Propiciar el establecimiento y desarrollo de instancias público-privadas de creación de conocimiento, generación de información, comunicación y transferencia que permitan gestar soluciones pertinentes para lograr un desarrollo económico territorial sostenible.
3.4. Promover el uso de los instrumentos que confiere la propiedad industrial, como las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación, como una forma de diferenciar y poner en valor productos y prácticas productivas locales.
3.5. Promover la descentralización fiscal implementando nuevas alternativas de financiamiento para la administración regional y comunal.
Eje 4. Redes e infraestructura estratégica(13)
4.1. Promover el desarrollo de las potencialidades económicas actuales y futuras del territorio rural, procurando un mayor acceso y mejor calidad de infraestructura de carácter estratégico en los ámbitos de vialidad, transporte, logística, telecomunicaciones, energía, gestión hídrica, servicios sanitarios y servicios financieros, que permitan un crecimiento sostenible.
4.2. Promover el desarrollo de servicios de infraestructura pública nacional de carácter estratégico: vial, portuaria, aeroportuaria y pasos fronterizos, que fortalezcan la competitividad de los territorios rurales, incrementando la conectividad y el flujo de personas y bienes, tanto dentro como fuera del país, resguardando la soberanía nacional y fomentando el turismo.
ÁMBITO SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Los territorios rurales de Chile poseen un patrimonio natural abundante y diverso sustentado en su biodiversidad, sus espacios naturales, sus formaciones geológicas y geomorfológicas, sus áreas protegidas y los servicios ecosistémicos que ellos proveen. El panorama actual de cambio climático y acción antrópica pone en riesgo la pérdida y degradación de ecosistemas terrestres, acuáticos continentales, marinos y litorales, e intensifica la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos en estos sectores.
En el marco del paradigma que esta Política impulsa, se considera la sustentabilidad medioambiental como un factor constitutivo indisociable del bienestar de la sociedad y del desarrollo rural, reconociendo y valorando la calidad y el potencial de los activos naturales y los ecosistemas, promoviendo su resguardo y gestión dentro de los límites de su funcionamiento.
Eje 1. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
1.1 Promover la investigación y monitoreo(14) de la biodiversidad, para incrementar su conocimiento y mejorar la gestión en su protección, conservación y uso sustentable.
1.2. Propender a una articulación de las estrategias sectoriales(15) que contribuya a la protección, restauración, reparación y remediación de los ecosistemas presentes en el territorio rural, de acuerdo a la normativa vigente.
1.3. Considerar la protección de la biodiversidad como elemento relevante en el proceso de ordenamiento, planificación y gestión del territorio rural y en los marcos regulatorios correspondientes.
1.4. Promover la identificación y caracterización de los paisajes naturales y seminaturales de Chile, reconociendo e integrando el componente paisaje en las políticas sectoriales, informando y sensibilizando a las personas sobre el valor y el resguardo de este.
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13 Las cuales pueden ser públicas o privadas.
14 El monitoreo se entiende en el marco de una red institucional y de información que considera los aspectos hidro-climáticos y biológicos.
15 Estrategias e instrumentos considera planes tales como recuperación, conservación y gestión de especies amenazadas y adaptación al cambio climático, entre otros.
Eje 2. Sistema hídrico
2.1. Fomentar la gestión integral de los recursos hídricos a través de instrumentos normativos, reglamentarios, de planificación -que consideren las proyecciones climáticas- e inversión que contribuyan a orientar las decisiones públicas y privadas, priorizando el acceso y uso para el consumo humano y la conservación de los sistemas acuáticos.
2.2. Fortalecer las organizaciones de usuarios, potenciando su creación y mejorando su gestión mediante sistemas apropiados de información, mecanismos para la distribución y control de caudales y la regularización de los derechos de aprovechamiento, entre otros.
2.3. Promover mecanismos de incentivo y medidas que fomenten planes, programas e iniciativas que aumenten la eficiencia y el uso racional y sustentable del agua, basados, entre otros, en la modernización de los sistemas y la potenciación de usos múltiples, incorporando criterios ambientales.
2.4. Propiciar instancias de investigación e identificación de fuentes de recursos hídricos nuevos y existentes(16), para el manejo y uso eficiente, sustentable y asequible del agua, velando por su calidad en los distintos usos.
2.5. Considerar criterios ambientales(17) que permitan equilibrar la conservación y manejo de los ecosistemas acuáticos con las necesidades de seguridad de agua para el consumo humano y sus actividades.
2.6. Propiciar el manejo integrado a nivel de cuenca hidrográfica, promoviendo infraestructura que gestione la disponibilidad de agua con énfasis en las zonas de escasez.
Eje 3. Recurso suelo
3.1. Promover una utilización del suelo que involucre su protección, conservación y recuperación, reconociendo su valor ecosistémico.
3.2. Promover el catastro, caracterización y difusión de la condición de los suelos y los cambios en sus usos para adelantarse a eventuales riesgos de alteración o degradación de sus funciones.
3.3. Fomentar el desarrollo y/o adaptación de instrumentos, prácticas y tecnologías sustentables para evitar el avance de la desertificación y de la erosión del suelo en el país, procurando el desarrollo de coberturas vegetales que consideren especies nativas y se ajusten a la realidad edafoclimática de cada región.
Eje 4. Pasivos ambientales y gestión de residuos
4.1 Promover el catastro y evaluación de los pasivos ambientales y sitios con presencia de contaminantes, actuales o potenciales(18), que puedan afectar el desarrollo social, económico y ambiental, con el objetivo de prevenir, gestionar el riesgo, proponer acciones de remediación y explorar oportunidades de valorización, conforme a la normativa ambiental aplicable.
4.2. Promover la valorización de los residuos orgánicos, mediante el desarrollo de tecnologías y prácticas productivas sustentables.
Eje 5. Educación ambiental
5.1. Promover el desarrollo de programas de educación ambiental, formales y no formales que, mediante el trabajo colaborativo de diversos actores, contribuya a reconocer las características del entorno e incentive el compromiso y la participación activa de la ciudadanía en iniciativas que lo protejan y pongan en valor.
5.2. Fomentar el desarrollo de programas que promuevan las buenas prácticas, que mejoren la administración de los recursos naturales y apoyen a los actores locales en la identificación de oportunidades de mejoramiento de la gestión ambiental(19) .
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16 Pudiendo ser superficiales, subterráneas, reutilización de aguas tratadas, reutilización de aguas de procesos industriales, recuperación de aguas lluvia y/o de mar, entre otras.
17 Se entiende como criterios ambientales elementos como caudales ecológicos, normas de calidad de agua, entre otros.
18 Se refiere a los residuos generados por la actividad antrópica, que pudieran convertirse en pasivos por su inadecuado tratamiento, procurando no intensificar el daño en zonas saturadas y latentes.
19 Dentro de este ámbito se considera la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Forestales, las certificaciones, los Acuerdos de Producción Limpia ("APL"), entre otras, además de instrumentos de medio ambiente como gestión de residuos, mantención del paisaje, áreas verdes, manejo sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.
Eje 6. Riesgos de desastres y cambio climático
6.1. Promover la identificación de las áreas rurales vulnerables a riesgos de desastres y cambio climático, analizando su grado de exposición a las amenazas presentes en el territorio y promoviendo medidas de prevención, adaptación y mitigación que permitan reducir el riesgo, con el objetivo de aumentar la seguridad, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible de los territorios.
6.2. Propiciar la generación de estrategias públicas y privadas, en estrecha colaboración con instituciones académicas, que posibiliten medidas de adaptación y mitigación frente a las nuevas condicionantes territoriales mediante la comprensión de los efectos del cambio climático en los territorios rurales, reconociendo sus implicancias en el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
6.3. Promover prácticas de preparación, respuesta y recuperación ante la ocurrencia de eventos constitutivos de desastres y efectos del cambio climático, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los mismos en el territorio.
ÁMBITO CULTURA E IDENTIDAD
El mundo rural cuenta con un patrimonio que requiere una identificación y reconocimiento mayor frente a los desafíos y oportunidades propias del mundo contemporáneo, la globalización y la multiculturalidad. En este contexto, esta Política plantea acercarse a este acervo para salvaguardarlo, promoverlo y potenciarlo.
Se debe identificar y revitalizar el patrimonio cultural y natural rural fomentando la educación y responsabilidad de los ciudadanos en su resguardo y puesta en valor; y el ordenamiento, planificación y gestión territorial que propicie el diseño e implementación de planes y programas de desarrollo económico y social pertinentes, que consideren la diversidad cultural e indígena y las identidades locales.
Eje 1. Patrimonio
1.1. Propiciar la identificación, valoración, salvaguarda, revitalización y promoción del patrimonio cultural y natural rural, material e inmaterial, incluyendo el paisaje, el patrimonio histórico, artístico, alimentario y las prácticas tradicionales y expresiones locales.
1.2. Propiciar la identificación y salvaguarda del patrimonio rural, considerando un enfoque de género que reconozca el aporte de las mujeres en la promoción de la cultura e identidad de los territorios.
1.3. Promover la responsabilidad y participación de la ciudadanía en la conservación, salvaguarda, valoración y promoción del patrimonio rural, a través de la planificación, diseño e implementación de programas e instrumentos pertinentes al territorio.
1.4. Promover la aplicación de estándares de servicios de infraestructura y vivienda que consideren criterios de salvaguarda patrimonial, histórica, cultural y de respeto del paisaje.
Eje 2. Identidad y diversidad cultural
2.1. Propender a la integración en los instrumentos de ordenamiento, planificación y gestión territorial, de los elementos del patrimonio cultural y natural que otorgan valor e identidad a los territorios, declarados o reconocidos en conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
2.2. Promover el establecimiento y/o adecuación de programas de educación formal y no formal con el objetivo de fomentar y valorar las culturas locales, la conciencia ciudadana, el cuidado de los espacios públicos y el sentido de pertenencia.
PARTE 4. GOBERNANZA
Esta Política entrega un marco de lineamientos comunes que facilita la articulación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales valorando el potencial que su diversidad tiene para el desarrollo comunal, regional y nacional. Se trata de un conjunto de lineamientos orientadores que buscan dar mayor pertinencia al accionar público, y que junto a la PNOT y la PNDU tienen como objetivo avanzar hacia un desarrollo territorial armónico del país, promoviendo el desarrollo integral de todos sus habitantes.
Estructura de Gobernanza
Se establece una estructura que reconoce y coordina a los actores en las diversas escalas territoriales: comunal, regional y nacional, promoviendo su articulación y participación, así como la coherencia de las propuestas -que incidan en territorios rurales y busquen cumplir con el objetivo de esta Política- con las diversas políticas públicas nacionales vigentes(20). Si bien los niveles territoriales descritos a continuación corresponden a una clasificación político-administrativa, esto no excluye la organización en otras formas funcionales del territorio.
Nivel comunal
La integración a escala comunal de los lineamientos de esta Política requiere de una activa apropiación por parte de los municipios, quienes lideran los procesos de planificación, gestión y toma de decisiones comunales. Los municipios cuya población sea predominantemente rural o mixta, procurarán incorporar en sus Planes de Desarrollo Comunal los lineamientos de esta Política y en concordancia con sus respectivas Estrategias Regionales de Desarrollo.
Para lo anterior, se debe fomentar la constitución de mesas de trabajo comunal, con participación público, privada y de la sociedad civil, a fin de abordar y colaborar entre los distintos actores en los desafíos y problemáticas de los territorios rurales.
Nivel regional
Los gobiernos regionales, con el soporte de la División de Planificación y Desarrollo Regional, como unidad encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, serán los responsables de integrar en la Estrategia Regional de Desarrollo, en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y cualquier otro instrumento estratégico y de ordenamiento, planificación y gestión territorial que tenga efecto en territorios rurales(21), los lineamientos de esta Política. Esta labor será apoyada por las expresiones regionales de los ministerios miembros de la Comicivyt, así como otros órganos públicos regionales involucrados en la gestión del territorio.
Para lo anterior, los gobiernos regionales promoverán la participación de la sociedad civil, el sector privado y sector público, particularmente, representantes de servicios públicos pertinentes, representantes del Consejo Regional y de las municipalidades rurales de la región.
Nivel nacional
La implementación, toma de decisiones a escala nacional y revisión cada 10 años de la PNDR, serán responsabilidad de la Comicivyt, que contará con un Comité Técnico conformado por representantes de cada ministerio miembro y que será coordinado por una Secretaría Ejecutiva que entregará soporte técnico y administrativo para ejercer sus funciones.
Para dar continuidad, permanencia e impulsar la implementación de esta Política, se creará un Consejo Asesor Nacional de Desarrollo Rural de carácter consultivo y propositivo con participación de actores del sector público, privado y de la sociedad civil.
Seguimiento, monitoreo y evaluación
El seguimiento de la PNDR corresponderá a la Comicivyt, organismo que establecerá un plan de acción y la metodología de evaluación. Para monitorear el avance del objetivo y lineamientos de esta Política, se creará un Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, que permitirá en el largo plazo, realizar una evaluación de sus avances.
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20 De acuerdo a lo señalado por el artículo 20 bis de la Ley Nº 19.175, el cual fue introducido por la ley N° 21.074.
21 Según lo señalado en la Ley 21.074, a este respecto, las funciones generales y de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, incluidas aquellas que se ejerzan en virtud de una transferencia de competencia, deberán ser ejercidas por el Gobierno Regional en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministerio respectivo velar por aquello.
PARTE 5. ANEXOS
Anexo A: Proceso de elaboración
Dada la existencia de diagnósticos sectoriales que no lograban abarcar el problema en su conjunto, en 2012 se conformó un "Comité Técnico Interministerial" para la elaboración de la PNDR, coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante "Subdere"), liderado por el Ministerio de Agricultura, y con la participación de representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio del Medio Ambiente, cuyo resultado se dio a conocer en 2014.
El proceso de elaboración de la actual Política consideró diversos análisis y propuestas, destacando los siguientes hitos dentro del proceso:
. Estudio "National Rural Policy Review of Chile" solicitado por la Subdere a la OCDE. Las actividades desarrolladas por ambos equipos -OCDE y Comité-, se llevaron a cabo en forma paralela e integrada de manera de nutrir ambos procesos. El estudio se transformó en un diagnóstico acabado del sector y un referente para las propuestas de esta Política.
. Talleres regionales que se realizaron en todas las regiones del país, cuya finalidad fue desarrollar actividades de diálogo y análisis con los actores sociales, políticos, técnicos y académicos de cada una de estas, invitándolos a exponer visiones, intereses, obstáculos y necesidades, de forma de visualizar las demandas y desafíos para el desarrollo rural de cada región y lograr una propuesta de real alcance nacional.
. Seminario "Nuestro Chile Rural: desafíos de una estrategia" organizado por el Ministerio de Agricultura en mayo de 2013, donde se discutieron los alcances de una posible Política Nacional con profesionales, políticos, alcaldes y técnicos de los distintos ámbitos involucrados.
. Talleres de expertos con un grupo de 18 profesionales y académicos de diversas instituciones y universidades, quienes intercambiaron conocimientos y experiencias en materias asociadas a la construcción de la Política en los diferentes ámbitos del desarrollo rural, entregando sus visiones sobre los distintos escenarios y tendencias del Chile Rural.
. Talleres sectoriales en los que participaron representantes de 23 ministerios e instituciones públicas, aportando desde los quehaceres sectoriales su visión sobre los desafíos del desarrollo rural. De esta forma la propuesta cuenta con una gran amplitud, alcance y validación multisectorial.
. Entre los años 2014 y 2016 la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio revisa y aprueba una nueva versión de la PNDR.
. A mediados de 2018 se recogieron los aportes realizados por las organizaciones campesinas a través de la recepción de su "Propuesta de Ley para el Desarrollo Rural Sostenible e Inclusivo" y del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura, relevando, entre otros, el rol de las mujeres rurales y profundizando sobre los efectos del cambio climático.
. En octubre de 2018 el Ministerio de Agricultura crea el Departamento de Desarrollo Rural en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), con el fin de coordinar la implementación de la PNDR.
. Revisión intersectorial de la PNDR y adecuación al escenario introducido por la Ley Nº21.074, realizada por parte de la Comicivyt, que tiene la facultad de proponer para aprobación del Presidente de la República las políticas nacionales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo rural, la cual consolidó una propuesta final de la PNDR, en coherencia con el nuevo marco institucional y normativo.
. A fines de 2019 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Alcaldes de Comunas Rurales en conjunto con la Asociación de Alcaldes Rurales de la Región Metropolitana.
Anexo B: Metodología OCDE para definir ruralidad
La PNDR acoge la recomendación de la OCDE y entiende por "territorio rural" aquel que se genera por la dinámica de las interrelaciones entre las personas, la actividad económica y los recursos naturales, caracterizado principalmente por su poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 (hab./km²), con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y de referencia es la comuna. Para clasificar las comunas de Chile, se realiza un análisis de la densidad de población a nivel de distrito censal(22) y luego se agrega a nivel de comuna, proponiéndose tres categorías:
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22 El distrito censal es unidad básica al interior de la comuna utilizada por INE con fines estadísticos.
. Comuna predominantemente rural: donde el 50% o más de la población vive en distritos censales de menos de 150 habitantes por km², con un máximo de 50.000 habitantes.
. Comuna mixta: donde entre el 25% y el 50% de su población vive en distritos censales de menos de 150 habitantes por km², con un máximo de 100.000 habitantes.
. Comuna predominantemente urbana: donde el 25% o menos de la población, vive en distritos censales de menos de 150 habitantes por km², con un mínimo de 50.000 habitantes. Se incorporan a esta categoría, además del criterio de población máxima, las comunas que son capitales regionales.
Anexo C: Glosario
Actividad Económica: aquellas actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades humanas en un período de tiempo (Términos Económicos de Uso Habitual. Ed. Universitaria).
Amenaza: evento físico y/o natural, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales (Oficina Nacional de Emergencia -"ONEMI''-, Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016).
Biodiversidad: es la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas (Definición del artículo 2 literal a), de la ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente).
Comuna: es la mínima unidad de la división política administrativa.
Desarrollo Sostenible: es aquel que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras, procurando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Ecosistemas: es una unidad integrada por todos los seres vivos que pueblan un medio físico determinado, y por la interacción de este medio con esos organismos y de estos entre sí.
Gobernanza: se refiere al sistema de valores, políticas e instituciones por medio de las cuales una sociedad administra sus asuntos económicos, políticos y sociales a través de interacciones dentro del Estado, y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Es el modo en que una sociedad se organiza para tomar e implementar decisiones logrando un entendimiento, acuerdo y acción mutuos.
Infraestructura Estratégica: comprende los elementos físicos y operacionales, equipamientos, conexiones y redes, que tienen por propósito resguardar los sistemas y servicios que son esenciales para el funcionamiento del país en su integridad y en sus relaciones exteriores.
Multiculturalidad: la convivencia y sus relaciones de diversas culturas en un territorio.
Ordenamiento Territorial: proceso técnico-político que orienta la toma de decisiones para la organización y expresión espacial de una visión de desarrollo del territorio, permitiendo: la definición y orientación de la ocupación del territorio con su organización temporal y espacial; y la definición de un conjunto de reglas y orientaciones para compatibilizar la relación entre desarrollo económico; junto con propiciar la articulación entre políticas, planes y programas.
Paisaje: expresión visual en el territorio del conjunto de relaciones derivadas de la interacción de determinados atributos naturales y/o humanos. El paisaje constituye una modalidad de lectura del territorio, establecida a partir de los recursos perceptivos y subjetivos del ser humano sobre esos atributos.
Pasivos Ambientales: es aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo para el ambiente y la calidad de vida de las personas.
Patrimonio Cultural y Natural: es todo elemento o conjunto de elementos tangibles o intangibles cuya imagen hace que la comunidad le asigne o reconozca en él o ella un valor más allá de su valor concreto y cuantificable.
Política Nacional de Desarrollo Urbano ("PNDR"): es el marco que orienta la acción del Estado con el objetivo de generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas que habitan las áreas urbanas, entendida no solo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas, sino también en términos subjetivos asociados a la dimensión humana y relaciones entre las personas.
Política Nacional de Ordenamiento Territorial ("PNOT"): es el marco que orienta la acción del Estado y de los actores privados y la sociedad civil a nivel nacional con el propósito de avanzar en la configuración de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia geografía, y de impulsar un proceso de desarrollo sustentable que integre las dimensiones sociales, económicas y ambientales, con identidad territorial.
Recursos Naturales: los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o interés espirituales, culturales, sociales y económicos.
Relación funcional: frecuencia de interacciones económicas y sociales entre los habitantes de un territorio, sus organizaciones y sus empresas.
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de muerte, lesiones y daños ambientales, sociales y económicos, en un territorio expuesto a amenazas de origen natural o antrópicas, durante un tiempo determinado. El riesgo de desastres es consecuencia de la interacción entre los factores de amenaza, vulnerabilidad y exposición.
Servicio Ecosistémico: contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano.
Territorio rural: aquel que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes/km² con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Felipe Ward Edwards, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Esteban Carrasco Zambrano, Ministro de Economía, Fomento y Turismo (S).- Sebastián Sichel Ramírez, Ministro de Desarrollo Social y Familia.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de Obras Públicas.- Cristián Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura.- Baldo Prokurica Prokurica, Ministro de Minería.- Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.- Julio Isamit Díaz, Ministro de Bienes Nacionales.- Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro de Energía.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Juan Francisco Galli Basili, Subsecretario del Interior.