Ley
19234
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTABLECE BENEFICIOS PREVISIONALES POR GRACIA PARA PERSONAS EXONERADAS POR MOTIVOS POLITICOS EN LAPSO QUE INDICA Y AUTORIZA AL INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL PARA TRANSIGIR EXTRAJUDICIALMENTE EN SITUACIONES QUE SEÑALA
Exonerados Políticos
Beneficios Previsionales
Ley no. 19.234
Diario Oficial
34639
ESTABLECE BENEFICIOS PREVISIONALES POR GRACIA PARA
PERSONAS EXONERADAS POR MOTIVOS POLITICOS EN LAPSO QUE
INDICA Y AUTORIZA AL INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
PARA TRANSIGIR EXTRAJUDICIALMENTE EN SITUACIONES QUE SEÑALA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de Ley:
"Artículo 1°.- Sin perjuicio de sus atribuciones para
transigir judicialmente, facúltase al Director del
Instituto de Normalización Previsional para que transija
extrajudicialmente con las personas que se encuentren en la
situación que en esta Ley se indica, a fin de precaver
litigios eventuales relacionados con la pretensión de los
interesados que se declare la obligación de dicho
Instituto, de otorgar pensiones de jubilación por causa de
expiración obligada de funciones, de acuerdo con las
disposiciones legales que se indican en el artículo 2°.
1
Artículo 2°.- Estas transacciones extrajudiciales se
sujetarán a los términos, requisitos y condiciones que se
establecen en los números siguientes:
1.- Podrán convenir en estas transacciones
extrajudiciales los ex funcionarios de la Administración
Pública, centralizada o descentralizada, de las
instituciones semifiscales y de administración autónoma, y
de las empresas autónomas del Estado, cuyos derechos
previsionales hayan estado regidos por el decreto con fuerza
de ley N° 338, de 1960, el artículo 1° de la ley N°
6.606 y sus modificaciones y el artículo 12 del decreto ley
N° 2.448, de 1979, que hayan cesado en sus funciones en los
períodos que se indican, por acto de autoridad y por causa
ajena a hecho o culpa del trabajador, que a la fecha de
presentación de la solicitud respectiva no se encuentren
afiliados al nuevo sistema de pensiones establecido en el
decreto ley N° 3.500, de 1980, y que, además, cumplan con
los siguientes períodos de servicios o de afiliación
computable para la jubilación:
a) Los ex funcionarios regidos por el decreto con fuerza
de ley N° 338, de 1960, cuyo término de funciones se haya
producido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 8 de
febrero de 1979, que a la fecha de la separación de su
empleo hayan cumplido quince o más años de servicios o de
afiliación computable para la jubilación; y aquellos cuya
cesación en funciones se haya producido entre el 9 de
febrero de 1979 y el 10 de marzo de 1990, que a la fecha de
su cesación en funciones hayan cumplido veinte o más años
de servicios o de afiliación computable;
b) Los ex funcionarios regidos por la ley N° 6.606 y
sus modificaciones, cuya cesación de funciones se haya
producido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 14 de
diciembre de 1978, siempre que hayan tenido a la fecha de la
cesación quince o más años de servicios o de afiliacion
computables para la jubilación; y aquellos cuya cesación
en el cargo se hubiera producido entre el 15 de diciembre de
1978 y el 10 de marzo de 1990 siempre que hayan tenido
veinte o más años de servicios o de afiliación
computable, y
c) Los ex trabajadores de las instituciones o empresas
indicadas en la letra precedente, que al momento de su
cesación se hubieran encontrado regidos por el decreto ley
N° 2.200, de 1978, que hubieran cesado por desahucio del
contrato dado por el empleador, entre el 15 de diciembre de
1978 y el 27 de diciembre de 1985, y que acrediten 20 o más
años de servicios o de afiliación computable al momento de
la cesación en funciones.
2.- En virtud de la transacción, el Instituto de
Normalización Previsional se obligará a decretar el
otorgamiento del derecho de jubilación por la causal
indicada, a contar del día primero del primer mes del
trienio que anteceda al día de la presentación en el
Instituto de la solicitud de acogimiento a la transacción
que autoriza esta ley.
3.- Las respectivas mensualidades de la pensión se
empezarán a devengar desde la fecha indicada en el decreto
o resolución respectiva, en conformidad con lo que dispone
el número que antecede.
4.- El monto de la pensión se determinará
considerando:
a) El sueldo base de pensión que corresponda conforme
con la legislación vigente en la época en que se produjo
la referida cesación de funciones;
b) El porcentaje o parte de dicho sueldo base a que haya
lugar según los años de servicios o de afiliación
computable que registre el interesado, de acuerdo con la
legislación aplicable en cada caso en el momento de
cesación en funciones;
c) El monto así determinado se reajustará,
reliquidará o revalorizará, según corresponda, de acuerdo
con las normas vigentes que sobre la matería resulten
aplicables a las pensiones, en el período comprendido entre
la fecha de cesación en funciones y la fecha desde la cual
se empezará a devengar la respectiva pensión;
d) Las mensualidades que por concepto de aplicación de
las normas que anteceden adeude el Instituto de
Normalización Previsional se reajustarán adicionalmente
conforme con la variación experimentada por el Indice de
Precios al Consumidor que fija el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes que antecede a la fecha en que
se devengó la respectiva mensualidad y el mes que antecede
a la de su pago, sin intereses.
5.- Las pensiones correspondientes a los tres años que
anteceden a la fecha de acogimiento a la transacción, se
pagarán en 36 mensualidades a partir de esa fecha.
6.- Mediante la transacción a que se refiere este
artículo, se precave el respectivo litigio, y el interesado
que la acuerde se dará por plenamente satisfecho en sus
derechos y deberá renunciar a toda acción que pudiere
corresponderle por causa de su expiración obligada de
funciones.
7.- Los interesados a que se refiere este artículo, que
deseen convenir en la transacción indicada, manifestarán
su voluntad de transigir en conformidad con esta
disposición, mediante declaración escrita que deberán
presentar ante el Instituto de Normalización Previsional,
en el término de seis meses contado desde la fecha de
vigencia de la presente ley.
8.- La respectiva transacción se entenderá acordada
con dicha manifestación de voluntad y con la respectiva
resolución del instituto y se entenderá como fecha de la
transacción la de presentación de la solicitud. No se
aplicará a dicha transacción, lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 4° del decreto ley N° 49, de 1973,
modificado por el decreto ley N° 3.536, de 1981.
9.- La pensión que se otorgue de acuerdo con este
artículo estará sujeta a todas las cotizaciones y
descuentos que establecen las leyes respecto de las
pensiones del régimen previsional a que estaba afecto el
interesado a la fecha de la exoneración.
10.- Formalizada que sea la transacción, el Instituto
procederá a decretar la respectiva pensión de jubilación
de conformidad a la ley y a los téminos del contrato de
transacción regulados en este artículo.
2
Artículo 3°.- Los ex funcionarios de la
Administración Pública centralizada y descentralizada, de
las instituciones semifiscales y de administración
autónoma, y de las empresas autónomas del Estado, de las
Municipalidades, de las Universidades del Estado, del Banco
Central de Chile, del Congreso Nacional, parlamentarios en
ejercicio al 11 de septiembre de 1973, que no estén en
ejercicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, y del Poder Judicial, que hayan sido exonerados por
motivos políticos, durante el lapso comprendido entre el 11
de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tendrán
derecho a solicitar del Presidente de la República, por
intermedio del Ministerio del Interior, los abonos de años
de afiliación y los beneficios de pensiones no
contributivas, por gracia, que se autorizan en los
artículos siguientes.
En el concepto de empresas autónomas del Estado a que
se refiere el inciso anterior, se entenderán incluidas las
empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren
tenido una participación directa superior al 50% del
capital a la fecha de la respectiva exoneración.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero,
se entenderán incluidos los ex trabajadores de las empresas
privadas intervenidas por la Autoridad Pública o de
aquellas a las que ésta les hubiere puesto término, que
hubieran sido despedidos durante la intervención o con
ocasión del término de las mismas dispuesto por la
Autoridad.
Se entenderá por empresa privada intervenida aquella
en que por acto o decisión de la Autoridad Pública, por
sí o por delegado, asumió su administración, privando de
ella a sus propietarios o representantes legales.
3
Artículo 4°.- Los exonerados políticos a que se
refiere el artículo 3º, podrán obtener, por gracia, el
abono de 6, 4 ó 3 meses de cotizaciones o servicios
computables, según hayan sido exonerados en los lapsos
comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de
diciembre de 1973, entre el 1º de enero de 1974 y el 31 de
diciembre de 1976, o entre el 1º de enero de 1977 y el 10
de marzo de 1990, respectivamente, por cada año de
cotizaciones que tuvieren registradas a la fecha de la
exoneración, en cualquiera institución de previsión,
excluidas las que registren en el Sistema de Pensiones del
decreto ley Nº 3.500, de 1980, considerándose como año
completo la fracción superior a seis meses, con un límite
máximo de 54 meses de afiliación o servicios computables.
El número máximo de meses reconocidos por gracia no
podrá exceder, además, de aquellos en que el interesado
estuvo desafiliado de todo régimen previsional,
comprendidos en el período de los 54 meses siguientes a la
exoneración.
4
Artículo 5°.- El reconocimiento a que se refiere el
artículo anterior dará derecho, según corresponda, a los
siguientes beneficios:
1) Respecto de los interesados que hubieren permanecido
en el antiguo sistema de pensiones:
a) A que se agregue la nueva afiliación o cómputo de
años de servicios abonados por gracia, a la antigüedad
previsional acreditada para los efectos de obtener la
pensión que en derecho corresponda en el respectivo
régimen de pensiones, en caso que el interesado no hubiere
obtenido aún pensión; no obstante, dicho reconocimiento no
será útil para configurar la exigencia de 15 o 20 años de
servicios o de afiliación computables a que se refiere el
artículo 2°.
b) Si se hubieren pensionado, a que su pensión se
reliquide considerando el mayor tiempo abonado por gracia,
computando este último en la proporción que corresponda de
acuerdo con las normas legales que dentro del respectivo
régimen de pensiones sean aplicables. En este caso, la
reliquidación se aplicará a contar del día primero del
mes siguiente a aquel en que se presentó la solicitud de
abono por gracia. Igual reliquidación y a partir de la
misma fecha, podrá efectuarse respecto de las pensiones que
los exonerados políticos pudieren obtener en virtud de la
transacción extrajudicial que autoriza esta ley.
La referencia a las normas legales que dentro del
respectivo régimen de pensiones sean aplicables, a que
alude la letra b) precedente, debe entenderse hecha sólo
para los efectos de establecer la proporción en que debe
computarse la mayor afiliación que el abono de tiempo por
gracia representa. De consiguiente, la reliquidación
deberá practicarse considerando tantos treinta o treinta y
cinco avos por cada año de abono de tiempo por gracia o
fracción superior a seis meses, según corresponda, en
relación al respectivo régimen previsional del interesado,
calculándose el aumento correspondiente, sobre el monto de
pensión que el interesado haya tenido a la fecha de
solicitud del beneficio de abono. No obstante, cuando se
trate de abonar períodos inferiores a un año o a seis
meses en los regímenes en que dicho lapso equivale a un
año, dichos períodos se considerarán en la proporción
que representen respecto del total en treinta o treinta y
cinco avos.
El abono será útil para reliquidar todas las
pensiones determinadas sobre la base de años de servicios.
También, podrán computarse lapsos de afiliación no
considerados inicialmente en la determinación del beneficio
siempre que hubieran sido invocados por el interesado en su
solicitud de jubilación. No obstante, la consideración de
tales lapsos no hará variar la fecha a contar desde la cual
corresponde el pago de la reliquidación establecida en la
letra b) precedente. Por su parte, las pensiones que no
están determinadas sobre la base de años de servicios, se
incrementarán en un treinta avo del total de la pensión
percibida por el interesado a la fecha de la solicitud que
éste presentare para acogerse a los beneficios de esta ley,
por cada año de abono de tiempo de afiliación por gracia
que se le conceda.
2) Respecto de aquellos interesados que se hubieren
incorporado al Nuevo Sistema de Pensiones, a una
reliquidación del bono de reconocimiento emitido y no
cedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del
decreto ley N° 3.500, de 1980, o a la emisión de un bono
de reconocimiento complementario destinado a incrementar su
pensión conforme con las reglas de los incisos quinto y
sexto del artículo 69 del mismo cuerpo legal.
5
Artículo 5º bis.- Autorízase al Instituto de
Normalización Previsional para modificar o corregir, aun de
oficio, los bonos de reconocimiento de exonerados políticos
cuyo cálculo no se adecue a lo dispuesto en el artículo
4º transitorio del decreto ley Nº 3.500, de 1980.
5 BIS
Art�culo 6°.- Los exonerados políticos a que se
refiere el artículo 3°, que a la fecha de su exoneración
o despido tenían los períodos de afiliación computable
que más adelante se señalan en la respectiva institución
previsional del sistema antiguo de pensiones, y que al
momento de su cesación en funciones no hubieran causado
pensión, podrán solicitar al Presidente de la República,
por intermedio del Ministerio del Interior, que se declare
su derecho a obtener pensión, no contributiva, de invalidez
o de vejez, según corresponda, si con posterioridad a su
cesación en funciones, sea antes o después de la vigencia
de la presente ley, fueren declarados inválidos por el
hecho de encontrarse incapacitados física o mentalmente
para el desempeño de un empleo, a juicio de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud
correspondiente al domicilio del interesado, o que
alcanzaren la edad de 60 o 65 años, según si se tratare de
mujeres u hombres, respectivamente.
Para obtener pensiones de vejez o invalidez se
requerirá un lapso computable de diez años. Dicho lapso y
los demás que exija la presente ley para obtención de
pensiones no contributivas, deberán haber estado vigentes a
la fecha de la exoneración aun cuando no lo estén en la
actualidad. Sin embargo, en el caso de la invalidez, se
exigirá solamente el lapso computable que requiera el
régimen previsional a que estaba afecto el interesado a la
fecha de su exoneración.
INCISO SUPRIMIDO
No obstante lo establecido en el inciso primero,
también podrán solicitar la pensión no contributiva los
exonerados políticos que acrediten 15 o 20 años de
servicios o afiliación computable, con imposiciones, a la
fecha de la exoneración, según ésta haya ocurrido antes o
a contar del 9 de febrero de 1979.
INCISOS SUPRIMIDOS
La pensión se empezará a devengar a partir del día
primero del mes siguiente a aquel en que el beneficiario
presente la solicitud correspondiente invocando la
ocurrencia de alguna de las contingencias ya señaladas. No
obstante, tratándose de exonerados políticos del sector
público que reúnan los requisitos del artículo 2° de
esta ley, la pensión se devengará a contar del día
primero del primer mes del trienio que anteceda al día de
la presentación de la solicitud.
Cada una de las mensualidades de pensión
correspondientes a dicho trienio serán equivalentes al
monto que resulte de la aplicación del artículo 12 de esta
ley y de su Reglamento. El valor correspondiente a dichas
mensualidades se pagará en 36 cuotas mensuales iguales,las
que se reajustarán en las mismas oportunidades y
porcentajes en que se reajusten las pensiones del antiguo
sistema previsional.
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos
anteriores, para los efectos de completar el período
mínimo de afiliación o tiempo computable exigido para
obtener pensiones no contributivas conforme a este
artículo, los interesados podrán hacer valer el período
del servicio militar efectivo cualquiera sea su régimen
previsional. Asimismo y para el solo propósito señalado,
podrán hacer valer hasta el total del tiempo transcurrido
entre la fecha de la exoneración y el 10 de marzo de 1990,
excluidos los períodos en que se haya efectuado
imposiciones dentro de dicho lapso. Este beneficio tendrá
un tope del 80% del tiempo transcurrido entre la fecha de la
exoneración y el 10 de marzo de 1990, si ésta se produjo
entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973; y de
un 75% de dicho período, si se produjo entre el 1º de
enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990.
El tiempo señalado en el inciso anterior se podrá
hacer valer también para enterar el período mínimo de
afiliación exigido en el inciso primero del artículo 15 de
esta ley, para obtener pensiones no contributivas de
sobrevivencia.
6
Artículo 7°.- Para acreditar la calidad de exonerado
político a que se refieren los artículos 3° y, los
interesados deberán presentar una solicitud dirigida al
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio
del Interior, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de esta ley.
En dicha solicitud, indicarán las circunstancias de la
exoneración, especialmente las relativas a sus motivos
políticos, que se acreditarán en la forma que se indica en
los artículos siguientes, así como su situación
previsional en el momento de producirse la cesación en
funciones, todo en la forma que se indique en el reglamento
que, en uso de sus atribuciones, dicte el Presidente de la
República.
7
Artículo 8°.- Para los efectos de lo dispuesto en los
artículos 3° y siguientes de la presente ley, se
considerará como exonerados políticos a los ex
trabajadores a que dicho artículo se refiere y que en el
período allí mencionado hayan sido despedidos por causas
que se hubieran motivado en consideraciones de orden
político y que consten de algún modo fehaciente, tales
como el hecho de figuración del exonerado en decretos,
bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por
alguna autoridad civil o militar, como activista político o
como miembro de partidos políticos proscritos o declarados
en receso, o que hubieran sido privados de libertad, en
cualquier forma, fuere en calidad de prisioneros, retenidos,
detenidos, relegados o presos, en cárceles, prisiones,
regimientos, lugares especialmente habilitados para el
efecto, o en su propio domicilio, sea que estos hechos
resulten ser coetáneos, o inmediatamente anteriores o
posteriores a la exoneración.
Podrá también considerarse como exonerados políticos
a aquellos ex trabajadores a que se refiere el artículo
3°, que cesaron en sus servicios entre el 11 de septiembre
y el 31 de diciembre de 1973, respecto de los cuales conste
fehacientemente que, en dicho período, fueron exiliados o
privados de libertad en cualquiera de las formas indicadas
en el inciso precedente.
8
Artículo 9°.- Podrá admitirse, sin necesidad de
ninguna otra acreditación, que la exoneración tuvo motivos
políticos si ella ocurrió en el lapso comprendido entre el
11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.
En los demás casos, será materia de acreditación por
el interesado si la exoneración pudo o no tener motivos
políticos, para cuyo efecto se considerarán todos los
instrumentos públicos o auténticos disponibles, tales como
decretos, resoluciones, oficios, bandos u otros que den
cuenta de actos de la autoridad civil o militar, en que se
incluya al afectado en listas, nóminas, o en que de otro
modo se le individualice como participante en actividades
políticas o en movimientos o partidos de tal índole,
durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1990, o se considerarán aquellos
en que conste la privación de libertad del exonerado y por
similares motivos.
En caso de inexistencia, pérdida o destrucción de
dichos instrumentos que aparezca debidamente justificada,
podrá admitirse cualquier documento o instrumento que
constituya principio de prueba por escrito y que demuestre,
en forma fehaciente, la existencia de los móviles
políticos de la exoneración. Estos podrán complementarse
con informaciones sumarias de a lo menos tres testigos
contestes en los hechos de que se trate, la que será
igualmente materia de calificación privativa.
9
Artículo 10°.- La calificación a que se refiere el
artículo anterior será hecha en forma privativa por el
Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior, el que, una vez formada la convicción del
carácter político de la misma, resolverá también
privativamente, sobre el otorgamiento de los beneficios de
cargo fiscal que se autorizan en conformidad con los
artículos 3° y siguientes de la presente ley.
Efectuado que sea el abono por gracia de los períodos
de cotización a que se refiere el artículo 4°, o la
declaración del derecho a pensionarse conforme al artículo
6°, el Ministerio del Interior comunicará la resolución
correspondiente al Instituto de Normalización Previsional,
que registrará los abonos, o, en su caso, efectuará las
reliquidaciones de las pensiones, otorgará o reliquidará
los bonos de reconocimiento, conforme con lo que previenen
los artículos 5° y 6° de la presente ley.
10
Artículo 11°.- Asesorará al Presidente de la
República, para la calificación del carácter político de
la exoneración y el otorgamiento de los referidos
beneficios, la Comisión Especial a que se refiere el
artículo 7° de la ley N° 18.056.
Para el solo efecto de la aplicación de los artículos
3° y siguientes de la presente Ley, y en uso de la facultad
que le confiere el indicado artículo 7°, el Presidente de
la República podrá designar Comisiones regionales, a fin
de facilitar la asesoría que la ley autoriza.
11
Artículo 12°.- El Instituto de Normalización
Previsional, previa declaración de la calidad de exonerado
político por parte del Presidente de la República y
verificación de que se cumplen los demás requisitos
exigidos al efecto, determinará el monto de la pensión que
se otorgue en conformidad con el artículo 6°, aplicando
las normas legales que correspondan al régimen de pensiones
a que se hubiere encontrado afecto el interesado en el
momento de cesar en funciones.
No obstante, para determinar la pensión de los ex
trabajadores del sector público, excluidos los de las
empresas autónomas del Estado, deberán considerarse las
remuneraciones imponibles y computables para pensión a
marzo de 1990, o las del período anterior a ese mes que
proceda incluir en el sueldo base de pensión según el
respectivo sistema de cálculo, de acuerdo con la
legislación vigente a esa época, asignadas al grado al
cual habría sido asimilado el cargo que ocupaba el
trabajador a la fecha de la exoneración, más el porcentaje
del sueldo base correspondiente a la asignación de
antigüedad reconocida a dicha data.
En el caso de los ex trabajadores del sector privado y
de aquellos de las empresas autónomas del Estado, en el
sueldo base de pensión, que se determinará a marzo de
1990, según el respectivo sistema de cálculo, de acuerdo
con la legislación vigente a esa época, se considerarán
como remuneraciones imponibles, los valores correspondientes
al sueldo base del grado de la escala única de sueldos del
sector público a que sean asimiliados, vigentes en cada uno
de los meses a considerar. Para este efecto, se les
asignará el grado de la referida escala cuyo sueldo base a
la fecha de la exoneración sea el más cercano al promedio
de las remuneraciones de naturaleza imponible o subsidios
por incapacidad laboral devengados, en los tres meses
calendario anteriores a la fecha de la exoneración.
Tratándose de trabajadores despedidos entre el 11 de
septiembre y el 31 de diciembre de 1973, la respectiva
asimilación se efectuará al 1° de enero de 1974. En el
caso de los trabajadores recién citados y de aquellos
exonerados durante el mes de enero de 1974, para los efectos
de la asimilación, se considerará el promedio de las
remuneraciones de naturaleza imponible o subsidios por
incapacidad laboral devengados, en los meses de diciembre de
1972 y enero y febrero de 1973, aumentado en un 400%. En el
caso de los trabajadores exonerados entre 1° de febrero y
el 31 de marzo de 1974, el referido promedio deberá
determinarse sólo sobre la base de las remuneraciones de
naturaleza imponible o subsidios por incapacidad laboral,
correspondientes a los meses de enero de 1974 o de enero y
febrero de dicho año según proceda.
Respecto de los dirigentes sindicales, incluidos los
dirigentes de federaciones, confederaciones de sindicatos y
de la Central Unica de Trabajadores, exonerados por motivos
políticos, que a la fecha de su exoneración hubieren
tenido contrato vigente con la respectiva empresa, que no
registren imposiciones en alguno de los tres meses
calendario anteriores al cese de sus servicios, o en el
trimestre comprendido entre diciembre de 1972 y febrero de
1973 o en los meses de enero de 1974, o de enero y febrero
de dicho año, según el caso, para la determinación del
promedio a que se refiere el inciso anterior, se dividirán
las remuneraciones de naturaleza imponible o subsidios por
incapacidad laboral, por el tiempo a que ellas correspondan.
Si no registraren cotización alguna en los referidos tres
meses, el promedio se determinará sobre la base de las
remuneraciones de naturaleza imponible o subsidios de los
tres meses más próximos a aquéllos. En este último caso,
las remuneraciones que se incluyan en el promedio deberán
previamente reajustarse conforme a la viariación
experimentada por el Indice de Precios al Consumidor entre
el primer día del mes siguiente al que corresponden y el
último día del mes anteprecedente a la exoneración,
tratándose de dirigentes sindicales exonerados con
posterioridad al 31 de enero de 1974. En cambio, si la
exoneracióm ocurrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el
31 de enero de 1974, dicha actualización deberá efectuarse
hasta el útimo día del mes de septiembre de 1972 y luego
aumentarse el promedio actualizado en un 400%.
Para los efectos de la prueba de las remuneraciones de
los trabajadores a que se refieren los incisos precedentes,
se considerarán todos los documentos disponibles, tales
como liquidaciones de sueldos, certificados de empleadores,
finiquitos, desahucios, contratos de trabajo vigentes a la
fecha de exoneración y otros. Sin embargo, en caso de
inexistencia, pérdida, insuficiencia o destrucción de
dichos instrumentos, la remuneración se establecerá por
presunción en la forma y condiciones que señale el
reglamento. Igualmente se procederá respecto de aquellos
trabajadores que hayan cotizado por los topes imponibles de
la época, para acreditar una remuneración mayor.
Si se estableciera fehacientemente que a la fecha de
exoneración el interesado se encontraba en goce de un cargo
de inferior remuneración o categoría a aquel que
desempeñaba al 11 de septiembre de 1973, la asimilación
corresponderá efectuarla sobre la renta o el cargo que la
persona tenía a esta última fecha, aun cuando este cargo
no fuere de planta.
No procederá descontar el incremento dispuesto en el
artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto
de aquellos trabajdores de las empresas del sector privado y
de las empresas autónomas del Estado, exonerados con
anterioridad al 1° de marzo de 1981.
En el cálculo de las pensiones no contributivas a que
se refiere este artículo, tratándose de exonerados
políticos del sector público que reúnan los requisitos
del artículo 2° de esta ley, deberá considerarse el
tiempo con imposiciones y tiempo cumputable que registren a
la fecha de la exoneración, más el tiempo transcurrido
desde esta última data hasta el 10 de marzo de 1990.
Tratándose de exonerados del sector público, que
teniendo derecho a pensión no contibutiva no reúnan los
requisitos del artículo 2° de esta ley, y de exonerados
políticos del sector privado, en el cálculo de sus
pensiones se considerará el tiempo con imposiciones y
tiempo computable que registren a la fecha de la
exoneración más el 75% del tiempo transcurrido entre esta
última data y el 10 de marzo de 1990.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en
el cálculo del tiempo a computar posterior a la
exoneración, deberá excluirse el tiempo en que se hubiere
efectuado imposiciones en el nuevo sistema de pensiones del
decreto ley 3.500, de 1980.
Para los efectos de determinar el tiempo computable, no
se considerará el abono de tiempo por gracia a que se
refiere el artículo 4º, ni el período señalado en los
incisos sexto y séptimo del artículo 6º, salvo en lo
relativo al Servicio Militar.
El monto inicial de las pensiones no contributivas
será equivalente al valor que resulte de la aplicación de
las disposiciones anteriores, el que no podrá ser inferior
al sueldo base del grado 21º de la Escala Unica de Sueldos
del decreto ley Nº 249, de 1973, vigente al mes de abril de
1988 ($17.746). Dicho valor será reajustado en conformidad
con la variación experimentada por el Indice de Precios al
Consumidor desde el mes de abril de 1988 hasta el último
día del mes anterior al de la fecha de inicio de la
pensión.
Las pensiones iniciales así determinadas, no podrán
ser inferiores al monto de la pensión mínima a que se
refiere el artículo 26 de la ley N° 15.386, ni superiores
al límite máximo establecido en el artículo 25 de la ley
citada.
Las pensiones no contributivas a que se refiere este
artículo, estarán sujetas a todas las cotizaciones y
descuentos que establecen las leyes respecto de las
pensiones del régimen previsional, a que estaban afectos
los interesados a la fecha de la exoneración, y se
reajustarán en las mismas oportunidades y porcentajes en
que se reajusten las pensiones del antiguo sistema
previsional.
12
Artículo 13°.- Los exonerados políticos del sector
público que reúnan los requisitos para acogerse el
beneficio de transacción extrajudicial a que se refiere el
artículo 2° y a la pensión no contributiva establecida en
el artículo 6°, deberán optar por uno de estos
beneficios.
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Artículo 14°.- Respecto de los exonerados políticos
que impetren pensión no contributiva conforme a esta ley,
las imposiciones que registren en el antiguo sistema de
pensiones, entre la fecha de la exoneración y el 10 de
marzo de 1990, se entenderán consumidas en dicho beneficio
y, por ende, no serán útiles para configurar otros
beneficios.
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Artículo 15°.- Los exonerados políticos ya
fallecidos a la fecha de publicación de esta ley, o
aquellos que fallecieren con posterioridad y que a la data
de su exoneración hubieran reunido a lo menos diez años de
imposiciones computables para pensión, o que hubieran
alcanzado dicho mínimo considerando el período señalado
en los incisos sexto y séptimo del artículo 6º, causarán
pensiones de sobrevivencia no contributivas en conformidad a
las normas del régimen previsional al cual se encontraban
afectos a la data de la exoneración, y a las contenidas en
esta ley, en favor de aquellos causahabientes que a la
primera fecha indicada, o a la del fallecimiento si este
fuere posterior, habrían reunido los requisitos para ello.
En todo caso, para causar los beneficios a que se
refiere el inciso anterior será menester que la
calificación de exonerado político haya sido solicitada
por el causante o por sus causahabientes, según
corresponda, dentro del plazo contemplado en el artículo
7°.
Para el cálculo del tiempo computable para la
determinación de las pensiones, no se incluirá el período
posterior al fallecimiento del causante. Los beneficiarios
de las pensiones no contributivas a que se refiere el
artículo 6° causarán pensiones de sobrevivencia conforme
al régimen previsional al cual se encontraban afectos a la
fecha de la exoneración.
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Artículo 16°.- Las pensiones a que se refieren los
artículos 6º y 15 serán incompatibles con cualquiera otra
pensión proveniente de regímenes previsionales, que hayan
obtenido o a que puedan tener derecho los interesados, con
excepción de las concedidas conforme al decreto ley Nº
3.500, de 1980. Lo serán, igualmente, con el otorgamiento
de bonos de reconocimiento a que se refiere el citado
decreto ley. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de
opción a que hubiere lugar, entre dichos beneficios.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, la
pensión del artículo 6º será compatible con las
pensiones de sobrevivencia otorgadas por las instituciones
de previsión del régimen antiguo.
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Artículo 17°.- El gasto que origine la aplicación de
los artículos anteriores se financiará con cargo a los
recursos fiscales que se contemplen en el presupuesto del
Instituto de Normalización Previsional.
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Artículo 18°.- Los titulares de pensiones no
contributivas a que se refiere el artículo 6° y los de
pensiones de viudez otorgadas de acuerdo con el artículo
15, tendrán la calidad de beneficiarios de asignación
familiar por los causantes que pudieren invocar conforme al
decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social. Para tal efecto, el
Instituto de Normalización Previsional reconocerá y
pagará, en su caso, las asignaciones familiares que
correspondan.
Dichos titulares de pensiones pagadas por el Instituto
de Normalización Previsional, a contar de la fecha de
publicación de la presente ley, tendrán también la
calidad de causantes de asignación por muerte, conforme a
las normas del D.F.L. Nº 90, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, beneficio que se otorgará y
pagará por el aludido Instituto.
Lo dispuesto en el inciso primero, será aplicable a la
madre de los hijos naturales del causante que obtengan
pensión no contributiva de sobrevivencia de acuerdo con el
artículo 15.
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Artículo 19°.- Los ex empleados que estuvieron
afectos a los artículo 102 y siguientes del decreto con
fuerza de ley N° 338, de 1960, y que hubieran cesado en
servicios entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1990, por cualquier causa, y que no solicitaron
oportunamente el beneficio de desahucio, podrán impetrarlo
dentro de un plazo de veinticuatro meses contado desde la
vigencia de la presente ley.
Asimismo, podrán solicitar este beneficio las personas
indicadas en el inciso precedente, que no lo percibieron por
haber sido éste cobrado en forma indebida por terceros.
El Tesorero General de la República, por resolución
fundada, podrá disponer que se efectúen los pagos que
correspondan, cuando adquiera la convicción que éstos no
se hicieron a quienes hoy los impetran o a quienes
representaban legítimamente sus derechos, pudiendo para tal
fin solicitar informes o peritajes de otras autoridades
públicas.
Para los efectos de la fijación del monto del
desahucio, se considerarán los años de servicios durante
los cuales se hubiera cotizado al Fondo de Seguro Social a
que se refiere el artículo 103 del citado decreto con
fuerza de ley y sobre la base de la remuneración que, en
conformidad con ese cuerpo legal, es computable para dicho
beneficio. El monto será debidamente actualizado en
función de la variación experimentada por el Indice de
Precios al Consumidor que fija el Instituto Nacional de
estadísticas, entre el mes que antecede a la fecha en que
el beneficiario cesó en servicios y el que antecede a la
fecha de pago del desahucio, y se pagará con cargo a los
recursos destinados al financiamiento del referido
desahucio.
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Artículo 20°.- El personal de las Fuerzas Armadas, de
Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de
Chile a que se refieren los decretos con fuerza de ley Nº 1
(G) del Ministerio de Defensa Nacional y Nº 2 del
Ministerio del Interior, ambos de 1968, y el decreto con
fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Defensa Nacional, de
1980, y demás funcionarios afectos al régimen de
previsión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o
de la Dirección de Previsión de Carabineros, a quienes se
les hubiere dispuesto o concedido el retiro de dichas
entidades durante el lapso comprendido entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, por causas que
se hubieren motivado en el cambio institucional habido en el
país a contar de la primera fecha antes señalada o sus
causahabientes, podrán solicitar y obtener en la misma
forma y plazo que los restantes beneficiarios de esta ley,
los beneficios contemplados en los artículos 3º y
siguientes, incluso el establecido en el inciso séptimo del
artículo 12. Para ello será necesaria la calificación que
previamente realizará en forma privativa el Presidente de
la República, de acuerdo con esta ley, a través del
Ministerio del Interior, el que deberá recibir la
información pertinente del Ministerio de Defensa Nacional.
El abono de tiempo de afiliación por gracia que se
otorgue al personal señalado en el inciso precedente se
considerará, para los efectos derivados de la presente ley,
como tiempo efectivamente servido y cotizado afecto al
régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o
de la Dirección de Previsión de Carabineros, según
corresponda.
Para obtener la pensión no contributiva, el personal
antes referido deberá cumplir con el requisito de
afiliación de veinte años efectivos que según su régimen
previsional le es aplicable para obtener pensión de retiro,
la que se concederá por el Presidente de la República.
Para el solo efecto de enterar este requisito de afiliación
mínima, se considerará como tiempo efectivamente servido
el período indicado en los incisos sexto y séptimo del
artículo 6º.
Estas pensiones se considerarán como pensiones de
retiro para todos los fines legales, debiendo calcularse y
pagarse sobre la base de los años computables para pensión
y de acuerdo con el grado que el funcionario tenía a la
fecha de su exoneración o aquél al cual se encontraba
asimilado, fijándose su monto en relación con los valores
de la Escala de Sueldos de las Fuerzas Armadas vigente al 10
de marzo de 1990. El monto inicial de las pensiones no
contributivas será equivalente al valor que resulte de la
aplicación de las disposiciones anteriores reajustado en
conformidad a la variación experimentada por el Indice de
Precios al Consumidor desde el mes de marzo de 1990 hasta el
último día del mes anterior a la fecha de inicio de la
pensión.
Todos los beneficios antes referidos serán
determinados, fijados y concedidos por el Ministerio de
Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº
16.436, o por la Dirección General de Carabineros, y
pagados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o
la Dirección de Previsión de Carabineros, según proceda,
siendo financiados con cargo a los recursos fiscales que se
contemplen al efecto en los respectivos presupuestos de esas
entidades, los que se complementarán cada año con los
beneficios otorgados por esta ley. Todos los pagos que se
efectúen con cargo a este suplemento de recursos, deberán
efectuarse de inmediato. Para la determinación y cálculo
de las pensiones, deberán aplicarse las normas legales que
correspondan al régimen previsional a que se hubiere
encontrado afecto el interesado al momento de cesar sus
funciones entendiéndose que dicho cese se produjo el día
10 de marzo de 1990.
En el evento que el beneficio se traduzca en un
incremento del bono de reconocimiento, éste será calculado
por la entidad previsional respectiva de acuerdo con el
procedimiento que corresponda.
El personal a que se refieren los incisos precedentes,
que en virtud de los beneficios otorgados por esta ley,
acceda a pensiones de retiro o reliquidaciones de las mismas
en las respectivas cajas de previsión institucionales,
tendrá derecho a percibir el desahucio y demás beneficios
que correspondan, en los mismos términos que señalan las
leyes Nºs 18.948, 18.950 y 18.961, respectivamente, y
demás normas aplicables.
En aquellos casos en que los eventuales beneficiarios
no hubiesen efectuado imposiciones al fondo de desahucio,
las hubiesen retirado o sus porcentajes fueran inferiores a
los exigidos, deberán reintegrarse dichas diferencias y/o
montos al fondo referido, en sus valores históricos.
Las personas que no cumplan con los requisitos exigidos
para pensionarse en los términos antes señalados, podrán
solicitar y obtener pensión por años de servicio, vejez,
invalidez o sobrevivencia en la misma forma y condiciones
que el resto de los beneficiarios de esta ley,
considerándose para este fin que son funcionarios afectos
al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas. Para los efectos de determinar el sueldo base
de pensión, corresponderá dar aplicación al inciso
tercero del artículo 12 de la presente ley, de acuerdo con
la información que al efecto deberá proporcionar la
institución a que el interesado pertenecía a la fecha de
la exoneración.
Sin embargo, tratándose del personal que se encuentre
en la situación contemplada en el inciso precedente
corresponderá al Instituto de Normalización Previsional la
determinación y pago de los beneficios a que pueda tener
derecho, los que se financiarán para este efecto en la
forma contemplada en el artículo 17 de esta ley, sin
perjuicio de las concurrencias que corresponda hacer
efectivas.
Las pensiones que se otorguen en conformidad con este
artículo estarán sujetas a todas las cotizaciones y
descuentos que establecen las leyes respecto de las
pensiones del régimen previsional en que queden
incorporados los interesados y se incrementarán en las
mismas oportunidades y porcentajes en que éstas se
reajusten.
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Artículo 21.- Los exonerados políticos que soliciten
y obtengan su desafiliación del Nuevo Sistema de Pensiones
de acuerdo con la legislación vigente, pagarán la
diferencia de tasa que su traspaso haga necesario solamente
en su valor nominal, sin otros gravámenes.
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Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que
represente durante el año 1993 la aplicación de esta ley,
se financiará con trasferencias del ítem
50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del
presupuesto vigente.".
1
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.
Santiago, 5 de agosto de 1993.- PATRICIO AYLWIN AZOCAR,
Presidente de la República.- René Cortázar Sanz, Ministro
del Trabajo y Prevision Social.- Enrique Krauss Rusque,
Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Luis
Orlandini Molina, Subsecretario de Previsión Social.